Cambio en corredores de transporte enciende alarmas por falta a la “certeza jurídica” en concesiones

La decisión del Ministerio de Hacienda de dar pie atrás al proceso de adjudicación de los proyectos de corredores de transporte público Ruta 160 y Ruta 150 – Autopista Concepción-Talcahuano, ha encendido las alarmas en el debate público respecto de futuras iniciativas que se busquen concretar a través del Sistema de Concesiones.

Vale recordar que Grupo Azvi, a través del Consorcio Electro-Cointer, tras un proceso en el que fue la única empresa ofertante, había resultado adjudicataria de los dos proyectos.

Pese a que los decretos de adjudicación estaban en su etapa final de tramitación, desde el Gobierno hace unos días informaron que el proyecto ya no será ejecutado por una empresa privada bajo el nuevo modelo de concesiones, sino que será asumido directamente por el Ministerio de Obras Públicas (MOP), a través de la Dirección de Vialidad.

Así, sobre el proceso en que Azvi había sido adjudicataria de las iniciativas y la decisión de detenerlo, desde el Ejecutivo, precisamente a través del biministro del MOP y Transportes, Louis de Grange, argumentaron que el decreto de asignación como concesión nunca llegó a firmarse formalmente.

Sobre posibles acciones legales que pueda tomar la firma, el biministro aseguró que “no sólo desde el punto de vista ingenieril, sino también desde el punto de vista jurídico, la decisión es la correcta”.

El titular de OO. PP. también se comprometió a que, a pesar de los cambios en el mecanismo de financiamiento, “los plazos, como los diseños, los beneficios del proyecto y el efecto del empleo, van a ser exactamente los mismos”.

En ese marco, autoridades, gremios y expertos en infraestructura advirtieron que modificar un proceso licitatorio cuando estaba en su etapa final daña la confianza en el modelo de concesiones y envía una señal de incertidumbre para futuros proyectos de inversión.

Asimismo, en España, medios de comunicación informaron sobre la determinación del Ejecutivo chileno de no continuar con la concesión para los corredores. El medio español la Expansión afirmó que , según fuentes financieras que consultaron, la decisión en Chile “abre una grieta en el sistema concesional, el más maduro y estable de Latinoamérica”.

A lo anterior, detallaron que en el último informe encargado por la constructora española, se establecía que “de optar por un Contrato de Obra Pública, el retraso acumulado realista en la finalización y puesta en marcha de las obras es de cuatro años (finales de 2035) frente a finales de 2031 comprometido en la oferta de Azvi”.

“El Estado pierde la transferencia de riesgos al sector privado. El MOP deberá asumir de forma directa sobrecostes en expedientes de expropiaciones, diseño de desvíos de servicios públicos, interferencias de servicios y reclamaciones por restos arqueológicos o gestión social”, complementa el informe citado por Expansión.

Reacciones

Sobre la decisión del Ministerio de Hacienda y el MOP de detener la adjudicación de la firma española, el gobernador regional del Biobío, Sergio Giacaman, durante la visita del biministro, fue crítico y manifestó que “el sistema de concesiones ha sido un gran facilitador del desarrollo de Chile, y creo que es una pésima señal lo que ha ocurrido, es una pésima señal”.

Respecto de los argumentos entregados por el Ejecutivo de cambia la modalidad para concretar las iniciativas, Giacaman dijo que “yo sí creo, y en esto quiero enmarcar claramente mi posición, que el camino de concesiones era el camino indicado para una obra así. Pero yo no soy ni el Presidente, ni el ministro de Obras Públicas”.

En línea con lo último, el gobernador enfatizó en que “voy a ejercer toda la presión que esté a mi alcance, y voy a convocar a todas las personas que sean necesarias para que el compromiso que ellos sostuvieron se cumpla en los plazos que, además, ellos están estableciendo”.

Por su parte, el senador de la Región del Biobío, Gastón Saavedra (PS), aseveró que la decisión de frenar la concesión daña la confianza en Chile y desalienta la inversión extranjera.

Saavedra indicó que la situación “le provoca daño al país, además a la Región del Biobío, pero la pérdida de confianza es notable, y, por lo tanto, el valor que tiene Chile como país para atraer inversiones se va definitivamente por la borda por esta decisión de ir dejando de lado todo lo que son los proyectos de concesión, y que es la relación público-privada tan mencionada insistentemente para atraer recursos”.

El cambio

Con la decisión del Gobierno, que la Dirección de Vialidad del MOP asuma estos proyectos significa un cambio en el modelo de ejecución.

Con esto, las iniciativas pasan de ser una concesión a convertirse en una obra pública gestionada directamente por el Estado. Y es que, en un principio, se contemplaba que una empresa privada invirtiera el capital inicial para construir los corredores y, a diferencia de otras concesiones, la recuperación de la inversión privada no contemplaba cobros directos a los usuarios del transporte público como el TAG, sino que establecía aportes fiscales directos del Estado, proyectados a largo plazo.

Además, la empresa debía hacerse cargo por los siguientes 25 años del mantenimiento de los corredores.

Alcaldes

Existe escepticismo entre los alcaldes de las comunas afectadas por el futuro de los corredores de transporte público de que el nuevo modelo sea exitoso para concretarlos. Algunos, incluso, solicitaron al Gobierno mantener la concesión adjudicada.

El alcalde de San Pedro de la Paz, Juan Pablo Spoerer, cuestionó el traspaso del modelo de concesión a obra pública, señalando que carece de respaldo legal, técnico y financiero, y que los antecedentes indicarían que sería más caro y lento.

El jefe comunal afirmó que “solicito que me respondan con datos, porque yo le estoy mostrando que toda la experiencia comparada indica que la obra pública es más cara y demora más”.

Por su parte, el alcalde de Talcahuano, Eduardo Saavedra, otra de las comunas afectadas, también hizo el llamado a mantener el modelo de concesión para acelerar los corredores de transporte y exigió al Gobierno transparentar las razones del cambio y sus efectos presupuestarios.

Saavedra afirmó que “lo que hemos pedido es que se mantenga el modelo de concesión, es lo que nos permite y nos da garantía de que esto podría comenzar en octubre de este año, el 2026, no en cuatro años más”.

“No podemos aguantar que nos cambien la regla del juego a última hora. En la línea del Metro en Santiago cuesta un kilómetro, aproximadamente, 100 millones de dólares. Le dijimos al ministro que recorte cuatro kilómetros de lo que se está haciendo en Santiago para que en la Región del Biobío podamos tener los corredores de transporte, que además vienen esperando prácticamente 12 años para que se ejecuten”, complementó el alcalde.