Sin capuchas o pasamontañas: analizan proyecto de seguridad escolar firmado por Presidente Kast

Como parte del proyecto de “Escuelas Protegidas” que busca impulsar el Gobierno, el Presidente de la República, José Antonio Kast, indicó su intención de incluir en la norma el prohibir el uso de elementos que cubran el rostro de los y las estudiantes al interior de los establecimientos.

“Los reglamentos internos deberán contemplar la prohibición del uso de accesorios tales como gorros, capuchas, pasamontañas o cualquier otro que impida la identificación facial, y que no responda a una necesidad de salud, climática u otra debidamente justificada. (…) La iniciativa de Gobierno busca aumentar penas por delitos dentro de recintos educacionales e incorpora medidas como la revisión de mochilas”, informó La Moneda.

Sobre esto, actores de la comunidad escolar y parlamentarios que en un futuro deberán votar este proyecto, manifestaron su apoyo a la iniciativa.

El director del Liceo Enrique Molina Garmendia de Concepción, Julio González, detalló que en su establecimiento la norma de no uso de capuchas o rostros cubiertos se ha instaurado sin una norma a firme o escrita, sino que como parte de la cultura organizacional. “Les tratamos de transmitir el ver al otro como un legítimo otro, como decía Humberto Maturana. Creemos que moviliza y aporta más a la sana convivencia educativa”, indico.

Más que imponer una nueva normativa, el director aseguró que intentaron ir modificando la cultura. “Valoramos todas las iniciativas que se puedan estar desarrollando. Yo creo que nadie puede quedar indiferente a que se quiera hacer algo”, afirmó.

González valora que no han tenido tomas, ni movilizaciones porque se han propuesto abrir el canal de comunicación. “De tal manera que los estudiantes vean que hay otros modos de plantear sus legítimas inquietudes, no afectando el derecho a educación de sus compañeros”, agregó.

Desde ese aspecto el establecimiento, ha fortalecido, en palabras del director, su matrícula y actualmente cuentan con 390 estudiantes.

Una de las acciones que Julio González valoró, como parte de su trabajo en contra de la violencia escolar, es que se llama a la participación del estudiantado cuando debe tomarse alguna decisión y así con todos los estamentos en que corresponda. “Entender que el otro es legítimo con lo cual puedo discrepar, pero voy a escucharlo con atención, voy a recibirlo. Aunque sea la vuelta larga, creo que es importante utilizar tiempo, que finalmente es una inversión en conversar, en dialogar”, expuso.

Desde la perspectiva de José Hernández, estudiante de 3° del Liceo Enrique Molina y miembro del Tribunal Calificador de Elecciones para la conformación de la Directiva del Centro de Alumnos, afirmó que el prohibir este tipo de elementos le parece que tendría un buen impacto, como por ejemplo en que no entren personas ajenas a los establecimientos.

Y también acotó que “por una parte, la violencia en los colegios se puede producir por problemas psicológicos, problemas entre compañeros, problemas que pueden ir desde mucho antes”.

Para Hernández la solución a estas situaciones puede ir de la mano con hacer seguimiento de la realidad de cada estudiante.

Parlamentarios

En el caso de los diputados que tendrán que evaluar las medidas que contiene este proyecto de ley, entre los cuales está la revisión de mochilas, el refuerzo a la autoridad docente, la exigencia de la cara descubierta, las sanciones por interrumpir las clases, y la restricción de beneficios como la gratuidad en caso de ser condenados por delitos, que son algunos de los ítemes del proyecto que ingresó a la Cámara el Ejecutivo, existe cierto grado de acuerdo con lo anunciado.

El diputado Roberto Arroyo (PSC), afirmó que “las escuelas tienen que ser espacios seguros, no lugares donde alguien pueda esconder su identidad para generar violencia, por eso esa norma me parece necesaria (…). Estoy disponible para respaldar una norma que vaya en esta dirección, siempre que esté bien diseñada”.

En tanto, el diputado Álvaro Ortiz (DC), afirmó que “toda medida que permita entregar seguridad a los estudiantes en cada uno de los establecimientos de educación de nuestro país, yo creo que se valora”.

Sobre la norma que refiere a la obligación de mantener el rostro descubierto, Ortiz manifestó que “creo que, si es por un tema de frío, hay muchas otras formas con bufandas, con cuellos, con gorros, pero dejando siempre la cara al descubierto. En eso tenemos que ser super claros”.

Por lo tanto, el diputado DC aseguró que está disponible a analizar y conocer con mayor profundidad la propuesta.

Colegio de Profesores

El presidente del Colegio de Profesores de la Región del Biobío, Jorge Barriga, indicó que evidentemente la violencia en los colegios ha ido en crecimiento y por supuesto, son necesarias medidas.

Sin embargo, hay algunas cosas con las que no está de acuerdo o más bien le ocasionan cierto temor.  “Por ejemplo, el prohibir las manifestaciones. En algunas oportunidad hemos visto estudiantes, sobre todo de secundaria que se movilizan, me da el temor que no tengan el derecho a manifestarse”, afirmó y explicó que muchas veces se hace por mejorar las condiciones del establecimiento.

“No creo que se necesite una ley como para ver el tema de la capucha. Si está tapada la cara, claro que no corresponde. Pero que se haga ley, me causa ruido, no creo que sea la solución”, mencionó.

Academia

Desde el mundo académico, el profesor de derecho procesal de la Universidad de Concepción y director del Observatorio Política Criminal y Seguridad Pública, Andrés Cruz Carrasco, indicó su desacuerdo con este tipo de medidas. “No toman en consideración las realidades o contextos culturales del territorio de la República, que pueden ser muy diversos”, dijo.

En cuanto a la violencia en contexto educativo, afirmó que “tenemos problemas de salud mental, de deprivación, tenemos problemas de la injerencia, influencia que han estado adquiriendo el crimen organizado o la criminalidad común en algunos lugares”.

Respecto a la ya existente Ley Antiencapuchados, en contexto de manifestaciones, aseveró que “efectivamente, el artículo 85 del Código Procesal Penal establece el control de identidad investigativo y fue modificado introduciendo la posibilidad de que se efectuara el control de identidad respecto de personas que se encontraran embozadas o encapuchadas. Pero la verdad, es que no ha tenido los efectos deseados, lo que permite concluir que una medida más del mismo carácter tampoco va a tener el resultado que se espera”.