Nahuelbuta, Alto Biobío y Nonguén en el centro del debate por futuros Sitios Prioritarios

Nahuelbuta, Nonguén y Alto Biobío figuran entre las zonas involucradas.

La discusión sobre el futuro de los territorios ambientalmente más relevantes de la Región del Biobío sumó un nuevo capítulo.

En el Congreso, la Cámara Baja aprobó en general el proyecto de ley que busca suspender la incorporación de nuevos Sitios Prioritarios para la Conservación mientras no se publique el reglamento contemplado en el artículo 29 de la Ley N° 21.600, que creó el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP).

La iniciativa, que ahora regresará a comisiones para un segundo informe debido a la presentación de indicaciones, surge en medio de un debate, donde sectores como Alto Biobío, Nahuelbuta, Villucura, Nonguén, Isla Mocha y Tubul-Raqui figuran entre las zonas que podrían verse involucradas en procesos de conservación bajo la nueva institucionalidad ambiental.

La discusión se produce en un contexto marcado por la implementación de la denominada Ley para la Naturaleza, promulgada en 2023, que creó el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas. La normativa busca concentrar en una sola institucionalidad la gestión de áreas protegidas y fortalecer las herramientas del Estado para la conservación de la biodiversidad.

Sin embargo, la aplicación plena de la ley depende de una serie de reglamentos que todavía no han sido dictados. Entre ellos figura precisamente el reglamento que debe establecer los procedimientos y criterios técnicos para determinar cuáles territorios podrán ser declarados sitios prioritarios para la conservación.

La controversia

El debate se intensificó luego que el Ministerio del Medio Ambiente iniciara una consulta pública relacionada con sitios prioritarios identificados bajo normativas anteriores, los cuales pasarían a regirse por la nueva legislación.

Según antecedentes expuestos durante la tramitación parlamentaria, el proceso involucra más de tres millones de hectáreas a nivel nacional.

Los impulsores de la moción sostienen que avanzar en estas recalificaciones sin contar con los reglamentos correspondientes podría generar incertidumbre jurídica y conflictos en los territorios, considerando que las futuras declaratorias podrían tener efectos sobre el uso de suelo y distintas actividades económicas.

Mirada desde la Región del Biobío

En Biobío, el avance del proyecto abrió un amplio debate respecto de cómo compatibilizar la protección ambiental con las necesidades de desarrollo de las comunidades locales.

La diputada de la UDI, Flor Weisse, manifestó que la conservación de la biodiversidad debe seguir siendo una prioridad permanente para el país y especialmente para una región con la riqueza ambiental de Biobío.

A su juicio, existe una responsabilidad ineludible de resguardar el patrimonio natural para las futuras generaciones.

No obstante, la parlamentaria enfatizó que los procesos de conservación requieren bases sólidas y transparentes.

“También creo que la conservación debe constituirse de manera seria, participativa y con reglas claras. La existencia de un reglamento que establezca criterios objetivos para identificar gestión se sitios prioritarios para conservación es fundamental para dar legitimidad a esos procesos y evitar incertidumbres en las comunidades”, afirmó.

Weisse sostuvo además que la iniciativa aún puede perfeccionarse durante su tramitación. En esa línea señaló que espera que el proyecto incorpore mecanismos que permitan una adecuada protección de áreas con alto valor ecológico, pero considerando activamente la opinión de las comunidades y actores locales.

La diputada agregó que el debate no debe plantearse como una dicotomía entre crecimiento económico y protección ambiental.

“Estoy segura que se puede encontrar un equilibrio. No se trata de elegir entre conservación o desarrollo, sino de promover una conservación efectiva que permita resguardar nuestros ecosistemas y, al mismo tiempo, impulsar un desarrollo responsable, sostenible y respetuoso”, indicó.

Una visión similar expresó la diputada del Partido de la Gente, Lilian Betancurt, quien valoró que la discusión permita abordar la necesidad de entregar certezas a los territorios respecto de los alcances de la nueva legislación.

“Creemos que la protección de la biodiversidad debe realizarse con reglas claras y certeza jurídica para las comunidades, pero también con responsabilidad por parte del Estado, que es quien administra estos procesos y debe garantizar que las normas y reglamentos estén oportunamente disponibles”, señaló.

La parlamentaria añadió que resulta difícil exigir certezas a los territorios cuando aún existen instrumentos pendientes de implementación por parte de la propia institucionalidad pública.

A su juicio, la falta de reglamentos genera incertidumbre que podría evitarse mediante una aplicación gradual y ordenada de la ley.

Sin embargo, Betancurt advirtió que la suspensión de nuevas incorporaciones no puede transformarse en un freno a la conservación ambiental.

“Al mismo tiempo, esta medida no puede transformarse en un retroceso para la conservación ambiental. En regiones como Biobío, con ecosistemas de gran valor como Nahuelbuta, Alto Biobío y Nonguén, debemos avanzar hacia una protección efectiva que considere la realidad de las comunidades locales, compatibilizando el resguardo del patrimonio natural con el desarrollo sostenible y las oportunidades para quienes viven en estos territorios”, sostuvo.

Desde una perspectiva similar, la diputada Joanna Pérez (IND-DEM) enfatizó la importancia de que el reglamento exigido por la ley esté disponible antes de seguir avanzando en nuevas declaratorias.

“Creo que es importante contar con reglas claras y con el reglamento que exige la ley para dar certeza tanto a las comunidades como a quienes impulsan proyectos en los territorios”, afirmó.

La parlamentaria indicó que la protección de la biodiversidad constituye un objetivo ampliamente compartido, pero advirtió que los instrumentos legales deben implementarse adecuadamente para evitar conflictos futuros.

En ese sentido, planteó que la discusión debe servir para generar una regulación que sea clara, aplicable y capaz de transformar los principios de conservación en herramientas efectivas de gestión territorial.

Pérez también puso el foco en la participación ciudadana durante la futura definición de estos espacios protegidos. “Me parece fundamental que exista una participación efectiva de las comunidades locales, municipios y actores productivos en la definición de estos sitios”, afirmó.

La representante agregó que en Biobío resulta indispensable compatibilizar la protección de ecosistemas estratégicos como Nahuelbuta, Alto Biobío y Nonguén con las necesidades de desarrollo de quienes habitan esos territorios.

Por ello, sostuvo que más que sumar nuevas restricciones, el desafío consiste en construir un reglamento técnicamente sólido, con participación ciudadana y mecanismos que permitan conciliar la conservación con el desarrollo sostenible.