Chiguayante: concejales cuestionan ante Contraloría el incremento de gasto en personal a contrata

Hasta la Contraloría Regional del Biobío llegaron dos concejales de Chiguayante para presentar antecedentes y solicitar un pronunciamiento sobre eventuales irregularidades en el manejo de los recursos municipales.

La acción de Mayerlin Suárez y Dangelo Gacitúa apunta a la Modificación Presupuestaria N.º 6/2026, aprobada por el Concejo Municipal el pasado 4 de noviembre. En particular, cuestionan el aumento de los recursos destinados a financiar personal a contrata, cuyo gasto habría superado el límite establecido por ley.

El principal cuestionamiento se relaciona con el artículo 2 de la Ley N.º 18.883, que aprueba el Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales y establece que el gasto anual en personal a contrata no puede exceder el 40 % del gasto correspondiente al personal de planta.

Según los antecedentes expuestos por los ediles, tras la modificación presupuestaria la proporción habría llegado al 63,96 %, cifra que, aseguran, fue informada por el director de Control durante la Comisión de Hacienda.

Suárez sostuvo que la situación resulta especialmente preocupante considerando las desvinculaciones registradas en el municipio desde el año 2024. Según indicó, más de 200 trabajadores dejaron sus funciones o no tuvieron renovación de contrato durante este periodo, entre funcionarios a contrata y prestadores de servicios a honorarios.

La edil recordó que, al asumir la actual administración municipal, se planteó la existencia de un déficit financiero heredado, lo que dio paso a la salida de profesionales de distintos departamentos. Sin embargo, cuestionó que posteriormente se haya incrementado la contratación de personal a contrata.

“Se empezaron a desvincular profesionales de diferentes departamentos municipales y ahora no se justifica porque ya tenemos un 30 % más de contrataciones”, afirmó Suárez. Agregó que, de acuerdo con sus antecedentes, la proporción del gasto en contrata respecto del destinado a personal de planta alcanzaba un 48 % en 2024.

Información sobre traspasos

En cuanto a los movimientos presupuestarios, el concejal Gacitúa indicó que la modificación contempla un traspaso de $230 millones desde el ítem de personal de planta hacia el de contrata. A su juicio, esta operación requiere revisar cómo se está financiando la dotación municipal y si se ajusta a las disposiciones legales.

“Lo que hoy día hemos venido a hacer tiene que ver particularmente con buscar el pronunciamiento de la Contraloría frente a una situación que nos parece complicada y que precisamente tiene que ver con el porcentaje legal que tiene la municipalidad para poder generar sus contrataciones”, señaló.

Sobre los recursos destinados a remuneraciones, Suárez precisó que los ajustes no se limitarían a la modificación recientemente aprobada. Según afirmó, durante los últimos tres meses se han realizado dos modificaciones que involucran cerca de $600 millones para personal a contrata y otros $230 millones asociados a honorarios.

“Estamos por defender los derechos laborales de los funcionarios, pero también tenemos que estar dentro de la ley. Lamentablemente, estamos sobrepasados en un límite legal”, sostuvo la concejala.

Gacitúa, en tanto, incorporó otra arista relacionada con las consecuencias financieras de las desvinculaciones y los juicios laborales que han enfrentado trabajadores y ex prestadores de servicios a honorarios. Según afirmó, el municipio se acerca a los $300 millones en indemnizaciones derivadas de demandas laborales que habrían sido acogidas.

Además, sostuvo que en la discusión presupuestaria para 2027 se contemplarían otros $100 millones para ese concepto, pese a que todavía existen causas pendientes.

Otro de los cuestionamientos apunta a los antecedentes disponibles para la elaboración del presupuesto municipal de 2027. Suárez indicó que solicitaron a la administración una proyección financiera hasta diciembre, incluyendo ingresos efectivos, saldo de caja, obligaciones pendientes y compromisos por remuneraciones de funcionarios de planta, contrata y honorarios.

Sin embargo, sostuvo que no recibieron toda la documentación solicitada, situación que, a su juicio, limita el ejercicio de fiscalización del Concejo Municipal. “Si no sabemos cuánto dinero tenemos devengado hasta fin de año, no vamos a poder hacer un presupuesto con la realidad que se merece para poder proyectarlo el próximo año y tener un presupuesto financiado”, planteó.

Presuntos contratos vencidos

El último punto de la presentación ante la CGR corresponde a la situación de funcionarios a contrata cuyos nombramientos habrían vencido el 30 de octubre, pero que presuntamente continuaron desempeñando funciones durante noviembre sin contar con una renovación formalizada.

Los concejales solicitan verificar si existieron decretos de prórroga o nuevos nombramientos y si los pagos de remuneraciones contaban con el correspondiente respaldo. Según los antecedentes presentados, durante la Comisión de Hacienda del municipio la administración municipal habría descartado que existieran funcionarios trabajando sin un decreto vigente, afirmación que los ediles piden contrastar.

Consultada la Municipalidad, su director jurídico, Pablo Aros, señaló que hasta ahora la administración no ha recibido una notificación formal sobre la presentación ante Contraloría. Agregó que, una vez recibidos los antecedentes, el municipio elaborará una respuesta fundada y acompañará los argumentos jurídicos correspondientes.