Senadores del Biobío toman posiciones ante reforma a la responsabilidad penal adolescente

La Sala del Senado retomará este martes la discusión en general y votará la idea de legislar del proyecto que modifica la Ley N°20.084 sobre Responsabilidad Penal Adolescente. Esta iniciativa busca endurecer la respuesta frente a delitos de especial gravedad y, entre sus principales medidas, propone elevar de cinco a 10 años el máximo de internación para adolescentes de 14 y 15 años que cometan determinados ilícitos.

La iniciativa, ya aprobada por la Cámara de Diputadas y Diputados, se encuentra en su segundo trámite constitucional y figura entre los proyectos priorizados de esta semana.

De aprobarse la idea de legislar, el proyecto volverá a la Comisión de Constitución para el ingreso y análisis de indicaciones antes de su discusión en particular, por lo que la votación de este martes no definirá aún el contenido definitivo de la reforma. El debate comenzó en la Sala el pasado 10 de junio, pero quedó pendiente luego de que se solicitara una segunda discusión, la que será retomada durante esta sesión.

La iniciativa ingresó al Congreso en diciembre de 2022 mediante una moción impulsada por los entonces diputados Andrés Longton, Camila Flores, Miguel Ángel Becker y otros parlamentarios de oposición, quienes sostuvieron que la actual Ley N°20.084 resulta insuficiente para enfrentar a adolescentes involucrados en delitos de alta violencia o con trayectorias reiteradas de criminalidad.

En detalle, la reforma propone elevar el límite máximo de las sanciones privativas de libertad para adolescentes menores de 16 años cuando cometan determinados delitos especialmente graves; modificar la forma de determinar las penas aplicables a mayores de 16 años; e incorporar nuevas reglas sobre la internación provisoria.

Asimismo, establece que el juez encargado de ejecutar las sanciones sea el del lugar donde estas se cumplen; fortalece las consecuencias frente al quebrantamiento de condenas; incorpora la participación de las víctimas durante la etapa de ejecución de la pena; y dispone que determinadas condenas cumplidas siendo adolescente puedan impedir posteriormente invocar la atenuante de irreprochable conducta anterior al ser juzgado como adulto.

Análisis en medio del debate

Entre los organismos especializados que respaldaron la necesidad de reforzar la respuesta penal estuvo el Ministerio Público, que sostuvo que los delitos graves deben recibir una respuesta “gravosa y proporcional” dentro del sistema especializado. Asimismo, manifestó su conformidad con varias de las modificaciones aprobadas durante el primer trámite.

En una línea similar, la presidenta de la Asociación Nacional de Fiscales (ANF), Patricia Ibarra, sostuvo que la actual normativa “no entrega una respuesta satisfactoria” frente al reducido grupo de adolescentes que reinciden en delitos graves.

Desde otra perspectiva, la directora ejecutiva de Corporación Opción, Milagros Nehgme, dijo que, si bien el proyecto responde a una “legítima preocupación por la seguridad ciudadana”, las soluciones propuestas “no harán de Chile un país más seguro”. A su juicio, endurecer las penas constituye un “error de diagnóstico”, ya que los adolescentes no toman decisiones bajo la misma lógica de costo-beneficio que un adulto.

Adicionalmente, Rocío Lorca, académica del Departamento de Ciencias Penales de la Universidad de Chile, afirmó que las modificaciones a la determinación de las penas tendrían un efecto principalmente simbólico y que rigidizar el sistema terminaría dificultando los procesos de reinserción social.

Miradas desde el parlamento

Consultado por Diario Concepción, el senador por el Biobío Sebastián Keitel (Evópoli) adelantó que respaldará la iniciativa, argumentando que la actual legislación “notifica que no responde adecuadamente a la nueva realidad delictual del país”.

De aprobarse la idea de legislar, Keitel estimó que existe espacio para perfeccionar el articulado sin alterar su objetivo central. En ese sentido, planteó fortalecer las normas para enfrentar con mayor eficacia la reincidencia y el uso de menores por parte de organizaciones criminales. “Debemos mantener un sistema que combine seguridad con reinserción, porque ambas son necesarias para reducir la delincuencia en el largo plazo”, cerró.

Al igual que su par, el senador Enrique van Rysselberghe (UDI) aseveró que votará a favor de la idea de legislar, argumentando que la actual Ley de Responsabilidad Penal Adolescente debe actualizarse frente a la nueva realidad delictual del país.

“Hoy en Chile está presente el crimen organizado y se utilizan muchos adolescentes para efectos de delinquir, razón por la cual hay que revisar los aspectos que hagan que esta ley sea más efectiva en la práctica”, relató.

El parlamentario agregó que materias como la edad de imputabilidad, los mecanismos para fortalecer la reinserción y otros aspectos deberán discutirse luego, pero que en términos generales “sin duda alguna hay que votar a favor”.

También consultado, el senador Gastón Saavedra (PS) prefirió no adelantar su voto ni su análisis respecto del proyecto antes de que este sea debatido nuevamente por el hemiciclo senatorial.