Ley de Incendios: municipios del Biobío reiteran necesidad al Congreso de despachar proyecto

Más de 1 año lleva en el Senado -y cerca de 2 años en total en el Congreso Nacional- el proyecto de ley que busca regular la prevención de incendios forestales y rurales.

Actualmente, el país no cuenta con una normativa que establezca medidas estructurales y focalizadas frente a estos eventos, como los del verano de 2023 y la tragedia en Viña del Mar de 2024.
En marzo de 2025, luego de pasar por la Cámara de Diputadas y Diputados y por la Comisión de Agricultura del Senado, la iniciativa llegó hasta la Comisión de Hacienda de la Cámara Alta, presidida por la senadora Ximena Rincón, instancia donde aún se encuentra hasta el día de hoy.

En esa línea, la Asociación de Municipalidades de la Región del Biobío (Amrbb) ha reiterado la urgencia de que se pueda despachar de cara a la temporada de siniestros 2025-2026, haciendo énfasis, principalmente, en la necesidad de contar con la normativa para una mayor preparación frente a los siniestros.

“La urgencia de contar con una ley de incendios responde a la necesidad de fortalecer de mejor manera puntos claves, tales como: la prevención, preparación y respuesta frente a incendios forestales, que cada año afectan con mayor intensidad a nuestros territorios”, señaló Ricardo Fuentes, presidente de la Amrbb y alcalde de Hualqui.

De acuerdo al alcalde, para las municipalidades contar con esta ley permitiría “tener reglas claras para la gestión de riesgo de desastres a nivel local. Me refiero a financiamiento permanente y mejor coordinación interinstitucional, para así entregar certezas para planificar acciones preventivas durante todo el año, y no sólo reaccionar en contextos de emergencia, protegiendo así a nuestras vecinas y vecinos, el medio ambiente y la infraestructura crítica”.

Bajo el mismo contexto, Fuentes indicó que, en materia de prevención, la coordinación entre municipios ha sido fundamental a lo largo de los años y se ha ido fortaleciendo progresivamente, especialmente a través del trabajo asociativo. “Hemos avanzado en el intercambio de información, en la articulación de planes preventivos, en capacitaciones conjuntas y en la coordinación operativa durante las emergencias, sumando a Bomberos, Conaf y las instituciones de Gobierno, tanto a nivel nacional como regional”, dijo.

“Mantener un trabajo coordinado permite optimizar recursos, actuar de manera más oportuna y dar respuestas concretas a las comunidades en general”, cerró el presidente de la Asociación de Municipalidades de la Región del Biobío.

La ley

Vale recordar que el proyecto presentado por el Ministerio de Agricultura junto al Ministerio de Vivienda y Urbanismo, en octubre de 2023, busca en materia de incendios, fortalecer la estrategia de prevención, poniendo énfasis en la coordinación entre municipios, comunidades, propietarios y empresas forestales. Sumado a aquello, establece sanciones más estrictas para quemas ilegales o negligentes.

De acuerdo a lo señalado desde el Ejecutivo, la idea reconoce a la prevención como una prioridad y que la respuesta a la emergencia no puede seguir siendo solo reacción. En esa línea, se proponen medidas concretas como cortafuegos, participación de las comunidades organizadas, nuevos planes de manejo, coordinación con Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) y el sector privado. Además, suma la colaboración de pequeños propietarios de terrenos.

Riesgos Biobío

Cabe recordar que en el análisis realizado en el marco del Mapa de Riesgo, dado a conocer en abril del año en curso, se destaca que la Región del Biobío posee la mayor superficie con amenaza en la categoría muy alta, equivalente a un 6,5% de su territorio (156.270 ha), concentrada mayoritariamente en el Gran Concepción, Arauco, Lebu y Curanilahue; es seguida por la Región de Valparaíso con un 4,7% de su territorio (75.556 ha) en esta categoría, focalizada mayoritariamente en el Gran Valparaíso, y las comunas de La Ligua, Casablanca y San Antonio.

Esto mientras que en tercer lugar se encuentra la Región Metropolitana, cuya superficie en condición de amenaza muy alta corresponde a un 4,5% (69.323 ha), la cual se encuentra mayormente representada en los territorios que circundan a la ciudad de Santiago, y las comunas de Melipilla, Curacaví y Alhué.