Diputadas de oficialismo y oposición de Biobío discrepan frente a proyecto de ley de negociación ramal

El proyecto de ley que permite la negociación colectiva multinivel o negociación ramal en Chile comenzó esta semana su tramitación legislativa en el Congreso Nacional, instalando la discusión.

La iniciativa, ingresada por el Ejecutivo con suma urgencia y comprometida dentro del programa de Gobierno y de los acuerdos alcanzados con la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), inició su debate en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputadas y Diputados, en un contexto marcado por el cierre del actual periodo legislativo y el próximo cambio de administración.

Desde el Gobierno explican que la propuesta busca modernizar el sistema de relaciones laborales, incorporando una modalidad ampliamente utilizada en países desarrollados.

Según ha señalado la CUT, la negociación colectiva ramal, multinivel o sectorial es una práctica común en economías avanzadas, orientada a establecer pisos mínimos salariales y condiciones laborales básicas para sectores completos, sin reemplazar la negociación colectiva que se realiza a nivel de empresa.

En ese sentido, recalcan que este modelo no fija salarios de manera directa, sino que establece estándares mínimos y políticas salariales sectoriales, permitiendo que cada empresa negocie posteriormente de acuerdo con su realidad particular.

¿Qué propone el proyecto?

El diseño propone modificar el Código del Trabajo para incorporar un sistema de negociación colectiva multinivel coordinado, estructurado en tres niveles que cumplen funciones complementarias.

El nivel sectorial permitiría fijar regulaciones generales y estándares mínimos para un sector o subsector económico, con efecto erga omnes, es decir, aplicables a todos quienes formen parte de ese rubro.

Un segundo nivel, denominado de acuerdos marco, apunta a regular condiciones laborales en contextos específicos como cadenas de valor, grandes proyectos o faenas, permitiendo coordinar obligaciones entre empresas principales y contratistas, especialmente en materias de salud, seguridad y condiciones laborales comunes.

Finalmente, el nivel de empresa mantiene su rol central para fijar condiciones específicas según la realidad productiva de cada organización.

El ministro del Trabajo y Previsión Social, Giorgio Boccardo, destacó que “con este proyecto de ley damos un paso para saldar una deuda con el mundo del trabajo y fortalecer el diálogo social en Chile”.

En la misma línea, explicó que la negociación colectiva multinivel reconoce que los propios sectores productivos conocen mejor sus desafíos y les otorga mayor autonomía para acordar mejores salarios, condiciones laborales y niveles de productividad.

Uno de los elementos que el Ejecutivo destaca para incentivar la participación de los gremios empresariales es la vinculación del modelo con el acceso a beneficios estatales. En particular, el proyecto incorpora una modificación relevante a la Ley 20.241 sobre Incentivo Tributario a la Inversión en Investigación y Desarrollo, permitiendo que las empresas que formen parte de un sector con un acuerdo colectivo vigente accedan a un crédito tributario ampliado.

En concreto, el tope máximo de este beneficio se eleva de 15 mil a 45 mil UTM, lo que La Moneda plantea como un estímulo directo a la productividad y la innovación.

Voces de congresistas del Biobío

Desde el oficialismo, la diputada del Partido Comunista, María Candelaria Acevedo, manifestó su respaldo a la iniciativa, calificándola como necesaria para el mundo del trabajo.

No obstante, lamentó que el proyecto no cuente con espacios y tiempos de discusión más extensos, algo que, a su juicio, sería lo justo para una modificación legal de alto impacto como la negociación multinivel.

Acevedo recordó además que hace cerca de un año la bancada del PC ingresó un proyecto de características similares, que recogía varios de los puntos hoy contenidos en la propuesta del Ejecutivo.

Para la parlamentaria, el actual modelo laboral ha empujado a un retroceso en los derechos de los trabajadores, por lo que considera fundamental retomar una senda de mayor protección laboral.

Desde la oposición, en tanto, las críticas han sido duras. La diputada Marlene Pérez (IND-UDI), representante del distrito 20, calificó el proyecto como un intento tardío del Presidente Gabriel Boric por instalar un legado, más que una reforma laboral seria.

Pérez sostuvo que el Ejecutivo tuvo todo su mandato para impulsar esta iniciativa y no lo hizo, lo que, a su juicio, demuestra que nunca fue una prioridad real. Además, afirmó que la negociación ramal desconoce la diversidad empresarial y debilita el diálogo directo entre trabajadores y empleadores, rigidizando el mercado laboral y poniendo en riesgo el empleo.

Por estas razones, adelantó que no respaldará un proyecto tramitado con premura y sin un debate profundo.

Una postura similar expresó la diputada UDI Flor Weisse, quien enfatizó que se trata de una iniciativa de alto impacto que modifica estructuralmente las relaciones laborales en el país, y que, por lo mismo, requiere un debate profundo y responsable.

Weisse manifestó su preocupación por la falta de una evaluación clara sobre los efectos que el proyecto podría tener en las empresas, particularmente en las pequeñas y medianas, que hoy enfrentan altos costos y una recuperación económica aún frágil.

A su juicio, legislar sin considerar estas realidades podría afectar el empleo, la inversión y la viabilidad de numerosos emprendimientos regionales.

La parlamentaria agregó que si bien se han citado experiencias internacionales para respaldar el proyecto, la realidad chilena y regional es distinta, por lo que llamó a analizar todos los impactos antes de avanzar, cuidando especialmente a las empresas, la economía y el crecimiento, elementos que, según recalcó, han estado visiblemente afectados en los últimos años.

Visiones opuestas

Sin embargo, desde el mundo jurídico y económico han surgido críticas a la iniciativa, varias de ellas con especial énfasis en los efectos que podría tener sobre las pequeñas y medianas empresas.

El abogado y socio de CBC Abogados, Pablo Cifuentes, fue categórico al señalar que la negociación ramal “parece una mala idea para la economía actual del país”, argumentando que introduce rigideces en un momento en que, a su juicio, se requiere facilitar la creación de empleo e incentivar la inversión.

Cifuentes advirtió que uno de los principales errores del proyecto es tratar de igual manera a pequeñas empresas y grandes corporaciones, fijando condiciones generales para sectores completos sin considerar las diferencias de escala y productividad.

En sus palabras, esta lógica rompe la relación entre lo que una empresa produce y los sueldos que puede pagar, afectando con mayor fuerza a las pymes, que no cuentan con márgenes suficientes para absorber incrementos de costos.

A su juicio, la iniciativa, impulsada sin consenso técnico, podría terminar fomentando la informalidad, la concentración económica y la pérdida de competitividad, alejándose de los beneficios que declara perseguir.

Otra mirada es la que entrega Diego Messen, abogado y socio de Moraga & Cía., quien calificó como extemporánea la discusión del proyecto, considerando el momento político en que se presenta.

Messen sostuvo que el hecho de que la iniciativa se impulse al término del actual gobierno genera una mirada negativa en el Congreso, ya que cualquier propuesta post elecciones enfrenta un escenario de menor respaldo político. Además, subrayó que restan pocas semanas para el cierre del año legislativo, lo que, a su juicio, es un mal indicio dada la complejidad y profundidad de la materia que se pretende discutir.