Impacto de las catástrofes en Biobío: expertos prevén alza de la pobreza en próxima Casen

Familias afectadas por incendios e inundaciones evalúan cuánto podrían tardar en recuperarse económicamente.

La recuperación después de un desastre, ciertamente, no finaliza al bajar el agua o al apagarse el último foco de un incendio; para las familias que perdieron sus viviendas, fuentes de trabajo o parte de sus medios, volver a una situación de estabilidad tomará mucho tiempo y requerirá apoyo.

En la Región del Biobío, los incendios forestales y las inundaciones ocurridas durante estos meses han obligado a muchas personas a reconstruir no solo sus hogares, sino también sus formas de generar ingresos.

Una realidad que podría comenzar a verse reflejada en la próxima Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (Casen), como lo comentó el alcalde de Penco, Rodrigo Vera, explicando que la construcción de una casa no significa que se haya superado la crisis: “Una familia puede recibir una vivienda, pero siguen enfrentando dificultades para recuperar sus ingresos, acceso al empleo, reponer sus bienes e insumos o recuperar la calidad de vida que tenían antes”.

El desafío es que la reconstrucción no sea solamente física, sino también social y económica, determinó Vera.

“Necesitamos políticas públicas con parámetros especiales para territorios afectados por las catástrofes. Recordemos que Penco tuvo 6 meses de catástrofes continuas, con recursos y programas durante todo el proceso de recuperación. En Penco y Lirquén existe voluntad y capacidad para avanzar, pero la magnitud de lo ocurrido exige un compromiso permanente del Estado”, estableció el jefe comunal.

Diario Concepción se comunicó con la Seremi de Desarrollo Social y Familia para conseguir a través de ellos la visión de la Subsecretaría de Evaluación Social que aplica la Encuesta Casen. Señalaron que, por ahora, no pueden referirse al tema ya que están en proceso de preparación.

Recuperar calidad de vida

Un caso es el de las familias afectadas por el incendio que golpeó a la zona, específicamente en el sector Antonio Varas de Lirquén, que continúan enfrentando el desafío de reconstruir sus viviendas y recuperar las condiciones de vida que tenían antes de la emergencia.

Leticia González, presidenta de la Junta de Vecinos, explicó que algunos hogares comenzaron a recuperar parcialmente su sustentabilidad económica, principalmente gracias al apoyo de particulares y familiares.

Sin embargo, advirtió que el proceso dependía de las características de cada hogar y que reconstruir una vivienda sería una tarea de largo aliento.

“Cuánto tardarán en recuperarse económicamente varía en relación a muchos factores: su edad, su entorno, su núcleo familiar, redes de apoyo, si es un trabajador activo o un pensionado”, señaló.

La dirigenta puso el foco en que recuperar los ingresos no necesariamente significaba recuperar las condiciones de vida previas al incendio. “Si la economía la relacionamos con recuperar el hogar, esto no será dentro de un año; como hemos ido advancing en la reconstrucción de la población, puede ser dentro de dos años”, afirmó.

Para las familias, la ayuda estatal no debería limitarse a la reconstrucción de las viviendas. González estimó que “necesitamos la construcción de nuestros hogares, apoyo psicológico, bonos de estudio para nuestros hijos, principalmente los que están en la universidad”.

Agregó que es vital reparar y habilitar el entorno afectado por el incendio, puesto que aún quedan “cañerías y matrices de agua potable”, además de retirar los residuos que quedaron tras la emergencia, como cables antiguos de alumbrado público y telecomunicaciones.

Volver a trabajar

La recuperación tampoco resultó sencilla para quienes perdieron o vieron afectadas sus viviendas y fuentes de ingresos producto de las inundaciones.

Sandra Neira, afectada por las inundaciones en Cerro Verde Bajo, contó que su familia desarrolla un emprendimiento dedicado a la venta de pescados y mariscos. Tras el temporal, recién durante esa semana comenzaron a retomar sus actividades laborales con mayor normalidad.

La actividad dependía directamente de las condiciones climáticas y de la disponibilidad de productos, por lo que las consecuencias de la emergencia también les afectaron en ese aspecto.

“En este momento, como que recién estamos empezando a tomarle el ritmo a lo que es el trabajo”, explicó.

Respecto de la ayuda recibida, sostuvo que habían accedido a beneficios estatales para enfrentar la emergencia y que esperaban nuevos recursos destinados a la reconstrucción de los daños. “De parte del Estado sí ha habido ayuda”, afirmó, mencionando el bono de recuperación y una eventual ayuda para reparar los daños provocados en la vivienda y construir un muro en la costanera.

Especialistas

La académica de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Concepción, Cecilia Pérez, explicó que existe un elemento temporal que será determinante. La encuesta Casen se realiza a fin de año y, habitualmente, el trabajo de campo se desarrolla entre noviembre y febrero, “por lo que las familias afectadas y las instituciones públicas dispondrán de un período acotado para modificar sustancialmente sus condiciones”, precisó.

La especialista acotó que la medición no considera únicamente los ingresos de las familias, sino también una serie de condiciones vinculadas al bienestar y la calidad de vida. “La pobreza que mide la encuesta combina ingresos monetarios y de dotación de bienestar”, explicó Pérez Díaz.

En materia de pobreza multidimensional, detalló, se consideran aspectos como educación, salud, trabajo, vivienda, acceso a redes sociales y comunitarias, además de condiciones relacionadas con convivencia, seguridad y discriminación.

“El impacto de una emergencia puede extenderse mucho más allá de la pérdida material inmediata. Una familia puede recuperar parcialmente sus ingresos, pero continuar viviendo en una vivienda dañada, tener dificultades para acceder a servicios básicos o haber perdido herramientas y espacios necesarios para trabajar”, mencionó.

“Lo más previsible es que la encuesta alcance a recoger esa realidad”, sostuvo la académica, y apuntó a que entre las consecuencias de las emergencias pueden encontrarse pérdidas de empleo y de medios de trabajo, especialmente entre quienes desarrollan actividades por cuenta propia, formales o informales.

En esa línea, planteó que el Estado debía mantener sus esfuerzos no solo en las transferencias monetarias, sino también en recuperar las capacidades que permiten a las familias generar ingresos por sí mismas.

Una visión que compartió Sonia Stevens Bruzzese, directora del Núcleo Social de la Universidad Católica de la Santísima Concepción (UCSC) y académica de la Facultad de Comunicación, Historia y Ciencias Sociales de la Casa de Estudios.

“Es muy probable que la encuesta Casen de este año arroje que los índices de pobreza han aumentado en nuestra región producto de los desastres naturales que afectaron a muchas familias que aún no logran recuperar su estabilidad económica, así como también por el aumento del desempleo y el aumento de empleo informal”, afirmó.

“Es difícil estimar cuánto tiempo puede tardar una familia en superar una situación socioeconómica compleja a causa de una catástrofe, pues depende de si la familia cuenta con redes de apoyo, si algún miembro de la familia mantiene un trabajo estable o si han recibido alguna ayuda del Estado. Para cada familia es distinto”, explicó.

Según Stevens, algunas familias podrían estabilizarse en pocos meses, mientras que otras podían requerir períodos considerablemente más extensos.