"Lo peor que le puede pasar a un tribunal es el activismo": María Pía Silva, presidenta del Tribunal Constitucional

De visita en Concepción, la presidenta del Tribunal Constitucional, María Pía Silva Gallinato, encabezó la conferencia titulada “Función y límites del juez constitucional” en el auditorio Manuel Sanhueza de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Concepción, donde expuso ante la comunidad académica.

Tras su exposición, la ministra abordó con Diario Concepción los principales enfoques y desafíos dentro de su gestión, así como las críticas al organismo y los alcances relativos a las últimas decisiones del Tribunal.

—A propósito de la actividad que acaba de realizar, ¿qué concepto o reflexión le parece importante destacar sobre el rol del Tribunal Constitucional y la necesidad de acercar su labor a la ciudadanía?

—A veces existe cierta confusión entre las funciones del Poder Judicial y las del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional controla que los actos sometidos a su revisión se ajusten a la Constitución, aplicando criterios jurídicos y no políticos, y haciendo respetar los límites del poder.

Desde la presidencia, busco modernizar la gestión, divulgar nuestras sentencias y acercar la institución a la ciudadanía, especialmente a jóvenes y niños, mediante iniciativas de educación cívica.

—En estos casi tres meses desde que asumió la presidencia del TC, ¿cuáles han sido sus principales prioridades y qué aspectos del funcionamiento interno del organismo busca fortalecer o llevar por otra dirección?

—Estamos trabajando en profesionalizar las distintas áreas del Tribunal y, a medida que se producen vacantes, buscamos incorporar profesionales y personas expertas.

Otro aspecto fundamental es fortalecer el trabajo colegiado. La presidencia debe dialogar con los ministros, asesorarse y dejarse guiar por sus pares, formando grupos de trabajo que permitan impulsar proyectos conjuntos y mejorar la gestión.

En un contexto de mucha polarización, queremos promover el diálogo y el intercambio de ideas, siempre respetando los límites que tenemos como ministros.

—En ese mismo escenario de polarización se ha instalado la idea de que el Tribunal es funcional a determinados sectores políticos dependiendo de la composición de sus ministros. ¿Qué tan ciertas son esas críticas o comentarios?

—Creo que esas críticas no comprenden nada de la función del Tribunal. Hay una falta de comprensión de que los ministros son jueces técnicos y especializados, con una experiencia y una formación sólida desde el punto de vista jurídico, y que por eso fueron elegidos para integrar este órgano.

Puede haber ciertas sensibilidades, normales en cualquier ser humano, pero nuestra obligación es aplicar la Constitución. Para comprenderla hay que aplicar criterios científicos de interpretación jurídica y ponderar los valores, principios y reglas desde la perspectiva del derecho constitucional.

—Pensando en la composición actual del Tribunal, ¿cómo están las relaciones con el Ejecutivo? Se ha afianzado con fuerza la idea de que el TC ha sido, quieran o no, un obstáculo sistemático para las reformas que el Gobierno ha impulsado. Esto, a propósito de los cuestionamientos a disposiciones de la Ley de Reconstrucción Nacional y a normas del proyecto de Escuelas Protegidas.

—Mira, es normal que eso suceda. Pueden presentarse requerimientos de parlamentarios o del Ejecutivo, que son los más complejos porque detrás de ellos hay una tensión política.

Tenemos que ejercer el control, independientemente si la decisión le gusta o no al Ejecutivo o al Parlamento. En algunos casos, como ocurrió recientemente, hay que aplicar las reglas establecidas en la Constitución, aunque eso pueda perjudicar a quienes esperaban que conociéramos el fondo.

—¿No cree que puede haber cierto dolo, o tal vez ingenuidad, del Ejecutivo al presentar proyectos en los que claramente se prevé que se vulnerará una norma constitucional y que terminarán siendo rechazados por el Tribunal?

—Habría que preguntarle al Ejecutivo por qué lo hace. No me corresponde juzgar sus actuaciones.

—Quisiera detenerme en otro punto relacionado con la composición del Tribunal y los cuestionamientos que han surgido al respecto. A su juicio, ¿requeriría cambios en el sistema de nombramiento?, ¿qué tan expuesto está el organismo a los cuoteos políticos?

—Si se nos plantea una consulta como cuerpo, como ocurrió durante los procesos constituyentes que finalmente fracasaron, podemos entregar una opinión. Pero, a priori, no nos corresponde.

Por lo demás, el sistema de nombramiento que tiene Chile es muy similar al de muchísimos otros países. Por ejemplo, se habla del deber de ingratitud, que dice que cuando uno accede a un cargo, debe desentenderse de quién lo nombró.

—En esa misma línea, usted perteneció a la Democracia Cristiana, ¿qué vínculo mantiene actualmente con el partido?

—La verdad es que mi vínculo fue únicamente como experta en derecho constitucional. Ahora, creo que no es un pecado haber pertenecido a un partido político. Por lo demás, mi mentor era Alejandro Silva Bascuñán, fundador de la Falange Nacional. Estuve 17 años con él y teníamos mucha afinidad de ideas. Pero eso condiciona en absoluto cómo me desenvuelvo en el Tribunal.

Pero yo entré al Tribunal y renuncié a ese partido. Desde entonces nunca he tenido ningún vínculo, de ningún tipo. no condiciona en absoluto cómo me desenvuelvo en el Tribunal.

Fallos y acciones recientes

—El TC declaró inadmisibles los requerimientos del Senado que buscaban impugnar ciertas disposiciones de la reforma a las Reglas del Uso de la Fuerza (RUF), porque fueron presentados después de su promulgación. ¿No podría existir alguna vía excepcional para que el Tribunal finalmente se pronuncie sobre su constitucionalidad?

—Como no hubo un pronunciamiento sobre el fondo, la ley, una vez promulgada, puede llegar igualmente al Tribunal por la vía de la inaplicabilidad, eventualmente. En otras palabras, esto no cierra el camino para que pudiésemos pronunciarnos.

—Pasando a otro caso, el TC suspendió algunos procedimientos de remoción y admitió a trámite un requerimiento de la Asociación Nacional de Magistrados en el contexto de los cuadernos abiertos por la Corte Suprema contra jueces que viajaron con licencia médica. Más allá de cómo termine, ¿cómo se evita que aquello se interprete como una defensa corporativa de los magistrados cuestionados o como una pugna con el Poder Judicial?

—Cuando llega un requerimiento, debemos revisar si cumple los requisitos de admisibilidad para poder entrar al fondo. En los casos de los jueces con cuadernos de remoción también se hizo ese examen y, a partir de la primera sentencia de fondo, se argumentó por qué las normas impugnadas no eran inconstitucionales. Allí se cuestionaron reglas vinculadas con la gestión administrativa de la Corte Suprema para la remoción de jueces.

Ahora el caso de la Asociación Nacional de Magistrados es distinto. La asociación presentó una acción de tutela de derechos fundamentales ante un juzgado laboral y, ante nosotros, cuestionó normas del Código Orgánico de Tribunales. Tampoco nos pidió suspender esa gestión.

Y creo que no hay ninguna pugna. Cada uno debe ejercer sus funciones y no veo que la Corte haya reaccionado de una manera especial.

—Recientemente se ingresó un proyecto que busca eliminar facultades del INDH, como la posibilidad de presentar querellas criminales. Pensando en el rol del TC en el resguardo de una Constitución democrática ¿Cuáles debieran ser los límites constitucionales frente a este tipo de iniciativas?

—No me puedo pronunciar anticipadamente sobre temas que eventualmente pueden llegar a nuestras manos. Yo creo que lo peor que le puede pasar a un tribunal es el activismo.