Analizan impacto de tarifas del Puente Industrial seguido de confirmación de precios del telepeaje

La concesionaria Puente Industrial S.A. dio a conocer las tarifas de circulación que regirán durante lo que resta de 2025, paso previo a la entrada en vigencia del sistema de telepeaje Free Flow en el viaducto que une San Pedro de la Paz y Hualpén. Sin embargo, el anuncio no pasó inadvertido entre los gremios productivos del Biobío, donde el transporte de carga constituye un componente vital para la industria forestal, manufacturera y portuaria.

En primer lugar, el anuncio establece valores nominales que oscilan entre $221 para motocicletas y $3.685 para camiones con remolque, los cuales se aplicarán de manera automática a los vehículos con TAG habilitado, sin necesidad de detenerse ni efectuar pagos presenciales.

En el caso del “cobro por pasada”, el cual contempla el pago individual por cada tránsito sin TAG habilitado, la concesionaria aplicará un recargo uniforme del 20 % sobre la tarifa base. Esta modalidad, de carácter postpago, permitirá regularizar el viaje dentro de los 30 días posteriores a través de las plataformas habilitadas, aunque a un costo mayor que el peaje automatizado. En el caso del transporte de carga, los valores ascienden a $2.653 por camión y $4.422 por camión con remolque.

Por último, se establece el sistema de “pase diario”, destinado a quienes requieran múltiples tránsitos sin TAG en una misma jornada, que contempla costos mayores: $12.144 para camiones y $20.240 para los de doble eje. Este mecanismo entrega la ventaja de habilitar todos los cruces del día sin necesidad de pagar por cada pasada individual, permitiendo —al igual que el Cobro por Pasada— regularizar los tránsitos acumulados mediante un único desembolso en modalidad postpago.

A raíz de esto, desde la concesionaria, su líder comercial Ariel Arriagada destacó que el objetivo es entregar certeza y transparencia sobre los valores de 2025, precisando que el inicio del cobro aún depende de la autorización del Ministerio de Obras Públicas.

Reacción de gremios productivos

Pese a la claridad de la información entregada por la concesionaria y el MOP, la publicación de las tarifas abrió un nuevo frente de análisis entre los gremios productivos del Biobío. Aunque reconocen el valor estratégico del Puente Industrial para la conectividad del Gran Concepción, advierten que los niveles de cobro definidos podrían impactar la competitividad regional y tensionar las cadenas de suministro que articulan parte de la economía del sur del país.

Así lo señaló el presidente de la Federación de Dueños de Camiones del Sur (Fedesur), Carlos Bretti, quien reconoció que el gremio recibió con sorpresa los valores detallados en la publicación oficial. Su inquietud se centró especialmente en la existencia del “cobro por pasada”, que agrega un 20 % sobre la tarifa base para quienes transiten sin TAG.

“Conocíamos el valor del TAG, pero no teníamos internalizados estos recargos. La pasada de un camión va a ser siempre la misma; por lo tanto, no entendemos por qué se genera ese cobro adicional”, planteó.

Bretti advirtió que, aunque el incremento parezca acotado, su efecto se multiplica para quienes realizan varios trayectos diarios, como ocurre con los transportistas de contenedores y carga portuaria, lo que a su juicio “termina encareciendo la operación” y podría trasladarse a los costos de producción y materias primas. “No es un monto que los camioneros podamos absorber, y eso se transforma en un factor que tensiona el mercado del transporte”, señaló.

El dirigente enfatizó que el gremio buscará abrir un espacio de diálogo con el Estado, apuntando a esclarecer los fundamentos del recargo y su aplicación dentro del sistema de concesiones. “No se trata de oponerse al proyecto —que sin duda es necesario para la conectividad—, sino de entender por qué se grava de este modo a un sector que precisamente moviliza la producción regional”, explicó.

Bretti añadió que el panorama podría complejizarse en enero, cuando se apliquen los ajustes anuales por IPC que rigen en el sistema de concesiones. Explicó que, a diferencia de las autopistas, los transportistas no pueden indexar automáticamente esos incrementos en sus tarifas, ya que dependen de negociaciones privadas con sus mandantes.

“Mientras las concesionarias reajustan por ley, nosotros debemos negociar caso a caso, y muchas veces el cliente no acepta el alza”, advirtió. Según el dirigente, esta dinámica provoca una distorsión constante en el mercado del transporte de fletes, donde muchos operadores asumen los sobrecostos, lo que —a su juicio— demuestra la necesidad de una regulación más equilibrada.

Desde el ámbito forestal, el presidente del Departamento de Infraestructura y Logística de la Corporación Chilena de la Madera (Corma), Gonzalo Pelen, sostuvo que el gremio valora el sistema de concesiones como una herramienta que viabiliza proyectos de alto costo. En cuanto a las tarifas, reconoció que los montos “no son bajos”, aunque los consideró razonables en función de la inversión realizada, cercana a US$300 millones.

A su juicio, “esto no es solo pagar un peaje, también hay ahorros en eficiencia y productividad que deben ponerse en la balanza”, explicó.

Respecto al posible ajuste del peaje por IPC en enero, el dirigente advirtió que cualquier incremento “debe mantenerse dentro de rangos razonables”, ya que un alza excesiva podría desincentivar el uso de la infraestructura, especialmente entre los vehículos menores, afectando la rentabilidad del propio sistema concesionado. En ese sentido, enfatizó que la clave está en mantener tarifas competitivas, que aseguren tanto el financiamiento del proyecto como su utilización sostenida.

En adición, precisó que las empresas forestales asociadas a la corporación ya incorporan estos costos logísticos en sus presupuestos, por lo que se espera que el impacto inicial sea acotado y absorbible dentro de los márgenes operativos del rubro. “Mientras los valores se mantengan en niveles competitivos, el uso del puente será conveniente y necesario para la eficiencia del transporte forestal”, concluyó.

En paralelo, desde la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC Biobío), su gerente general, Ronald Ruf, señaló que el proyecto del Puente Industrial responde a una licitación pública que definió sus tarifas en el marco contractual correspondiente, por lo que —dijo— “se deben respetar los contratos y así permitir certeza a los inversionistas”.

Agregó que serán las propias empresas de transporte las que deberán evaluar la relación entre costo, eficiencia y disminución de riesgos que ofrece el uso del viaducto, destacando que su entrada en operación ya generó una baja en la congestión de la Ruta 160.

“Esperamos que el cobro del TAG no sea un impedimento para mantener la nueva normalidad en la conectividad del Biobío, porque contar con una infraestructura moderna y eficiente como el Puente Industrial representa un beneficio directo para las empresas y las personas”, sostuvo Ruf.

Asimismo, llamó a reforzar el diálogo público-privado en materia de tarifas y conectividad, considerando que el 90 % de las cargas portuarias del Biobío provienen de sectores productivos como el forestal, pesquero y agroalimentario.