Nueva regulación fija por primera vez límites de emisión de olores en el sector pesquero

Este miércoles 17 de diciembre, el Ministerio del Medio Ambiente publicó en el Diario Oficial la Norma de Emisión de Olores para el Sector Pesquero, una nueva regulación que busca proteger la salud de las personas y mejorar la calidad de vida de las comunidades que conviven con actividades industriales en zonas costeras del país.

La normativa establece, por primera vez en Chile, límites de emisión de olor y exigencias de buenas prácticas operacionales para plantas de harina y aceite de pescado, así como para plantas de alimento para peces, abarcando un total de 32 instalaciones distribuidas a lo largo del territorio nacional.

Desde Coronel, el subsecretario del Medio Ambiente, Maximiliano Proaño, destacó que “la publicación de esta norma es una muestra más del compromiso de nuestro gobierno de mejorar la calidad de vida de las personas. Damos respuesta a una demanda histórica de las comunidades, estableciendo reglas claras, exigentes, pero viables de conseguir”.

La regulación fija estándares definidos en función de las capacidades de las tecnologías disponibles en Chile, asegurando que los niveles de emisión de olores sean medibles y controlables. En el caso de las fuentes existentes, deberán reducir sus emisiones de olor en un 70% en un plazo de cuatro años, o bien acreditar un impacto igual o inferior a 5 unidades de olor, medido como percentil 98. Para las nuevas instalaciones, se establece un límite más exigente de 3 unidades de olor. Asimismo, la norma incorpora exigencias de buenas prácticas operacionales como complemento a los límites de emisión.

La normativa entrará en vigencia el 17 de junio de 2026, seis meses después de su publicación en el Diario Oficial, y su cumplimiento será fiscalizado por la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA).

Vale mencionar que su elaboración se sustentó en estudios técnicos y económicos, levantamiento de información en terreno y un proceso de participación ciudadana que incluyó una consulta pública realizada entre febrero y mayo de 2023, en la que se recibieron 120 observaciones, y una posterior aprobación favorable por parte del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y el Cambio Climático en junio de 2024.

Se estima que la implementación de esta norma permitirá reducir de manera significativa las emisiones de olor actualmente existentes, mejorando la calidad de vida de aproximadamente 138 mil personas y “contribuyendo a disminuir una carga ambiental que ha afectado de manera desproporcionada a comunidades y grupos más vulnerables“.

El proceso regulatorio se inició en 2019, en el marco de los compromisos del Programa de Recuperación Ambiental y Social (PRAS) de Coronel, en la Región del Biobío, y de la Estrategia para la Gestión de Olores del Ministerio del Medio Ambiente, estableciendo un estándar aplicable a todas las comunas del país donde se ubican estas fuentes emisoras.