Razones humanitarias y orden contraponen las visiones sobre acceso a servicios sociales para migrantes

Iniciativa condiciona beneficios a personas en situación irregular. Agrupación de extranjeros aseguran que argumentos del proyecto ya se cumplen en la práctica.

Controversia continúa generando la aprobación en la Cámara de Diputadas y Diputados al proyecto que modifica la Ley N° 21.325 de Migración y Extranjería, cuyo fin es restringir el acceso a beneficios fiscales a migrantes en situación irregular.

El objetivo es desincentivar el ingreso al país de personas por pasos no habilitados para reducir el número de extranjeros en esta condición. Establece como requisito la cédula de identidad vigente para la postulación a beneficios y la inscripción en el Registro Social de Hogares (RSH).

Mientras el proyecto pasa al Senado para continuar su trámite, la discusión en los parlamentarios de la Región del Biobío se basa en la utilidad de este posible cuerpo de ley y las razones humanitarias que se deben tomar en cuenta.

Migrantes

La presidenta de Amigos Migrantes Sin Fronteras en Biobío, Viviana Yepes, detalló que en su organización se apoya a personas de diversos países como Perú, Haití, Colombia, Ecuador y Venezuela.

Comentó que desde su experiencia esta ley, no tiene implicancias negativas o positivas. “Porque eso ya está, es lo que está sucediendo, no está cambiando nada. Yo diría que están ratificando algo, porque el migrante no está recibiendo ningún beneficio”, afirmó.

En ese sentido, enfatizó en que “a mí me encantaría que ellos (diputados) me dijeran en qué parte de la ley dice que el migrante irregular puede recibir un beneficio, yo no lo he visto. En toda la incidencia social que hemos tenido como organización, de lo que siempre nos hemos quejado es que lamentablemente, no podemos ayudar al migrante irregular porque no existe la posibilidad económica, porque las municipalidades todo lo hacen a través de un RUT”.

Desde el punto de vista de Viviana Yepes, esto debe ser tratado como un tema humanitario, ya que “el migrante que tiene estos problemas, no está aquí porque quiso, sino porque el sistema político de su país los separó de sus familias”.

Para la presidenta de Amigos Migrantes Sin Fronteras, la población chilena en general no está pendiente de la situación como para dimensionarla. “Siento que hablan del eco de ciertos grupos políticos que dicen que los migrantes tienen todos los beneficios y siguen ese eco”, apuntó.

En contra

El diputado, por el distrito 20, Álvaro Ortiz (DC) afirmó que “no aprobé este proyecto porque creo que más allá de prestar atención médica a irregulares, los niños y niñas de esas personas no tienen la culpa de la decisión de los mayores (a su cargo) de llegar a un país de manera irregular”. Ortiz aseguró que votó en consecuencia con su formación humanista cristiana.

El parlamentario llamó a buscar otras alternativas de acción. “Pero no castigando de esa manera a los más inocentes de todo esto”, resaltó.

En tanto, el diputado por el distrito 21, Patricio Pinilla (DC), afirmó que priorizar en salud y educación por nacionalidad es discriminación. “Voté en contra de este proyecto porque, aunque comparto la urgencia de desincentivar la migración irregular, considero que esta propuesta no soluciona el problema de fondo y roza la xenofobia”, determinó.

Pinilla, hizo hincapié en que no se puede afectar a niños y niñas que no decidieron migrar. Por lo que se declaró no disponible a que, bajo el eslogan de la seguridad, se termine generando deshumanización. “Que los chilenos tengan prioridad, es algo que en la práctica ya ocurre (…) El problema real viene después, ya que el proyecto conlleva una prohibición de identificar a los extranjeros irregulares entregándoles algún documento”, indicó.

Lo anterior, para el diputado Pinilla carece de sentido para la seguridad nacional. “Si no los identificamos, perdemos todo control, no sabremos quiénes son, si cometen delitos, ni podremos ejecutar órdenes de expulsión. Estamos creando una población invisible para el Estado”, aseguró.

También, estableció que se limita las campañas de salud. “Por ejemplo, las de vacunación que no solo protegen a quienes las reciben, sino que a toda la población que no se contagia”, destacó.

A favor

La diputada por el distrito 21, Lilian Betancurt del Partido de la Gente, indicó que “el fondo es claro, los recursos del Estado son para los chilenos. Por lo que considera que se debe priorizar a quienes viven, trabajan y cumplen las reglas del país”.

“Además, regiones como el Biobío también necesitan con urgencia que los recursos lleguen donde realmente se requieren, especialmente en materia de seguridad, empleo y apoyo social”, afirmó y agregó que una ley de este tipo permitirá un uso más responsable de los fondos públicos.

Desde la perspectiva de la diputada por distrito 21, Joanna Pérez del Partido Demócratas Chile, este proyecto avanza en una dirección necesaria. “Es importante ordenar el sistema y asegurar que las políticas públicas tengan como prioridad a los chilenos, especialmente en un contexto donde los recursos del Estado son limitados”, señaló.

Sin embargo, la diputada Pérez argumentó que esto no significa excluir a las personas migrantes, sino establecer criterios claros que permitan resguardar el acceso oportuno a beneficios y servicios para quienes viven en el país, comenzando por los ciudadanos.

Dentro de las implicancias que podría tener esta ley de aprobarse definitivamente, según la diputada del DEM, está que contribuiría a una mejor gestión de los recursos públicos.

“Permitiría dar una señal de orden y responsabilidad en materia migratoria, pero sin que eso signifique afectar los derechos y necesidades de los chilenos”, argumentó Joanna Pérez.