Crisis en sector forestal: congresistas proponen ideas para reactivar la industria en Biobío

Múltiples desvinculaciones en la industria forestal encendieron alertas en la Región del Biobío. A los cerca de 100 despidos informados recientemente por la empresa Arauco, se sumó posteriormente la de otros 600 a 700 trabajadores de firmas contratistas que prestan servicios a CMPC, configurando un escenario que preocupa tanto al sector productivo como al mundo político.

Ante esto, distintos actores del sector coinciden en que responden a un escenario más amplio que afecta a la industria.

Mientras la Asociación de Contratistas Forestales ha advertido que los mayores impactos se concentran en las áreas de cosecha y silvicultura, el Colegio de Ingenieros Forestales apunta a la menor demanda internacional, la caída de los precios de la celulosa y la madera, el aumento de los costos, los incendios, la menor forestación en la última década y la pérdida de competitividad.

En ese contexto, consultada por Diario Concepción, la Corporación Chilena de la Madera (Corma) sostiene que el foco no debe limitarse únicamente a los despidos ya registrados, sino también a las condiciones que hoy enfrentan las empresas para mantener la actividad y el empleo.

“Para Corma, cada empleo que se pierde en el sector forestal es una señal de alerta. Hoy se requieren medidas concretas y urgentes que permitan sostener la actividad y proteger a las pequeñas y medianas empresas. Necesitamos una política más decidida para impulsar la construcción en madera, capaz de generar mayor actividad y contribuir a frenar la pérdida de empleos”, afirmó su presidente, Rodrigo O’Ryan.

O’Ryan agregó que uno de los desafíos más urgentes pasa por entregar mejores condiciones para el desarrollo de la actividad. “Es indispensable fortalecer la seguridad. Hoy muchas pymes y empresas contratistas están haciendo grandes esfuerzos por mantenerse en el mercado y seguir dando trabajo”, sostuvo.

Propuestas desde el Congreso

Los recientes hechos fueron vistos por congresistas de la zona, quienes coincidieron en la necesidad de adoptar medidas para recuperar la competitividad de una industria considerada estratégica para la economía regional, aunque con distintos énfasis respecto de las soluciones.

El diputado Patricio Pinilla (DC), representante del Distrito 21, atribuyó la situación a una combinación de factores nacionales e internacionales. “Las principales causas son el alza de los combustibles e insumos, las ventajas comparativas que presentan otros territorios para la producción de celulosa, la baja del precio internacional de la celulosa y la demora en generar permisos para nuevas inversiones. Esto afecta gravemente a nuestra región que se define como forestal, lo que conlleva una cesantía altísima y costos sociales”, señaló.

En esa línea, aseguró que actualmente impulsa una propuesta orientada a fortalecer la actividad de menor escala. “Estamos promoviendo una ley de incentivo forestal, sustentable y acotada a los pequeños predios. A nuestro juicio, esto podría dinamizar este rubro con incentivos tributarios y procesos más rápidos”, comentó.

Asimismo, planteó conformar una mesa de trabajo integrada por los ministerios de Hacienda y Economía, el Gobierno Regional, municipios, empresas y sindicatos para avanzar en medidas de reinserción laboral y nuevas iniciativas para enfrentar la situación.

Desde el mismo distrito, la diputada Lilian Betancourt (PDG) advirtió que el impacto de las desvinculaciones trasciende a las empresas involucradas. “Lo que está ocurriendo en la industria forestal es una señal de alerta para toda la Región del Biobío. Las desvinculaciones en empresas mandantes y contratistas afectan directamente a cientos de familias y a una amplia cadena de proveedores, transporte, comercio y servicios que dependen de esta actividad”, afirmó.

La parlamentaria agregó que distintos actores del sector han manifestado la necesidad de recuperar la competitividad de la industria e incentivar nuevamente la plantación, especialmente tras los incendios forestales de 2023. En ese sentido, sostuvo que resulta urgente “generar certezas para la inversión, promover incentivos para la reforestación y las nuevas plantaciones, simplificar la tramitación de proyectos y fortalecer un manejo forestal sustentable”.

Su compañero de colectividad por el Distrito 20, Patricio Briones (PDG), puso el acento en la competitividad de Chile frente a otros países productores. “Es indudable que las políticas tributarias que aumentaron la tasa imponible, así como aquellas que desincentivaron la contratación de mano de obra, tornaron a Chile menos competitivo que Brasil, Colombia y Paraguay respecto de las inversiones forestales, que se están trasladando a aquellos países”, sostuvo.

En ese contexto, indicó que solicitará al Ejecutivo impulsar modificaciones en dichas materias: “Coordinaremos con la bancada una solicitud al respecto, a la brevedad posible”.

Una postura similar expresó la diputada Marlene Pérez (Ind-UDI), quien calificó a la industria forestal como “estratégica para el Biobío” y sostuvo que su debilitamiento representa “una muy mala noticia para miles de trabajadores y sus familias”.

A juicio de la congresista, el sector enfrenta actualmente una combinación de factores que incluyen la caída de los precios internacionales, el aumento de los costos de energía y logística, y la violencia que durante años ha afectado a las zonas forestales.

Por ello, planteó que el Estado debe avanzar en medidas para recuperar la competitividad, fortalecer la seguridad, agilizar la tramitación de inversiones e incentivar nuevas plantaciones. Asimismo, argumenta que el Ministerio del Trabajo debiera reforzar las políticas de apoyo, capacitación y reconversión laboral para quienes resulten afectados por nuevas pérdidas de empleo.

Su par de bancada en el Distrito 21, la diputada Flor Weisse (UDI), advirtió que uno de los principales factores que ha afectado al sector es la falta de condiciones de seguridad. “Sin seguridad no hay desarrollo, no hay confianza para invertir y, finalmente, quienes terminan pagando las consecuencias son los trabajadores y sus familias”, afirmó. A ello sumó la creciente permisología, las mayores exigencias regulatorias y un escenario internacional cada vez más competitivo.

En cuanto a las medidas, añadió que continuará impulsando una agenda orientada a entregar mayor certeza al sector. Entre sus propuestas mencionó fortalecer las herramientas legales para combatir el robo de madera, el crimen organizado y los atentados en zonas rurales, además de avanzar en un nuevo instrumento de fomento forestal que incentive las plantaciones, especialmente entre pequeños y medianos propietarios, incorporando criterios de sustentabilidad y recuperación de suelos.

Por último, la diputada por el Distrito 21, Joanna Pérez (Demócratas), planteó que la industria forestal enfrenta duramente el alza de los combustibles. A ello sumó que “lo importante es abordar una nueva ley de reforestación. Esto ha sido solicitado, puesto que hoy día estamos cosechando mucho menos”, afirmó.

En adición, explicó que el país debe generar mejores condiciones para incentivar la inversión. En ese sentido, respaldó medidas como la invariabilidad tributaria para atraer nuevos proyectos, el fortalecimiento de la construcción de viviendas en madera y la incorporación de propuestas impulsadas por la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) y PymeMad, con el objetivo de dinamizar la actividad.