Moción establece nuevas prohibiciones para el uso de fuerza en recintos penales
11 de Mayo 2026 | Publicado por: Equipo Digital
La iniciativa busca crear un marco legal especial para regular el uso de la fuerza por parte de Gendarmería de Chile en contextos penitenciarios y de alta complejidad.
Un grupo transversal de senadores ingresó al Congreso Nacional el proyecto de ley Boletín N° 18.238-25, iniciativa que busca regular las reglas para el uso de la fuerza por parte de Gendarmería de Chile, considerando el nuevo escenario de seguridad pública y el avance del crimen organizado al interior de los recintos penitenciarios.
La moción fue presentada el pasado martes 5 de mayo por los senadores Paulina Núñez, Karim Bianchi, Iván Flores, Gastón Saavedra y Matías Walker, y actualmente se encuentra en su primer trámite constitucional en el Senado.
Según expone el documento, “el sistema carcelario ha dejado de ser un espacio exclusivamente destinado al cumplimiento de penas, transformándose en un componente crítico del sistema de seguridad del Estado”, especialmente debido al “avance del crimen organizado, el aumento sostenido de la población penal y la complejización de los riesgos intramuros”.
La propuesta surge además tras la reciente reforma constitucional que incorporó a Gendarmería de Chile dentro de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, reconociendo “el carácter estratégico de la función penitenciaria en la seguridad pública interior”.
En ese contexto, los autores sostienen que las actuales normas generales sobre uso de la fuerza resultan insuficientes para el ámbito penitenciario, argumentando que “la función penitenciaria se desarrolla en un contexto de encierro, con personas sujetas a custodia legal permanente, bajo una relación de sujeción especial frente al Estado”.
¿Qué busca modificar la moción?
La iniciativa plantea establecer “un régimen legal especial que regule las reglas de uso de la fuerza aplicables al personal de Gendarmería de Chile”, definiendo principios, niveles y límites diferenciados para funciones de custodia, vigilancia, traslados y control penitenciario.
Asimismo, el texto busca entregar “certeza jurídica” al personal penitenciario, señalando que los funcionarios ejercen sus labores “en condiciones de alto riesgo, con exposición permanente a situaciones de violencia, presión organizacional y responsabilidad operativa”.
Entre los aspectos que contempla el proyecto se encuentran normas específicas para el uso de fuerza física, medios de sujeción, fuerza menos letal y fuerza letal, además de protocolos especiales para motines, fugas, allanamientos, traslados de internos y situaciones de alta complejidad vinculadas al crimen organizado.
El documento también establece principios como legalidad, necesidad, proporcionalidad, gradualidad, racionalidad y protección de la vida, indicando que “el uso de la fuerza fuera de los parámetros establecidos en esta ley generará las responsabilidades administrativas, civiles y penales que correspondan”.
Además, se incorporan prohibiciones explícitas, como utilizar la fuerza “como castigo, represalia, intimidación ilegítima o medida disciplinaria no autorizada”, así como la obligación de registrar procedimientos donde exista uso relevante de la fuerza y garantizar atención médica a personas lesionadas.
Desde sus fundamentos, la moción sostiene que el objetivo final es “fortalecer la capacidad del Estado para ejercer el control penitenciario, proteger a quienes cumplen funciones de alto riesgo, resguardar la vida e integridad de todas las personas involucradas y contribuir eficazmente a la seguridad pública del país”.