Lo que viene para Penco: Proyecto Tierras Raras avanza hacia ejecución luego de aprobación ambiental

La iniciativa fue aprobada por unanimidad, en medio de manifestaciones a las afueras de la Delegación Presidencial.

Por Bruno Rozas y Eduardo Bascuñán

La aprobación unánime del proyecto de tierras raras impulsado por Aclara en la comuna de Penco marca el inicio de una nueva etapa para la Región del Biobío.

Tras años de tramitación ambiental, observaciones ciudadanas, modificaciones técnicas y un intenso debate público, la Comisión de Evaluación Ambiental (Coeva) resolvió dar luz verde a una de las iniciativas mineras más relevantes que se hayan discutido en la zona durante las últimas décadas.

Sin embargo, la votación favorable no representa el final de la controversia. Por el contrario, abre un escenario en que convergen expectativas económicas, promesas de empleo, desafíos ambientales y una anunciada ofensiva judicial de organizaciones ciudadanas que buscan impedir que el proyecto llegue a ejecutarse.

Sesión en la Delegación Presidencial

La sesión de la Coeva se desarrolló en la Delegación Presidencial Regional del Biobío mientras, en las afueras del edificio, organizaciones medioambientales y vecinos manifestaban su rechazo a la iniciativa.

 

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La escena reflejó el escenario que probablemente acompañará al proyecto durante los próximos años: una región dividida entre quienes ven una oportunidad histórica de desarrollo productivo y quienes consideran que los riesgos ambientales siguen siendo demasiado elevados.

La iniciativa contempla una inversión cercana a los 130 millones de dólares y considera intervenir 153 hectáreas durante la etapa actualmente aprobada. Además, incorpora una planta de procesamiento de casi 13 hectáreas que operaría durante todo el año.

Según los antecedentes presentados durante la evaluación, la operación utilizará aguas provenientes del sistema de tratamiento de aguas servidas de Concepción y contará con mecanismos de reutilización interna para reducir la demanda hídrica.

El cronograma proyectado sitúa el inicio de las operaciones hacia 2029, transformando a la Región del Biobío en pionera en la explotación de tierras raras en Chile, minerales considerados estratégicos para industrias vinculadas a la electromovilidad, las energías renovables y el desarrollo tecnológico.

Desde la empresa, el gerente general de Aclara Resources Chile, Enrique Donoso, sostuvo que la resolución representa un punto de inflexión para el proyecto y para la región.

“La aprobación de la COEVA representa un paso muy significativo para nuestro proyecto y es el resultado de años de trabajo técnico riguroso, participación ciudadana y diálogo permanente con el territorio”, afirmó.

El ejecutivo señaló además que la compañía considera que el proyecto puede transformarse en una nueva actividad productiva para el Biobío, generando empleo y oportunidades de desarrollo local.

Según indicó, la etapa que comienza ahora estará enfocada en materializar los compromisos socioambientales asumidos durante la evaluación y trabajar conjuntamente con autoridades, universidades y actores productivos del territorio.

Una visión similar manifestó Nicolás Burr, gerente general de Grupo CAP, quien calificó la aprobación ambiental como un hito relevante y destacó que el resultado refleja la solidez técnica, ambiental y social que, a su juicio, caracterizó todo el proceso de evaluación.

En el mundo empresarial regional también existe optimismo respecto al impacto económico que podría generar la iniciativa. El presidente de CPC Biobío, Álvaro Ananías, valoró la decisión adoptada por la Coeva y sostuvo que el proyecto posicionaría al Biobío en mercados internacionales vinculados a materias primas estratégicas para la transición energética.

“Desde CPC Biobío valoramos la decisión técnica del Coeva que aprobó el proyecto minero Aclara. El proyecto ha superado una evaluación ambiental rigurosa y transparente, demostrando que es plenamente factible desarrollar minería de última generación en el Biobío”, expresó.

Ananías advirtió además que la principal amenaza para la materialización de la inversión podría provenir de los procesos judiciales que ya comienzan a prepararse. A su juicio, una prolongación de la incertidumbre podría afectar la reactivación económica regional.

“Esta inversión de 130 millones de dólares y la creación de más de 2.200 puestos de trabajo representan un tremendo motor de desarrollo”, afirmó, agregando que trasladar permanentemente las discusiones técnicas a tribunales podría terminar postergando oportunidades laborales para miles de familias de la región.

Entre los beneficios destacados por quienes respaldan la iniciativa aparece precisamente la generación de empleo. Los antecedentes del proyecto establecen que un 40% de los trabajadores de la futura planta deberá provenir de Penco, aspecto que ha sido presentado como una oportunidad para dinamizar la economía local en una comuna que históricamente ha enfrentado dificultades para atraer grandes inversiones.

Mirada desde el Gobierno

El seremi de Medio Ambiente, Mario Delannays, enfatizó que la aprobación es consecuencia de un proceso normativo extenso y respaldado por múltiples organismos públicos.

“Es un proyecto de larga data, que tuvo su proceso administrativo como bien lo señalan las leyes y las normas; hoy el resultado es que se calificó ambientalmente favorable”, señaló la autoridad, recordando que cerca de treinta organismos con competencias ambientales participaron en las distintas etapas de evaluación.

 

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El seremi de Minería, Daniel Escobar, destacó que la decisión constituye un precedente para el desarrollo de minerales críticos en Chile.

Según indicó, el proyecto incorpora elementos innovadores desde el punto de vista ambiental, incluyendo recirculación de agua, utilización de aguas tratadas, ausencia de relaves convencionales y programas de recuperación ambiental y reforestación con especies nativas.

“Es la primera aprobación ambiental de un proyecto de tierras raras en Chile, esto marca un hito importante para el desarrollo de los minerales críticos y estratégicos para el futuro de la Región del Biobío y del país”, sostuvo.

¿Qué se viene?

No obstante, el escenario que se proyecta hacia adelante está lejos de ser completamente favorable para la empresa.

La principal incertidumbre radica en las acciones legales que preparan organizaciones ciudadanas agrupadas en la campaña Penco-Lirquén Libre de Mineras. La agrupación reúne a más de 72 juntas de vecinos, además de organizaciones gremiales, deportivas y comunitarias de la zona.

Su vocera, Camila Arriagada, confirmó que la aprobación ambiental no pone fin al conflicto.

“Esas son las dos vías legales y administrativas para continuar el proceso posterior a la votación y aprobación del proyecto”, indicó en referencia a una reclamación administrativa ante la dirección ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental y una reclamación judicial ante el Tercer Tribunal Ambiental de Valdivia.

La dirigente aseguró que existen materias que, desde la perspectiva de las organizaciones opositoras, no fueron suficientemente abordadas durante la evaluación.

“Tenemos elementos contundentes para seguir oponiéndonos al proyecto, porque quedan varios temas inconclusos, no resueltos por parte de las observaciones ciudadanas”, afirmó.

Entre las principales preocupaciones mencionó la gestión de elementos radiactivos presentes en el yacimiento y las consecuencias que podrían generar las zonas de disposición del material resultante del proceso industrial.

“El tema de los elementos radiactivos, que están pronunciados en el estudio, pero que en las zonas de disposición donde se dejaría todo el material resultante después del proceso, no se aclara cuáles son los reales impactos al ambiente y a la calidad de vida de la salud de las personas”, manifestó.

La oposición local también encuentra respaldo en el municipio de Penco. El alcalde Rodrigo Vera recordó que tanto él como el Concejo Municipal mantuvieron una postura contraria durante toda la tramitación.

“Este proyecto fue aprobado por la Comisión de Evaluación Ambiental, a pesar de la oposición del Concejo Municipal, del alcalde y de los seis concejales de Penco”, declaró.

La autoridad comunal señaló que actualmente se evalúan nuevas acciones y que la municipalidad continuará participando dentro de los marcos institucionales disponibles para defender la visión de desarrollo que considera más adecuada para la comuna.

Las preocupaciones ciudadanas también apuntan a impactos identificados durante la evaluación ambiental, entre ellos aumentos de material particulado en determinados sectores urbanos y la pérdida de suelo asociada a la actividad extractiva. A ello se suma la cercanía del proyecto con sectores habitados, establecimientos educacionales, centros de salud, instalaciones deportivas y zonas de actividad comercial de Penco y Lirquén.

Romualdo Sáez, presidente de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Penco, reiteró el rechazo de parte importante de la comunidad organizada.

“Como comunidad, nosotros rechazamos, ya en una oportunidad, este famoso proyecto. Y no de manera antojadiza, es porque tenemos información suficiente de lo que nos complicaría la vida a los habitantes de nuestra comuna”, sostuvo.