Arauco: sector productivo valora avances en seguridad pero pide mayor respaldo para inversión privada

Recientemente, en entrevista con Diario Concepción, el delegado presidencial provincial de Arauco, Humberto Toro, realizó un balance de su gestión destacando que entre 2021 y 2025 los atentados incendiarios se redujeron en un 92 % y la violencia rural en un 55 %. Asimismo, señaló avances en la restitución de predios mapuche, la inversión en infraestructura productiva y turística, y el fortalecimiento de las municipalidades.

Sin embargo, a pesar de este balance positivo, la gestión en la provincia no ha estado exenta de críticas y visiones de contraste sobre la estabilidad del territorio, la eficacia de las políticas de seguridad y la sostenibilidad del desarrollo productivo. Entonces, cabe preguntarse cuál es la percepción de distintos actores en la zona, respecto a los avances señalados y los desafíos pendientes.

Analizar estas percepciones permite dimensionar hasta qué punto los logros reportados se traducen en condiciones reales de inversión, empleo y desarrollo territorial, así como evaluar la necesidad de mantener una presencia estatal sostenida en el tiempo.

Visión del empresariado

Desde la perspectiva empresarial, el presidente de la Cámara de la Producción y del Comercio (CPC) Biobío, Álvaro Ananías, reconoció que los últimos años han mostrado una reducción significativa de la violencia rural en la provincia de Arauco. Sin embargo, advirtió que este descenso, por sí solo, no garantiza la estabilidad necesaria para atraer nuevas inversiones si no está controlado de manera razonable.

“Si bien uno tiene la impresión de que han bajado los hechos de violencia, finalmente la decisión de una toma de inversión no obedece únicamente a que hayan disminuido, sino a que estén controlados razonablemente. La sensación que existe hoy día es que la provincia de Arauco todavía no está en una situación de estabilidad”, señaló Ananías.

El representante gremial subrayó que, pese a la disminución de delitos, persisten riesgos que limitan la operación segura de las empresas, especialmente en sectores estratégicos como la actividad forestal. En particular, mencionó los incendios intencionales y la presencia de grupos delictuales, factores que aún no han sido controlados.

“Para que esto disminuya efectivamente, es necesario aplicar un nivel mayor de inteligencia policial y contar con un control más fuerte del Estado de Derecho, de manera que no existan zonas capturadas por bandas delictivas”, explicó.

Ananías enfatizó que la reducción de la violencia ha ayudado a sostener las empresas existentes, pero no ha favorecido la creación de nuevas. “Para que se generen nuevas inversiones, debe haber prácticamente cero tolerancia a la violencia, certeza jurídica y un Estado de Derecho completo, con control efectivo del territorio”, indicó, citando como ejemplo el potencial de proyectos de energía eólica en la provincia, que se mantienen detenidos debido a atentados y falta de apoyo decidido del Estado.

El presidente de la CPC también advirtió que los desafíos de la provincia de Arauco son transversales, afectando no solo al territorio específico, sino a toda la región del Biobío. Entre los problemas estructurales, destacó la alta tasa de desempleo de dos dígitos, una de las más altas del país junto con la región de Ñuble, y la necesidad de políticas públicas que fortalezcan la producción y la seguridad para invertir.

Entre las medidas prioritarias que identifica para la próxima administración, Ananías planteó la importancia de una ley de fomento a la replantación forestal, especialmente dirigida a pequeños y medianos propietarios afectados por incendios. Además, enfatizó la urgencia de terminar con la incertidumbre jurídica en el sector pesquero, que ha detenido inversiones durante al menos dos o tres años.

“Garantizar seguridad y certeza jurídica es un paso clave para consolidar la inversión privada y permitir que el desarrollo económico y productivo de la provincia se reactive de manera sostenida. La combinación de seguridad, políticas públicas claras y apoyo decidido del Estado será determinante para aprovechar todo el potencial productivo de Arauco y de la región del Biobío”, concluyó.

Sector forestal

Para visibilizar la visión del sector forestal en la provincia de Arauco, el presidente de la Corma Biobío y Ñuble, Alejandro Casagrande, valoró los avances en seguridad reportados en los últimos años. “Considerando que las cifras oficiales dan cuenta de una disminución en hechos de violencia y atentados. Cualquier avance en seguridad es positivo para las personas que viven y trabajan en la provincia”, señaló.

Sin embargo, Casagrande aseguró que la situación sigue siendo frágil, que los riesgos persisten y que la intencionalidad de incendios en la provincia sigue siendo alta: “Tenemos una intencionalidad de incendios en torno al 50 %, y en algunas comunas supera el 60 %, lo que es una muy mala noticia”.

“Si bien ha existido una baja en algunos indicadores, la actividad forestal en la zona es menor que en años anteriores. Hay sectores, especialmente en las comunas del sur de la provincia, donde aún es complejo ingresar a operar, y cuando se ha intentado retomar faenas se han registrado ataques y atentados. Por lo tanto, todavía no podemos hablar de condiciones normales ni de una recuperación sostenida que permita operar con total certeza”, añadió.

El dirigente explicó que esta incertidumbre tiene impactos directos en la continuidad de proyectos, en la planificación de inversiones y en el empleo local. “Cuando no existen garantías claras para operar, las empresas deben reducir actividades, postergar proyectos o rediseñar sus planes productivos. Eso afecta negativamente a empresas de servicios, pymes forestales, a trabajadores locales que dependen de esta actividad y, en consecuencia, a la calidad de vida de miles de personas”, afirmó.

Casagrande destacó el vínculo histórico de la provincia con la actividad forestal, tanto en términos de empleo como de encadenamientos productivos. Para que esta dinámica se reactive plenamente, insistió en que se requiere un ambiente de seguridad estable y sostenido en el tiempo, que permita planificar e invertir con un horizonte de largo plazo.

Además, subrayó la importancia de contar con indicadores actualizados y desagregados sobre empleo y actividad económica: “Disponer de esa información es clave para evaluar con precisión cómo han evolucionado las actividades productivas y cuál ha sido el impacto real en el mercado laboral local. Solo así se pueden diseñar políticas públicas que apunten efectivamente a la recuperación del empleo y la reactivación económica”.

Respecto a la próxima administración de Gobierno, Casagrande planteó que esta debiese consolidar una política integral de seguridad y desarrollo en Arauco: “Es fundamental mantener las herramientas que han permitido reducir hechos de violencia y desarticular de manera definitiva a los grupos organizados que aún cometen actos violentos y extremistas”. A su juicio, se debe lograr un ambiente de seguridad, para que las personas vivan sin miedo y para que se desarrollen las actividades productivas en forma normal.

Finalmente, resaltó la necesidad de fortalecer la prevención de incendios y apoyar la reforestación de pequeños y medianos propietarios: “Se debe avanzar en una Ley de Incendios integral y efectiva, que fortalezca la prevención en todas sus formas y asegure que, en caso de ocurrir, los incendios no causen daños”.