Ley de “Amarre”: Anef pide diferenciar a quienes cumplan “rol de Estado” con el “rol de Gobierno”

La polémica en torno al reajuste acordado por el Gobierno con parte de la Mesa del Sector Público sigue en curso. Más allá del guarismo —un aumento salarial nominal de 3,4%—, el foco del debate se ha concentrado principalmente en el artículo 14 del protocolo de acuerdo difundido por el Ejecutivo, el cual, a juicio de la oposición, constituye una maniobra para “amarrar” a funcionarios afines a la actual administración.

Cabe precisar, dentro de aquel contexto, que, de acuerdo a cifras entregadas por la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (Anef) son alrededor de 11 mil los funcionarios que llevan menos de 5 años trabajando en el Estado.

Acuerdo

En concreto, la norma establece que la no renovación de contratas —o su renovación bajo condiciones distintas— en subsecretarías, servicios públicos dependientes de los ministerios, delegaciones presidenciales, universidades estatales y municipalidades sólo podrá realizarse mediante un “acto administrativo fundado, con hechos y fundamentos de derecho”, el cual deberá estar “sustentado en criterios objetivos y acreditables”. La disposición enfatiza que “no bastará la mera referencia formal a necesidades del servicio sin respaldo fáctico y específico”.

Asimismo, el acto deberá ser “notificado íntegramente”, con “a lo menos 30 días de anticipación a la fecha en que produzca efectos”, conforme al artículo 46 de la Ley N° 19.880, y la autoridad deberá “otorgar facilidades para el goce del feriado legal cuando corresponda”. Dichas resoluciones, agrega el texto, deberán ser “remitidas a la Contraloría General de la República para su registro”.

El acuerdo también dispone que los funcionarios con “al menos dos años de servicios continuos” podrán “reclamar por vicios de legalidad” ante la Contraloría en caso de no renovación de su designación o de una renovación en condiciones distintas. El órgano contralor indica, “solo podrá abstenerse de resolver dichas reclamaciones” si el interesado ha interpuesto acciones judiciales “en virtud de los mismos hechos”.

En cuanto a sus efectos, la disposición advierte que “el incumplimiento de las exigencias de fundamentación y procedimiento dejará sin efecto el acto”, debiendo “reincorporarse al funcionario y pagarse íntegramente las remuneraciones por el tiempo de separación”. En caso de existir fuero laboral, se señala que “se aplicará la normativa vigente”.

Finalmente, el artículo precisa que esta regulación será “sin perjuicio de las causales de cese de funciones” contempladas en la legislación actual, así como de “otras establecidas en leyes especiales”.

Desde la Anef, a través de su presidenta regional y directora nacional, Lorena Lobos, quienes no firmaron el acuerdo por encontrar insuficiente la propuesta del Gobierno, señalaron que el debate se ha “sobredimensionado” en virtud de “lo extraído y lo dicho en el protocolo que más bien sólo recoge el criterio y la opinión jurídica de las Cortes, del antiguo contralor Jorge Bermúdez, en virtud de la permanencia de un funcionario de Estado en la administración pública no podía ser sacado así como así”.

De acuerdo a Lorena Lobos, existe un instructivo de Hacienda que establece las orientaciones de los procesos de no renovación de contratos y que “nosotros lamentablemente todos los años y sobre todo cuando hay cambio de gobierno, nos vemos vulnerados. Y no es algo que se le ocurre a los dirigentes, ni es algo que se le ocurre al gobierno de turno, sino que más bien este protocolo ya tiene cierta tradición, recoge lo normado en el estatuto administrativo, lo normado en la justicia y la experiencia de estas no renovaciones de contrata cuando también se han hecho mal”.

En la misma línea, según la directora de la Anef, las desvinculaciones no debidamente justificadas “como consecuencia, al Estado también le traen un costo porque implica pago de demandas, de indemnizaciones y de reintegro de funcionarios que en seis meses, por ejemplo, fueron desvinculados, pasaron seis meses y que los tienen que incorporar y les tienen que pagar todo lo adeudado sin que hayan cumplido funciones”.

En torno al mismo debate, Lobos plantea que es necesario que se haga una separación definitiva entre quienes cumplen un “rol de Estado” con un “rol de Gobierno”, junto con establecer una cuota definida por ministerio para incorporar personas en la segundo clasificación

“Es cierto que da cuenta de la intención que hemos tenido los trabajadores de Estado por muchísimos años, de que se haga una separación definitiva en los que cumplimos un rol de Estado y los que cumplen un rol de gobierno, y que se estableciese una cuota por ministerio para ingreso de ese personal de gobierno, llámese gabinete. Entiendo cómo funciona el gobierno y cuáles son sus tareas, también nosotros entendemos que ellos puedan hacer las observaciones, las indicaciones que estimen pertinentes y nosotros estamos disponibles al diálogo”, señaló.

Para graficar la situación, Lobos precisó que, de acuerdo al último informe de la Dirección de Presupuestos (Dipres), “serían alrededor de 11 mil los funcionarios que tendrían menos de cinco años en el Estado”.

Debate

A raíz del acuerdo, los diputados UDI, Jorge Alessandri y Guillermo Ramírez, anunciaron una acusación constitucional en contra del ministro de Hacienda, Nicolás Grau, por el indicado “amarre” en el proyecto de reajuste del sector público.

Sobre aquello, y considerando que la propuesta aún debe pasar por el Congreso Nacional, la diputada Joanna Pérez (Demócratas) aseveró que “si bien esta es una acción desesperada del Gobierno para mantener a sus amigos en los cargos, creo que no dan los argumentos para una acusación constitucional. Pero, no por ello vamos a dejar de oponernos a estas malas prácticas. Un gobierno que iba a actuar de una manera distinta ya ha demostrado todo lo contrario. Creo que es un despropósito. Llamo al Gobierno a tener más pulcritud y también pudor en su actuar”.

Paralelamente, el diputado Roberto Arroyo (PSC) expresó sus críticas al Gobierno tras el acuerdo y señaló que aquello “revela una falta de capacidad del gobierno para conducir de manera efectiva la agenda parlamentaria. En lugar de buscar consensos y construir puentes de diálogo, se prefiere recurrir a medidas autoritarias que demuestran una concepción del poder más preocupada por asegurar su posición a futuro que por resolver los problemas actuales del país”.

En tanto, Marlene Perez, diputada Ind-UDI, indicó que, a raíz del debate, “es indispensable distinguir entre los funcionarios de carrera, que ejercen su labor con profesionalismo y vocación de servicio, y los operadores políticos que ingresó este gobierno de manera desmedida o cargos de confianza que cambian con cada gobierno”.