Contraloría detecta que para el Censo 2024 se contrató a personas con antecedentes penales

La Contraloría General de la República envió al Ministerio Público un informe aplicado para comprobar el correcto uso de los recursos y la ejecución de los contratos suscritos por parte del Instituto Nacional de Estadísticas, para la realización del Censo de Población y Vivienda 2024, durante el periodo comprendido entre el 1 de agosto de 2023 y el 30 de abril de 2025.

Entre los principales antecedentes del informe, se detectó a 16 censistas que contaban con antecedentes penales, por estafa, robo, hurto, lesiones y tráfico de drogas. Respecto a este punto, se expuso además que 6 de las 16 personas contratadas, presentaron certificados de antecedentes donde, si bien éstos indicaban condenas, la empresa encargada al momento de recibirlos no cumplió con su deber de validarlos ante el Servicio de Registro Civil e Identificación, por lo que no advirtió que dichas personas estaban en esta situación.

La Contraloría también advirtió que el INE contrató a 14 extranjeros que no estaban habilitados para trabajar en el país. En detalle, 5 de ellos corresponden a exresidentes definitivos o temporales/transitorio, a los que se les revocó la residencia por diversos motivos; incluso uno de ellos mantenía pendiente una expulsión administrativa del país.

Por otra parte, dicha institución no acreditó que más de 130 personas contratadas contaran efectivamente con los antecedentes educacionales requeridos para los cargos de Coordinador de Local Censal y Gestor Administrativo.

Además, se detectó que 581 personas contratadas a honorarios por el INE para prestar el servicio de Censista, cuya principal función era recopilar la información de los residentes habituales de todas las viviendas del área de levantamiento asignada, no acreditaron la prestación efectiva por sus labores encomendadas, pese a que informaron haber realizado entrevistas presenciales usando dispositivos móviles, por las cuales recibieron un pago de honorarios total de $166.356.508 por los servicios prestados.

Debido a estas faltas de control, la entidad auditada no aplicó multas a favor del Fisco por $131.972.500 a las empresas contratadas para el reclutamiento y selección de los trabajadores para cumplir funciones en el Censo 2024.