Municipios de la Región reservan recursos y presionan por destrabar la ley corta de Seguridad Municipal

Mientras algunos alcaldes del Biobío valoraron el ingreso de la ley corta impulsada por el Ejecutivo para abordar aspectos de la implementación de la Ley de Seguridad Municipal y avanzar en el reglamento que permitirá precisar su aplicación, otros urgen por avanzar a mayor ritmo en esta normativa.

Advierten que aún existen vacíos para su aplicación y esperan que esta iniciativa permita la implementación de la normativa, especialmente en aspectos relacionados con el financiamiento, las atribuciones y el equipamiento de los inspectores municipales. Algunos jefes comunales aseguran, incluso, tener presupuesto asignado e implementos de seguridad comprados a la espera del reglamento.

Asociación de Municipalidades

Ricardo Fuentes, presidente de la Asociación de Municipalidades de la Región del Biobío y alcalde de Hualqui, señaló que existe la expectativa de que la propuesta permita avanzar en la aplicación de la norma y recoger una de las principales inquietudes de los municipios que trata sobre “contar con mayor autonomía para que sus equipos de seguridad puedan desarrollar sus funciones”.

“Como alcaldes y alcaldesas del Biobío esperamos que cada municipio pueda desarrollar de mejor manera sus funciones, pero siempre dentro del marco legal”, sostuvo Fuentes, y agregó que las casas edilicias conocen directamente las necesidades de sus comunidades, por lo que el reglamento debería considerar las diferencias entre los territorios.

Uno de los puntos que también concita atención es el uso de elementos de defensa personal no letales por parte de los equipos municipales. “Algunos municipios han considerado recursos para adquirir este tipo de implementos e incluso han avanzado en compras, pero falta claridad respecto a cómo operará la normativa; eso mantiene en espera su uso”, dijo Fuentes.

“Si los municipios destinan recursos para fortalecer la seguridad, esas herramientas deben ser efectivamente usadas por los equipos con protocolos establecidos, capacitación estandarizada y dentro de las facultades que establezca la normativa”, enfatizó.

San Pedro de la Paz

En San Pedro de la Paz, el alcalde Juan Pablo Spoerer coincidió en que se espera que la tramitación de la ley “sea rápida y con un despacho a ley lo más dinámico posible. Que si bien ya está promulgada y en aplicación, todavía puede mejorar algunos aspectos que creo que operativamente nos van a beneficiar”, indicó.

En el caso de San Pedro de la Paz, el municipio ya dejó reservados los recursos para traspasar a los exconductores de seguridad (ahora inspectores de seguridad) al Código del Trabajo, tal como lo indica la ley. “También teníamos ya destinados los recursos aprobados por el Concejo, que son alrededor de $20 millones para toda la implementación necesaria que hoy día está autorizada”, apuntó.

El alcalde sostuvo además que ha tenido la posibilidad de plantear los requerimientos de la comuna en distintas instancias, incluyendo el Congreso y conversaciones con el Gobierno. “Hay una conversación permanente con La Moneda, con la División de Gobierno Interior también, donde nosotros vamos levantando todos nuestros requerimientos, y creo que en su enorme mayoría han sido atendidos por el Gobierno”, afirmó.

Concepción

El alcalde de Concepción, Héctor Muñoz, puso el foco en la necesidad de que la nueva normativa permita a los municipios contar con una dotación acorde al tamaño y características de cada comuna. “Creemos que tener funcionarios en el Código del Trabajo no debería afectar nuestro porcentaje de planta y contrata, eso debería ir aparte”, sostuvo.

Muñoz también destacó la importancia de establecer condiciones adecuadas para la implementación de las nuevas atribuciones que tendrán los inspectores de seguridad municipal. Desde su perspectiva, ampliar sus facultades puede contribuir a enfrentar situaciones que hoy forman parte de las principales preocupaciones de las comunidades.

El jefe comunal planteó que la seguridad y el orden de la ciudad se han transformado en una de las principales demandas de los habitantes y que, frente a ese escenario, los municipios han asumido un rol cada vez mayor.

Coronel

En Coronel, el alcalde Boris Chamorro puso el énfasis en el financiamiento que deberá acompañar la implementación de la normativa. La autoridad destacó los recursos que el municipio ya ha destinado a seguridad y planteó la necesidad de contar con apoyo adicional para complementar ese esfuerzo.

Chamorro detalló que Coronel aumentó de tres a seis los vehículos destinados a rondas preventivas y que también se fortaleció el equipamiento de los inspectores municipales con cámaras de solapa. A ello sumó la infraestructura de televigilancia disponible en la comuna, señalando que actualmente existen más de 100 dispositivos operativos.

“Hay un compromiso del Gobierno central respecto del aumento de homicidios en Coronel. Pues bien, necesitamos más operativos, más recursos y más presencia del Estado en nuestra ciudad”, sostuvo Chamorro.

Talcahuano

En Talcahuano, la preocupación está puesta también en los plazos para contar con los reglamentos y orientaciones que permitan aplicar concretamente la ley. El director de Seguridad Pública de la Municipalidad, Patricio Fierro, cuestionó que estos instrumentos aún no estén disponibles pese a la proximidad de la entrada en vigencia de la normativa.

“Nos parece preocupante que a semanas ya de la entrada en vigencia de la ley, no existan todavía los reglamentos, las orientaciones generales y los textos que vienen a complementar la concreta aplicación de esta ley”, afirmó.

Fierro señaló que actualmente los municipios están utilizando recursos propios para fortalecer sus equipos de seguridad; por lo tanto, le parece necesario que la ley corta pueda regular cuál va a ser el financiamiento que va a tener esta normativa. “Cómo vamos a poder equipar de mejor manera a nuestros inspectores municipales, cómo vamos a encontrar también mayores herramientas y elementos”, explicó.

Desde la Municipalidad de Talcahuano esperan que la modificación permita resolver parte de las dudas que, según Fierro, persisten en torno a la aplicación del texto legal y que entregue herramientas concretas para el trabajo preventivo que realizan los equipos municipales junto a Carabineros.

“Esperamos que, efectivamente, esta ley corta sea un buen complemento de la Ley de Seguridad Municipal, que hoy día tiene muchos vacíos, muchas dudas y muchas falencias”, sostuvo.