Alza eléctrica y desacople tarifario vuelven al centro del debate en el Biobío

La proyección de aumento de la electricidad fue abordada en la Comisión de Minería y Energía del Senado, instancia donde el secretario ejecutivo de la CNE, Mauricio Funes, junto al jefe del departamento eléctrico del organismo, Danilo Zurita, expusieron los factores técnicos detrás de la nueva variación tarifaria.

“Ya veníamos ajustados con los gastos y ahora otra vez sube la luz. Aunque digan que es un 2,4%, en una casa donde todo está más caro igual se siente. Uno empieza a pensar en desenchufar cosas, usar menos calefacción y apretarse aún más el cinturón”, explica Valentina Valladares, residente del centro de Concepción, tras informarse del incremento del servicio eléctrico, proyectado para julio próximo.

El informe técnico preliminar de la Comisión Nacional de Energía (CNE), que anticipa un incremento promedio de hasta un 2,4% en las tarifas residenciales a partir de julio, abrió nuevamente el debate respecto de las diferencias tarifarias que afectan particularmente al sur del país y a las regiones generadoras de energía, donde paradójicamente los usuarios pagan cuentas más elevadas que en otras zonas.

La situación fue abordada en la Comisión de Minería y Energía del Senado, instancia donde el secretario ejecutivo de la CNE, Mauricio Funes, junto al jefe del departamento eléctrico del organismo, Danilo Zurita, expusieron los factores técnicos detrás de la nueva variación tarifaria.

Entre ellos, el comportamiento internacional del petróleo, el gas natural, el precio del carbono y el índice de precios al consumidor de Estados Unidos, además de modificaciones regulatorias relacionadas con los sistemas medianos y el descongelamiento del reconocimiento de generación local.

Sin embargo, más allá de las explicaciones técnicas, en el Biobío la discusión se trasladó rápidamente al plano político. Parlamentarios de distintos sectores coincidieron en que el actual modelo energético mantiene inequidades profundas que castigan especialmente a las regiones del sur y a comunas donde la electricidad y la calefacción representan un gasto esencial para enfrentar las bajas temperaturas.

Uno de los puntos que genera mayor malestar entre los legisladores es el denominado “desacople de precios”, asociado a problemas de infraestructura de transmisión eléctrica en la zona sur.

Según lo expuesto ante el Senado, estas limitaciones provocan diferencias en las tarifas entre comunas y regiones, situación que parlamentarios locales consideran injusta considerando el aporte energético que realiza el Biobío al Sistema Eléctrico Nacional.

Visión de parlamentarios del Biobío

Desde el Partido Social Cristiano, el diputado Roberto Arroyo advirtió que las familias de la región enfrentan un escenario económico cada vez más complejo. El parlamentario sostuvo que los hogares “ya no resisten más alzas”, apuntando al incremento sostenido de servicios básicos y productos esenciales.

“Mientras los sueldos crecen lentamente, el costo de la vida sigue subiendo mes a mes: electricidad, combustibles, calefacción, transporte y alimentos. Eso termina golpeando con fuerza a la clase media y a los sectores más vulnerables”, afirmó.

Arroyo señaló además que desde el Congreso impulsarán iniciativas orientadas a corregir las distorsiones tarifarias que afectan a regiones como el Biobío. A juicio del diputado, el problema no puede seguir traspasándose directamente a los consumidores y requiere una respuesta urgente del Estado con enfoque territorial.

Una visión similar manifestó la diputada del Partido de la Gente, Lilian Betancurt, quien calificó como “inaceptable” que una región generadora de energía continúe pagando tarifas más altas que otras zonas del país.

La parlamentaria aseguró que el tema será llevado nuevamente al debate legislativo y emplazó al Ejecutivo a tomar medidas concretas.

“Hoy las familias ya no resisten más alzas”, afirmó, agregando que comunas como Los Ángeles, Laja o Alto Biobío enfrentan una realidad particularmente compleja debido a la dependencia de la electricidad, la calefacción y el combustible para enfrentar el invierno.

Betancurt indicó que una de las líneas de trabajo será fortalecer mecanismos de estabilización tarifaria y ampliar beneficios que consideren las condiciones climáticas y territoriales de la región.

Según explicó, el objetivo es proteger especialmente a la clase media y a los sectores más vulnerables, que han debido absorber sucesivos incrementos en el costo de la vida.

También desde el PDG, el diputado Patricio Briones puso el foco en la necesidad de aplicar medidas tributarias que permitan aliviar el impacto económico de los servicios básicos.

El legislador vinculó el debate eléctrico con una discusión más amplia sobre el costo de vida y aseguró que su sector propone rebajas impositivas dirigidas a la clase media y emergente.

Briones sostuvo que el Biobío aporta cerca del 20% de la energía al sistema interconectado nacional, pero comunas como Quilaco, Quilleco y Santa Bárbara continúan pagando algunas de las cuentas más altas del país.

“Toda medida o toda propuesta tiene que ser allanada justamente a la persona de pie, a la que le cuesta llegar a fin de mes”, afirmó.

El parlamentario agregó que esperan avanzar en propuestas “mucho más profundas” que permitan disminuir la carga económica sobre los hogares y las pequeñas empresas, especialmente en un contexto donde Chile sigue siendo altamente dependiente de factores internacionales para la determinación de precios energéticos.

Desde la UDI, la diputada Flor Weisse planteó que el problema debe abordarse no solo desde la contención tarifaria inmediata, sino también mediante cambios estructurales al sistema eléctrico.

“Las familias del Biobío y del sur de Chile no pueden seguir enfrentando alzas en sus cuentas de electricidad sin que exista una respuesta concreta del Estado”, sostuvo.

La parlamentaria detalló que una de las propuestas que impulsarán desde el Congreso será acelerar la tramitación de obras de transmisión eléctrica estratégicas, buscando reducir retrasos que hoy generan sobrecostos y diferencias tarifarias entre regiones.

“Primero, promoveremos un proyecto de ley para acelerar y simplificar la tramitación de obras de transmisión eléctrica estratégicas”, indicó Weisse, agregando que también impulsarán incentivos para la generación distribuida y el almacenamiento energético domiciliario y comunitario.

Según explicó, la idea es permitir que familias, municipios y pequeñas empresas puedan disminuir gradualmente su dependencia de la red tradicional mediante sistemas propios de generación y almacenamiento, reduciendo así sus cuentas eléctricas en el largo plazo.

En tanto, la diputada Joanna Pérez, de Demócratas, apuntó a fortalecer la inversión en infraestructura y revisar los actuales mecanismos de apoyo estatal.

La parlamentaria sostuvo que desde el Congreso insistirán en iniciativas destinadas a corregir las inequidades tarifarias y reforzar el sistema de transmisión eléctrica, junto con ampliar subsidios y mecanismos de estabilización para familias vulnerables y de clase media.

“Chile necesita una política energética más justa, donde vivir en regiones no signifique pagar más por la luz o por calefaccionarse”, afirmó.

Pérez también llamó a avanzar hacia una mirada descentralizada de la política energética nacional, considerando las particularidades climáticas y económicas de regiones como el Biobío.

A su juicio, la discusión no puede limitarse a los aspectos técnicos del cálculo tarifario, sino que debe incorporar criterios de equidad territorial y calidad de vida.