Ante cambio de Gobierno: congresistas y gremios llaman a continuar con Estado de Excepción en Macrozona Sur

A menos de dos meses de que asuma el nuevo gobierno el próximo 11 de marzo, la continuidad del Estado de Excepción Constitucional en la Región del Biobío vuelve a instalarse en el centro del debate político.

El tema se analiza no sólo desde la seguridad, sino también desde sus efectos productivos, sociales y políticos, en una zona que lleva casi cuatro años bajo una medida que, por definición, debiera ser transitoria.

Las cifras oficiales de Carabineros de Chile dan cuenta de una progresión marcada en los episodios de violencia rural registrados en la Macrozona Sur durante los últimos años, configurando un escenario que ha ido escalando en intensidad y recurrencia.

Mientras en 2021 se contabilizaron 1.679 eventos, el año 2022 cerró con 1.161 hechos, lo que evidenció una baja respecto del peak previo, aunque manteniendo niveles elevados de conflictividad.

En 2023, los registros anotaron 966 casos, confirmando una tendencia a la disminución que se profundizó en 2024, con 516 episodios. En lo que va de 2025, en tanto, Carabineros reporta 69 eventos, una cifra significativamente menor en comparación con años anteriores.

Durante la campaña, el presidente electo, José Antonio Kast, situó la seguridad como uno de los ejes centrales de su propuesta programática. En ese contexto, fue particularmente crítico del uso que el actual Gobierno ha hecho del Estado de Excepción en la Macrozona Sur, sosteniendo que su prolongación ha sido “inusual e injustificada”, lo que a su juicio demostraría una claudicación frente a la violencia.

Sin embargo, el ahora próximo Mandatario fue enfático en señalar que no descartaría recurrir a esta herramienta constitucional en escenarios que calificó como de “guerra interna”, especialmente tras hechos de alto impacto, como el asesinato de tres carabineros en la comuna de Cañete en abril de 2024.

En sus definiciones, Kast ha insistido en que en Chile no existen territorios autónomos y que el Estado debe ejercer plenamente su autoridad. En esa línea, propuso medidas como el control del ingreso y salida de personas en sectores como Temucuicui, con participación de policías y Fuerzas Armadas, además de una aplicación estricta de normas básicas del Estado de Derecho, como la fiscalización de vehículos sin documentación o situaciones irregulares que, a su juicio, hoy no se controlan adecuadamente.

Mirada desde los gremios

Desde el mundo empresarial regional, la discusión se observa con una mezcla de cautela y expectativa. El presidente de CPC Biobío, Álvaro Ananías, reconoció que, en un escenario ideal, no debería ser necesario mantener un Estado de Excepción por un período tan prolongado.

Sin embargo, afirmó que las condiciones actuales aún no permiten prescindir de esta medida. “Desde CPC Biobío nos gustaría mucho que no fuese necesario seguir con el Estado de Excepción en la Macrozona Sur, que ya cumple casi cuatro años ininterrumpidos. Pero lamentablemente, creemos que aún es muy necesario continuar con la vigencia del Estado de Excepción, mientras no se definan nuevas medidas y se detenga en forma definitiva la violencia y el estado de Derecho sea una realidad”, señaló.

Ananías recordó episodios que, a su juicio, dan cuenta de la gravedad del escenario, como la muerte del trabajador Manuel León Urra, la quema de cerca de 50 camiones en la Central Hidroeléctrica Rucalhue y el impacto recurrente de los ataques en el sector forestal.

En ese contexto, valoró las señales entregadas por el equipo del presidente electo en materia de seguridad y expresó su expectativa de que la nueva administración impulse medidas distintas, que permitan terminar con hechos de violencia que afectan tanto a la actividad productiva como a la vida cotidiana de las comunidades.

No obstante, advirtió que resulta preocupante que una herramienta excepcional se haya transformado, en la práctica, en un estado casi permanente en la zona.

Una visión similar expresó el presidente regional de Corma Biobío y Ñuble, Alejandro Casagrande, quien vinculó directamente la inseguridad con la crisis que enfrenta el sector forestal.

Según explicó, la falta de condiciones de seguridad ha incidido de manera directa en la caída de la inversión, el cierre de empresas industriales, la pérdida de empleos y la incertidumbre que hoy enfrentan trabajadores y pequeños empresarios.

Casagrande detalló que en la Región del Biobío se han registrado 415 incendios forestales, de los cuales un 55% serían intencionales, lo que evidencia un problema estructural. Al mismo tiempo, reconoció que existe una baja en la ocurrencia de estos hechos en comparación con años anteriores, lo que atribuyó a una mejor coordinación entre el Jefe de la Defensa Nacional, las policías y el Ministerio Público.

El dirigente gremial también recordó que solo durante el año pasado se contabilizaron 27 atentados contra contratistas forestales entre Biobío y Los Lagos, con 74 equipos destruidos y pérdidas estimadas en más de 13 mil millones de pesos, afectando directamente a pymes del rubro y a las economías locales.

Por ello, sostuvo que mientras no se desarticulen los grupos organizados responsables de estos hechos y no existan condiciones de seguridad estables, la continuidad del Estado de Excepción sigue siendo una herramienta necesaria, más allá de los cambios de gobierno.

Desde la Asociación de Contratistas Forestales (Acoforag), su gerente René Muñoz fue aún más explícito al evaluar los efectos de la medida. “Creemos que el Estado de Excepción tiene que seguir”, afirmó, destacando que existe una disminución objetiva de los atentados, al pasar de 104 hechos en 2022 a 27 en el período 2024-2025.

Sin embargo, advirtió que esta reducción no equivale a una erradicación del problema, ya que el gremio continúa registrando, en promedio, más de dos atentados mensuales desde hace cuatro años. “Disminuye, pero no se erradica ni se soluciona el problema, y ahí está nuestro principal reclamo”, sostuvo.

Muñoz planteó que el sector espera que el próximo gobierno cumpla el relato que sostuvo durante la campaña, aunque reconoció que se trata de un problema profundamente enraizado y de compleja solución.

En ese sentido, expresó su respaldo a elevar las medidas de seguridad y a otorgar mayores atribuciones a las Fuerzas Armadas, lo que, a su juicio, requiere la aprobación de leyes como la de Reglas del Uso de la Fuerza y la de Infraestructura Crítica.

“No basta con la presencia de Carabineros; se necesita una fuerza distinta, con respaldo político, para actuar de manera efectiva”, afirmó, señalando que hoy existen zonas donde no se puede intervenir precisamente por la falta de ese respaldo.

Parlamentarios del Biobío

La diputada del Distrito 21, Clara Sagardía, confirmó que el actual Gobierno dejará vigente el Estado de Excepción al término de su mandato y manifestó su acuerdo con que la medida continúe cuando asuma la nueva administración.

No obstante, expresó su preocupación frente a un eventual endurecimiento. “Espero además que el Gobierno entrante también continúe con el Estado de Excepción y vaya desescalando de a poco y que no lo endurezca”, señaló, confiando en que se aborden de manera integral las problemáticas de la zona sur.

Desde el oficialismo entrante, el diputado republicano Cristóbal Urruticoechea fue crítico de la forma en que se ha aplicado la medida hasta ahora, calificándola como mal utilizada y ejecutada. A su juicio, el objetivo debe ser terminar definitivamente con el terrorismo, de modo que el Estado de Excepción deje de ser necesario y no opere como un “parche” frente a una crisis estructural.

La diputada UDI Flor Weisse, en tanto, reconoció que la herramienta ha sido necesaria para enfrentar la violencia en el Biobío, pero advirtió que no puede transformarse en una política permanente.

Cuestionó la falta de cambios durante los últimos cuatro años y llamó a que el próximo gobierno impulse un plan integral de seguridad que combine presencia efectiva del Estado, fortalecimiento policial, mejor inteligencia y apoyo a las víctimas, junto con la reactivación productiva.

Una mirada similar expresó la diputada Joanna Pérez, quien sostuvo que, si bien el Estado de Excepción es una herramienta válida, no constituye una solución total a una crisis mucho más profunda.

Criticó, además, el incumplimiento de anuncios como el plan de indemnización para las víctimas de la violencia y llamó al futuro Gobierno del presidente Kast a enfrentar el problema de manera distinta, revisando la metodología y fortaleciendo las labores de inteligencia para desarticular a los grupos responsables.