Caso Megaincendio: alcalde de Penco apoya diligencias contra organismos estatales por respuesta tardía en emergencia

El alcalde de Penco, Rodrigo Vera, entregó su versión respecto de la decisión judicial de ampliar la investigación del Caso Megaincendio, ocurrido el 17 de enero pasado, hacia eventuales responsabilidades de agentes estatales u organismos públicos.

De acuerdo con lo señalado por el jefe comunal, la indagatoria debe servir para evaluar y mejorar la prevención, la coordinación y los tiempos de respuesta del Estado ante este tipo de desastres, en que fallecieron una veintena de personas. En esa línea, advirtió sobre una eventual falta de reacción oportuna y explicó que se requieren decisiones inmediatas y recursos básicos para enfrentar emergencias de esta magnitud.

“Nadie podía cuantificar o señalar desde un punto de vista inclusivo lo que podía ocurrir. Pero sí tienen que existir procedimientos claros respecto de la operatividad de los sistemas del Estado y de los estamentos designados por ley para aquello”, afirmó Vera a Diario Concepción.

El edil detalló la falta de precisión en los reportes técnicos recibidos durante la emergencia: “Uno, para prevenir, y dos, para poder identificar y planificar el impacto que puede tener un incendio de esta envergadura. Cada vez que consulté desde las 17:30 horas de ese día sábado, me decían que había una alta probabilidad de que el fuego no llegara a Penco, que tardaría ocho horas en alcanzar los sectores rurales. Sin embargo, llegó en una hora a la comuna. También me indicaron que era muy baja la probabilidad de que afectara a las zonas urbanas y que, de ser así, sería por el viento puelche de la mañana”, agregó.

Frente a este escenario, el alcalde optó por actuar según la situación que observaba de primera mano. “Como soy de la comuna y por un tema de conocimiento propio, no tomé fe ni hice caso a esos antecedentes. Como estaba en el minuto a minuto en el terreno, tenía otra percepción de lo que ocurría. Por eso, a eso de las 00:31 horas, tomé la decisión de evacuar a gran parte de la comuna”, explicó.

En ese mismo contexto, el jefe comunal enfatizó que la investigación debe priorizar la mejora de estos protocolos. “El tiempo de respuesta, desde mi punto de vista como alguien que estuvo presente en todo momento, es digno de ser evaluado. Asimismo, luego de la evacuación, se debe analizar la respuesta para decretar catástrofe y emergencia, y el tiempo que tomaron resoluciones como la toma de razón de Contraloría, la cual se resolvió a las 11:00 horas del día siguiente. Todos estos elementos tienen que analizarse a fondo para que no vuelvan a ocurrir”, dijo.

A raíz de esta experiencia, Vera reafirmó una propuesta que sostiene desde hace meses, la creación de un Ministerio de Emergencia. “Hablo desde mi experiencia. No soy un académico ni un experto en emergencias o desastres; solo hablo desde una comuna en la que, en un par de horas, se quemaron más de 3.500 viviendas. Lo que viví desde las 17:30 horas de ese sábado es que no sentí respuesta de ningún estamento del Estado chileno frente a lo que se preveía. Cuando la situación se desató, ni Senapred ni el Ministerio del Interior tuvieron la capacidad para responder en los tiempos que se necesitaban”.

Arista judicial apunta a organismos del Estado

Por su parte, el Juzgado de Garantía de Concepción resolvió extender por seis meses más el plazo de investigación del megaincendio forestal registrado el 17 de enero en la Región del Biobío. La medida fue solicitada por el Ministerio Público y los querellantes argumentando la existencia de diligencias pendientes.

Uno de los argumentos centrales expuestos por el fiscal a cargo, Jorge Lorca, en la audiencia del pasado 4 de agosto, fue la necesidad de concretar peritajes clave para determinar la eventual responsabilidad de agentes estatales, aunque sin especificar a qué entidades se refiere. Según el registro de la audiencia al que tuvo acceso Diario Concepción, el fiscal afirmó que “hay una serie de diligencias pendientes para determinar la eventual responsabilidad de otros agentes, incluso agentes estatales”.

Consultado al respecto, el defensor regional del Biobío, Osvaldo Pizarro, a cargo de la defensa del hasta ahora único imputado en la causa, Claudio Luna, se refirió a la prórroga de las indagatorias y respaldó la arista investigativa que apunta a organismos públicos.

“La defensa no se opuso a esta ampliación, considerando que el propio Ministerio Público indicó en la audiencia que ampliaba las aristas investigativas, incluida la responsabilidad que puede haber respecto de agentes del Estado”, afirmó el defensor regional.

Pizarro añadió que, al reconstruir la línea de tiempo de los hechos registrados el 17 de enero, la postura de la defensa es clara. “El aviso a las personas de los poblados de Lirquén y Penco fue realizado de manera tardía, considerando el inicio del fuego en el sector de Trinitarias”, dijo.