Parlamentarios de la Región respaldan rebaja de contribuciones para adultos mayores

Una iniciativa del Ejecutivo busca aliviar la carga tributaria de los adultos mayores mediante una rebaja en el pago de contribuciones y una modificación al Fondo Común Municipal, junto con posponer el próximo proceso de reavalúo de bienes raíces.

El proyecto, que originalmente formaba parte de un paquete de medidas tributarias dirigidas a la clase media, fue separado por el Gobierno con el objetivo de acelerar su tramitación, dada la urgencia de responder a las alzas en el impuesto territorial que han afectado a un segmento importante de personas mayores.

La subsecretaria de Hacienda, Heidi Berner, explicó que la propuesta “busca beneficiar directamente a los adultos mayores, incorporando criterios de equidad territorial y posponiendo el reavalúo de bienes raíces mientras se esperan las conclusiones del panel de expertos”. La iniciativa, añadió, “también ajusta los aportes al Fondo Común Municipal para mantener la sustentabilidad de las finanzas locales”.

Beneficios y alcances

De acuerdo con cifras del Ministerio de Hacienda, actualmente 1.144.354 adultos mayores poseen inmuebles exentos del pago del impuesto territorial, mientras que 189.644 personas acceden a rebajas del 50% o 100% de sus contribuciones según su situación socioeconómica.

El nuevo proyecto permitiría incorporar a unos 80 mil adultos mayores adicionales, ajustando los criterios de cálculo del impuesto a los ingresos reales de cada beneficiario.

En la práctica, la propuesta establece que quienes tengan ingresos de hasta 13,5 Unidades Tributarias Anuales (UTA) y un avalúo fiscal superior al límite legal, pagarán un monto máximo equivalente al 5% de sus ingresos. En tanto, para aquellos con ingresos entre 13,5 y 30 UTA, la contribución será el valor menor entre el 50% del impuesto territorial normal y el 5% de sus ingresos.

Expertos valoran la medida, pero advierten limitaciones

Para el abogado Sebastián Benedetti, socio de CBC Abogados, la decisión del Gobierno “responde a una estrategia política ante las presiones por el alza del impuesto territorial”. A su juicio, “no se trata de una idea nueva, sino de una separación táctica de un proyecto más amplio”.

Benedetti explicó que la fórmula propuesta “beneficia principalmente a quienes, según la Ley del Impuesto a la Renta, se encuentran en el tramo exento o en el segundo tramo de ingresos”. Sin embargo, recalcó que “la cobertura es bastante focalizada, alrededor de 75 mil personas según Hacienda, lo que deja fuera a una parte importante de los contribuyentes afectados por las contribuciones”.

Por su parte, el abogado Álvaro Moraga, socio de Moraga & Cía., calificó la medida como “una corrección tardía a una injusticia que afecta hace años a los adultos mayores con viviendas que superan el umbral exento, pero que no cuentan con ingresos suficientes para pagar”.

“Es un paso positivo, afirmó, pero no una solución definitiva. Lo lógico sería eliminar las contribuciones para los adultos mayores, porque este es un impuesto al patrimonio y, en la práctica, significa pagar dos veces por un bien que ya tributó en su momento”.

Moraga también se refirió al impacto del proyecto en los municipios, señalando que “la postergación del reavalúo tiene efectos marginales, pero el punto de fondo es cómo se usan los recursos municipales”. A su juicio, “entregar más fondos a municipios sin fortalecer los mecanismos de fiscalización puede ser un error, porque hay comunas que han demostrado ineficiencia y falta de control en el gasto”.

Parlamentarios del Biobío: apoyo transversal, con matices

En el Congreso, la iniciativa generó reacciones positivas desde distintas bancadas, aunque con matices sobre su alcance y el momento político de su presentación.

El diputado Roberto Arroyo (Partido Social Cristiano) valoró la propuesta, señalando que “representa un acto de justicia con quienes han entregado toda una vida al país”. El parlamentario enfatizó que “reducir la carga de contribuciones va en la dirección correcta, pero el Gobierno debe acompañar esta política con mecanismos de compensación fiscal responsables, para que no se afecten los ingresos municipales ni los servicios que dependen de ellos”.

Desde una mirada crítica, la diputada Karen Medina (Indep-DC) sostuvo que la medida “llega tarde y responde más a un impulso de último momento que a una política planificada”. La parlamentaria advirtió que el universo beneficiado es acotado: “Se habla de unos 400 mil propietarios mayores, pero solo cerca de 200 mil quedarían exentos totalmente. El resto seguirá pagando, aunque no más del 5% de sus ingresos. Los adultos mayores esperaban dejar de pagar por completo, no una rebaja parcial”.

En una línea más conciliadora, el diputado Eric Aedo destacó que “toda iniciativa que mejore la calidad de vida de los chilenos debe ser respaldada”. A su juicio, el proyecto “establece un límite justo para el pago de contribuciones de las personas mayores y equilibra los aportes al Fondo Común Municipal, favoreciendo la equidad territorial sin poner en riesgo las finanzas del Estado”.

La diputada Joanna Pérez (Demócratas), en tanto, expresó su disposición a apoyar la propuesta, aunque cuestionó el momento y las prioridades del Gobierno. “Hoy se dan cuenta de un problema que arrastramos hace años, a pocos meses de su salida. Le daremos una tramitación expedita, pero no podemos ignorar el doble estándar: mientras anuncian este alivio, recortan programas de salud y cuidados para los adultos mayores”, señaló.

Pérez agregó que “es legítimo preguntarse si la iniciativa tiene un trasfondo electoral. Esperamos que no sea solo un eslogan de campaña, sino una medida efectiva y urgente”.

Finalmente, la diputada María Candelaria Acevedo (PC) defendió la propuesta del Ejecutivo, destacando que “apunta a aliviar la carga de quienes viven con pensiones bajas y muchas veces no alcanzan a llegar a fin de mes”. Subrayó además que “la medida permitirá que unas 76 mil personas mayores paguen menos contribuciones, sin afectar los recursos de los municipios, ya que se redistribuyen los aportes entre comunas de mayores y menores ingresos”.

“Es una propuesta equilibrada, afirmó Acevedo, que promueve la justicia tributaria y la equidad territorial, resguardando los presupuestos municipales y las políticas locales”.