Aumenta preocupación en Concepción por personas en situación de calle descompensadas por salud mental

Sensación de inseguridad, daños e incluso agresiones son algunas de las situaciones que generan en Concepción ciertas personas en situación de calle con problemas de salud mental.

Cabe mencionar que, en el último tiempo, en la capital regional se han registrado varios episodios de daños a bienes de uso público y privado, como lo ocurrido con la estatua de Condorito o el montaje del Museo del Prado, donde se sospecha de una misma persona como presunto responsable.

La complejidad, argumentan dirigentes vecinales de la comuna penquista, comienza cuando se pone en riesgo tanto la salud y la vida de los vecinos como las de la propia persona.

El presidente de la Junta de Vecinos de Plaza Perú, Fernando Delgado, detalló que su comunidad ha sufrido agresiones.

Ante este problema, Delgado sostuvo que son las autoridades las que debieran hacerse cargo. Ejemplificó que hace un tiempo lograron el objetivo de internar a una persona en situación de calle que estaba generando conflictos. “Hace poco perseguimos un caso junto a la Municipalidad de Concepción, con la Seremi de Desarrollo Social y de Salud, también Carabineros y el Hospital Leonor Mascayano”, mencionó.

Aunque el dirigente vecinal hizo un alcance respecto de estas diligencias: “La cantidad de horas de trabajo de profesionales gastadas fue inmensa. Para que a los 15 días la persona ya haya vuelto a la calle”.

¿Es posible la internación forzosa?

Cuando la relación con el entorno se transforma en una seguidilla de conflictos que ponen en peligro la seguridad del individuo que padece una afección mental y la de sus vecinos, existe la posibilidad, desde el punto de vista legal, de realizar una internación forzosa. Así lo explicó Víctor Moreno Toledo, académico del Departamento de Derecho Económico de la Universidad de Concepción (UdeC).

Moreno detalló que “existen dos vías principales, de naturaleza distinta”. En primer lugar, la vía sanitaria, que corresponde a la hospitalización psiquiátrica involuntaria, regulada por la Ley N° 21.331 y el Código Sanitario. La segunda es la vía penal, que contempla la internación provisional y la medida de seguridad, de acuerdo con el Código Procesal Penal.

En el primer caso, se permite la hospitalización involuntaria solo cuando no es posible un tratamiento ambulatorio y existe una situación real de riesgo cierto e inminente para la vida o la integridad de la persona o de terceros, detalló el docente.

“Si la hospitalización se prolonga más de 72 horas, la autoridad sanitaria debe solicitar su revisión al Tribunal de Familia, que resuelve en tres días hábiles y la revisa cada 30 días (art. 14). La persona tiene derecho a abogado (art. 15), y debe ofrecerse el alta tan pronto cese el riesgo (art. 16)”, señaló Moreno.

En tanto, la segunda posibilidad trata de que “si la persona ha cometido un hecho constitutivo de delito y existen antecedentes que hagan presumir su inimputabilidad, el fiscal o el juez de garantía solicitan informe psiquiátrico (…) al término del proceso puede imponerse una medida de seguridad de internación psiquiátrica o de custodia y tratamiento (arts. 455 y 457 CPP), que nunca puede cumplirse en un recinto carcelario”.

Múltiples responsables

“La responsabilidad se distribuye según el momento”, detalló el académico de la Facultad de Ciencias Jurídicas. En ese sentido, mencionó a Carabineros o la PDI ante episodios de agresividad o daños en flagrancia. “Si hay descompensación evidente, se debería trasladar al servicio de urgencia”, acotó.

El Servicio de Salud Concepción y la Seremi de Salud del Biobío también tienen responsabilidades. Esta última es la autoridad sanitaria competente para la internación y responsable de solicitar la revisión judicial, según explicó el académico.

“El Juzgado de Familia de Concepción debe realizar el control de legalidad de la hospitalización que supere las 72 horas”, detalló. Además, especificó que la Comisión Regional de Protección de los Derechos de las Personas con Enfermedades Mentales debe establecer la supervisión desde la perspectiva de los derechos.

El Ministerio Público, el Juzgado de Garantía, la Municipalidad y los programas del Ministerio de Desarrollo Social y Familia dirigidos a personas en situación de calle también tienen injerencia.

Lo anterior significa que este problema implica una movilización de recursos considerable y de diversas instituciones.

“En un caso de daños reiterados, estimo que la vía penal ofrece un cauce, pues la hospitalización sanitaria solo atiende el episodio agudo y termina cuando cede el riesgo. Ambas vías exigen riesgo para la vida o integridad de personas, no para bienes”, advirtió el docente de la UdeC.

“Los daños a la propiedad, por sí solos, no habilitan la internación. Deben documentarse los episodios de agresividad hacia personas mediante partes policiales, testimonios y registros de atención de urgencia”, aclaró Víctor Moreno Toledo.

Seremi de Salud

Consultada la Seremi de Salud del Biobío sobre la posibilidad de realizar una internación forzosa en casos de complicaciones psiquiátricas que representen un riesgo, la institución indicó que, “según el Decreto 9 del año 2025, que regula la Hospitalización Psiquiátrica en el marco de la Ley 21.331 sobre el reconocimiento y protección de los derechos de las personas en su atención de salud mental”, su responsabilidad es intermedia en cuanto a la legalidad administrativa del proceso.

La Seremi de Salud debe revisar los antecedentes subidos a la plataforma por los equipos y dictar la resolución. Sin embargo, la coordinación sanitaria inicial para ingresar la solicitud corresponde a las redes asistenciales, señalaron a través de un comunicado.

“La Ley considera la revisión judicial de cada caso por parte de los Tribunales de Familia y por la COREPREM, que es la Comisión Regional de Protección de Personas con Enfermedades Mentales, además de una segunda evaluación médica”, indicaron desde la Seremi.

Aumento de la sensación de inseguridad

Si bien existe este mecanismo que puede apoyar tanto a las personas en situación de calle que atraviesan un desequilibrio de salud mental como a su entorno, los requisitos que contempla y la cantidad de instituciones responsables hacen que el proceso para ayudarlas a estabilizarse sea complejo, burocrático e incluso confuso. Esto también dificulta propiciar una sana convivencia.

Al respecto, José Veloso, presidente del Comité del Barrio Cívico de Concepción, comentó que, en este contexto, “no se ha reportado ningún caso de agresión física a los vecinos, pero es porque hemos sido súper cautelosos con ellos. Cuando salimos nos fijamos muy bien en las veredas, ya los tenemos identificados. Si los vemos, tratamos de pasar por las veredas del frente”.

Lo que sí ha ocurrido, manifestó, es que “nos han agredido verbalmente, nos gritan cosas, no todos, porque hay distintos tipos de problemas de salud mental, algunos son tranquilos”.

“Nos afecta, por la preocupación y el miedo, porque a veces ellos entran en crisis y se ponen violentos. Además, ha sido explosivo el aumento de estas personas”, detalló el dirigente.

Para Veloso, esta situación es complicada. “Porque no hay ningún plan para reinsertar en la sociedad o algún hogar que los pueda acoger donde puedan estar, es súper complejo”, manifestó.

Irene Flores, presidenta de la Junta de Vecinos de Parque Ecuador Sur, sostuvo que “obviamente, cuando hay daño mental, las autoridades deben proteger tanto al enfermo como a la comunidad”.