Plan de Emergencia Habitacional: estudian futura adquisición de 24,8 hectáreas

Minvu afirmó que la participación de terrenos fiscales sigue siendo baja y que comunas como Talcahuano, Concepción y Tomé enfrentan mayores restricciones para nuevos proyectos.

En el marco del Plan de Emergencia Habitacional (PEH), la Región del Biobío ha emergido como uno de los principales referentes de éxito en la gestión gubernamental. A casi tres años de su inicio, la zona presenta avances inéditos en materia de vivienda. Sin embargo, como ocurre con otras políticas de cuantiosa envergadura, también enfrenta desafíos propios del territorio, particularmente en cuanto a cómo sostener dicho ritmo de progreso y qué modelo de ciudad se proyecta en el proceso.

Hoy, la discusión va más allá del cumplimiento de metas. Se centra en el propósito y la sostenibilidad de una política que busca perdurar más allá de la coyuntura actual. “Más allá de las cifras, cada proyecto habitacional entregado debe transformarse en un barrio consolidado, que permita el buen desarrollo de vida en comunidad”, señaló la seremi de Vivienda y Urbanismo, Claudia Toledo, subrayando que el plan no solo busca construir casas, sino “dar solución habitacional a las familias que lo necesitan”.

Con más de 23 mil 900 viviendas “entregadas o terminadas” hasta octubre, el Biobío se consolidó como la tercera región con mayor aporte al plan nacional, solo detrás de las regiones Metropolitana y de Valparaíso, y la única de las tres que ya superó su meta inicial. Según el Minvu, ello se traduce en un 126,7 % de cumplimiento, equivalente a casi el diez por ciento de la meta nacional. El nuevo objetivo regional apunta ahora a 25 mil unidades habitacionales al cierre del actual gobierno.

Desde la autoridad destacan que el desempeño se explica, en parte, por la disponibilidad previa de proyectos y terrenos, lo que permitió acelerar la ejecución. “El cumplimiento del PEH en Biobío nunca estuvo ligado directamente a la adquisición de suelo”, afirmó Toledo, recordando que la región contaba con un stock de iniciativas en distintos grados de avance. Esa ventaja inicial, sin embargo, abre un debate mayor sobre la planificación territorial y la gestión de suelo a futuro.

Gestión de suelo y desafíos de continuidad

Según datos del Minvu, entre 2023 y 2024 se logró la adquisición de 9,55 hectáreas de terrenos privados y la transferencia de 6,35 hectáreas de suelo fiscal dispuestas por el Ministerio de Bienes Nacionales (BBNN). En total, se suman 15,9 hectáreas con capacidad estimada para unas 2 mil 600 viviendas en comunas como Concepción, Lebu, Chiguayante, Hualpén, Talcahuano y Los Ángeles.

“La gestión de suelo ha tenido continuidad durante el presente año con el estudio de factibilidad para la futura adquisición de 24,8 hectáreas de terrenos privados en Penco, Talcahuano y Tomé, además de nuevas gestiones con BBNN para el traspaso de cerca de 24 hectáreas en Hualqui”, explicó la seremi, señalando que parte de esas superficies deberán trabajarse junto al municipio para maximizar su futura utilización habitacional.

Si bien la región muestra avances sostenidos en este ámbito, la cartera advierte que la participación de terrenos fiscales sigue siendo acotada, aunque ha permitido desarrollar proyectos “muy bien localizados” en Concepción y Lebu. Esta situación confirma que el desempeño regional convive con desafíos estructurales en zonas como Talcahuano, Concepción y Tomé, donde la disponibilidad de terrenos es cada vez más limitada.

En paralelo, el avance del plan ha puesto a prueba la capacidad técnica e institucional de los organismos públicos y privados que lo ejecutan. De acuerdo con la Ley 21.450, que regula la integración social y suelo en materia habitacional, el Minvu y los municipios deben asegurar que las viviendas se desarrollen con estándares de calidad en entornos integrados, coordinando servicios básicos.

En ese contexto, a las constructoras se les exige mantener ciertas directrices en un escenario de alta demanda, mientras los gobiernos locales enfrentan el reto de acompañar la inserción de nuevos conjuntos en zonas con infraestructura limitada.

Acerca de lo último, desde el Minvu subrayan que los proyectos priorizan terrenos con acceso a servicios, transporte y equipamiento, además del cumplimiento de las normas térmicas del Plan de Descontaminación Ambiental.

Una vez entregadas las viviendas, cada conjunto pasa por un proceso de postventa de cuatro meses y luego por la etapa de “Conformación del Nuevo Barrio”, de nueve meses, en la que Entidades Patrocinantes con equipos multidisciplinarios apoyan la gestión vecinal y el fortalecimiento comunitario. Este acompañamiento busca evitar el deterioro prematuro y asegurar que las nuevas urbanizaciones se consoliden como entornos sostenibles.

El debate sobre el futuro del PEH también ha llegado al Congreso. El Senado aprobó recientemente —por unanimidad— el proyecto que extiende su vigencia hasta 2029, dentro de la Ley sobre Gestión de Suelos para la Integración Social y Urbana, iniciativa que busca dar continuidad a una política concebida durante la actual administración. “La vivienda es un derecho y debe ser una política de Estado, transversal y que traspase los gobiernos de turno”, enfatizó la seremi Toledo.

“En ese sentido, independiente de nuestra meta al término del Gobierno, seguimos trabajando. Lo trascendente —agregó— es dar continuidad a una política que debe consolidarse como una tarea de Estado”.

Soluciones y mirada urbana

Mientras se destaca la eficiencia alcanzada en la región, desde el mundo académico surgen lecturas que invitan a mirar más allá del cumplimiento de metas. En contacto con Diario Concepción, el arquitecto y académico de la Universidad del Bío-Bío (UBB), Sergio Baeriswyl, indicó que el reto está en consolidar los logros del plan dentro de una planificación urbana que evite reproducir desigualdades territoriales.

Desde una mirada técnica, el urbanista planteó que los avances regionales deben leerse con cautela. A su juicio, el acceso al suelo sigue siendo una de las principales barreras para el desarrollo habitacional equilibrado, aun cuando la región logró sostener el plan sin depender mayormente de compras de terrenos.

“El acceso al suelo es uno de los principales problemas para la realización de conjuntos de vivienda. Sin embargo, el Estado cuenta con bastante suelo urbano y suburbano administrado por Bienes Nacionales, empresas públicas como ferrocarriles y fuerzas armadas, entre otros. El desafío para los programas de vivienda es lograr que dichas instituciones pongan a disposición estos suelos para fines habitacionales, gestión que en la actualidad es lamentable e inexplicablemente engorrosa”, advirtió.

Además, enfatizó que la localización de los proyectos resulta decisiva para garantizar integración social y calidad de vida. “Lo importante es asegurar la integración social, económica y urbana de estos conjuntos habitacionales, evitando a todo evento su emplazamiento en áreas sin servicios de transporte, áreas verdes, salud, educación y comercio local. Cuando estos conjuntos no cuentan con esta red de servicios, se reproduce la pobreza y marginación urbana”, sostuvo Baeriswyl, apuntando a la necesidad de planificar los nuevos barrios como parte de la ciudad y no como periferias desconectadas.

Respecto de la sostenibilidad del nuevo parque habitacional, el arquitecto plantea que el rol del Estado “debe ser asegurar la provisión de infraestructura de servicios, siendo lo prioritario el acceso al transporte público”, seguido por equipamientos de salud, educación y espacios públicos. En este punto —agrega—, los municipios “deben ser actores relevantes para gestionar la infraestructura necesaria”, junto con los ministerios sectoriales.

En cuanto al futuro del plan, Baeriswyl estima clave fortalecer el marco legal y la gestión interinstitucional para evitar que este quede como una respuesta de corto plazo. “Se debe aprobar la extensión de la vigencia de la Ley del Plan de Emergencia Habitacional, que finaliza en diciembre próximo. Es necesario mejorar las capacidades para sumar terrenos al Banco de Suelo del Minvu, allegando suelo de otras reparticiones públicas, y diversificar los programas habitacionales”, plantea.

Según Baeriswyl, la magnitud del déficit habitacional —estimado en torno a 640 mil viviendas a nivel nacional, según cifras oficiales— obliga a ampliar las modalidades de construcción y financiamiento. A juicio del arquitecto, “actualmente en Chile se construyen o subsidian alrededor de 65 mil viviendas al año, pero para revertir el déficit sería necesario llegar a unas 100 mil anuales, un desafío enorme para la política habitacional de los próximos años”, concluyó.