Salud mental en jóvenes estudiantes secundarios y las brechas que expone la tragedia de Calama

Especialistas y docentes coinciden en que la detección de enfermedades de origen psiquiátrico es de vital importancia para apoyar la recuperación, pero debe tratarse de una labor mancomunada entre la atención médica, la familia y el establecimiento.

Tras el lamentable hecho que enlutó a la comunidad escolar del Instituto Obispo Silva Lezaeta el viernes en Calama, el cual se encuentra en proceso de investigación de las causas que llevaron al joven de 18 años a perpetrar estos actos, ya hay ciertos indicios que dan cuenta de la situación mental en la que se habría encontrado el ejecutor de los daños que incluyen la muerte de una inspectora y cuatro heridos.

Sin embargo, de acuerdo con especialistas de Biobío, esta situación evidencia la brecha que existe respecto de enfermedades de salud mental en estudiantes, sobre todo, lo que implica su tratamiento.

Lo anterior, además, pone en tela de juicio la seguridad en los establecimientos escolares, y no solamente pensando en las situaciones de violencia escolar que pueden darse en la interrelación de los estudiantes, sino que dependiendo de la situación de salud mental en la que se encuentra cada uno.

La duda es si los colegios, liceos y escuelas están preparados para identificar este tipo de situaciones para evitar que ocurran otras similares. El Dr. Oscar Nail Kroyer, académico del Departamento de Ciencias de la Educación de la Universidad de Concepción, indicó que “no todos los establecimientos educacionales cuentan con un protocolo específico para diagnósticos graves de salud mental”.

Pero estableció que lo más cercano a una estructura formal de abordaje es el Programa de Integración Escolar (PIE). “Estas instancias permiten coordinar acciones con centros de salud mental, mantener una comunicación constante respecto a cambios de tratamiento (…) El objetivo central es anticiparse a posibles crisis, previniendo episodios de desregulación emocional o conductual”, expuso.

El Dr. Nail destacó que en términos generales los docentes han desarrollado una capacidad para detectar señales de alerta. “Les permite identificar cambios de conducta, patrones inusuales o comportamientos que se alejan de lo esperado. No obstante, el punto crítico no es solo la detección, sino lo que ocurre después de identificar estas señales”, aseguró.

La detección temprana permite prevenir la agudización de las dificultades, evitando que estas se traduzcan en crisis mayores, afectación del aprendizaje o deterioro de la convivencia escolar. “No solo beneficia al estudiante, sino que también contribuye a generar ambientes educativos más seguros, inclusivos y preparados”, indicó Oscar Nail.

Sin embargo, la principal dificultad es el acceso a atención especializada en salud mental, especialmente en el sistema público, observó el académico.

“En muchos casos, las familias tienden a responsabilizar a la escuela por episodios de desregulación, lo que genera una tensión adicional en el rol educativo”, acotó Nail.

Protocolo

Sin embargo, en el contexto educativo actual, existe el Protocolo de Desregulación Emocional y Conductual (DEC), que orienta la acción frente a episodios de crisis, y los Planes de Acompañamiento Emocional y Conductual (PAEC), que se elaboran de manera individual para cada estudiante, independiente de si pertenece o no al PIE, mencionó el mismo académico de la UdeC, Oscar Nail, y destacó que lo importante es que tiendan al resguardo y no a la exclusión. Si bien, en algunos casos, el estudiante puede asistir solo a ciertos espacios o con acompañamiento directo, esperando ver alcanzadas las condiciones adecuadas para que pueda reincorporarse progresivamente a la jornada completa.

“Sin duda que estos hechos sobrepasan los protocolos, requiere también de una gestión del conocimiento de las personas al interior de los establecimientos, que obviamente no alcanzan a responder a estos niveles de episodios que estamos viendo en Calama y en Curicó”, advirtió. Este lunes un alumno en Curicó ingresó con un arma de fuego cargada a su establecimiento, Carabineros intervino, sin que el estudiante pudiera amenazar o intimidar a nadie con la pistola.

Colegio de Profesores

En este sentido, Mario Aguilar, presidente del Colegio de Profesoras y Profesores, afirmó que desde hace mucho tiempo que el Magisterio ha advertido sobre el problema de la salud mental y cómo influye en los episodios de violencia que se dan en los establecimientos a lo largo del país. “Los protocolos son muy generales, y en la práctica, los casos de salud mental en estudiantes o en otros miembros de la comunidad, prácticamente no tienen forma de atención, es la cruda realidad”, afirmó.

“A pesar de que nosotros no somos profesionales del área de la salud, a veces son casos bastante evidentes. Y en realidad, lo que hay que hacer es derivar al Cesfam. Diría que el 98%, por no decir el 100% de los Cesfam no tienen psiquiatras. Por lo tanto, se les da un simple paliativo”, aseguró.

Es por eso que Aguilar, comentó que, si se generan anuncios de pórticos, o revisión de mochila, eso podría contener en parte los riesgos. “Pero no va al tema de fondo (…) si no hay un plan de convivencia escolar, que a partir de las situaciones de salud mental comience a tener planes para enfrentarlas, va a ser muy difícil que tenga solución”, apuntó.

“Estamos muy preocupados, no vamos a aceptar que esto quede en una noticia que generó shock y después de unos días no pasa mucho más”, estableció Mario Aguilar.

En tanto, el presidente Regional del Biobío del Colegio de Profesores, Jorge Barriga, comentó que no existe un protocolo en cuanto a salud mental, si los padres o apoderados llegan con el diagnóstico a la hora de ingresar a un alumno, se evalúa el diagnóstico, y normalmente lo toma el equipo PIE.

En general la preparación de los profesores para observar la presencia de problemas de salud mental, es dada por la experiencia de cada uno, estimó Barriga. “Pero cuando lo identificamos, se recomienda al apoderado o equipo PIE y al de convivencia”, indicó.

“Para mi el rol de la familia es lo primero, y muchas veces descansan en la escuela. Pero la verdad ellos son el primer ente que debería accionarse cuando ven algo en sus hijos o hijas”, estableció Jorge Barriga.

Psiquiatría

Como tema, la salud mental en el contexto de los establecimientos educacionales es particularmente complejo, de acuerdo con lo planteó el médico especialista Mario Valdivia, académico del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Universidad de Concepción. “Los establecimientos educacionales no son espacios de tratamiento, y por lo tanto no se les debe asignar la responsabilidad de la curación de los jóvenes”, acotó el docente UdeC.

Sin embargo, el médico destacó que los establecimientos educacionales juegan un rol preponderante en el proceso de rehabilitación y reinserción social de los jóvenes que están afectados de alguna patología.

“Existe la posibilidad que un joven con patología de la salud mental, se encuentre descompensado, y por lo tanto implique un riesgo para sí mismo o para su entorno. En esos casos, el adolescente o la adolescente, no debería asistir a clases en un establecimiento normal, ya que no debería esperarse que este contase con los recursos para el manejo de eventuales descompensaciones”, determinó el Dr. Mario Valdivia.

Lo que sí podría ser un importante aporte desde los colegios, es que sus trabajadores estén preparados para reconocer señales de descompensación que permitieran un accionar precoz. “Los profesionales de la Educación deberían tener algún grado de formación en salud mental que les permitiese sospechar y detectar alteraciones en las conductas y las emociones y activar protocolos pertinentes”, detalló.

La interacción constante entre el establecimiento educacional, la familia, y los dispositivos prestadores de atención en salud mental, es vital, según estableció el Dr. Valdivia. Ya que de esta forma se facilita la recuperación del joven y la prevención de descompensaciones al actuar en coordinación.

El psiquiatra precisó que la gran mayoría de los pacientes afectados por problemas de salud mental, no presentan agitaciones o conductas que impliquen un riesgo para su entorno. “Situaciones como la lamentablemente acaecida en la ciudad de Calama, constituyen la excepción y no la norma”, resaltó y agregó que la mayoría de los jóvenes afectados por patologías mentales se encuentran en condiciones de asistir regularmente clases, con algunas medidas de adecuación y soporte tendiente a disminuir el estrés.