Durante los últimos días marcó la agenda la expulsión de tres mujeres por parte del presidente del directorio de Gasco, de las orillas del Lago Ranco, después de que este señalara que el lugar era de su propiedad.
Esta situación pese a ser llamativa, es más común de lo que se piensa, así lo destaca la Seremi de Bienes Nacional del Biobío, donde se han registrado cerca de 91 denuncias, por no poder acceder de forma libre a playas, ríos y lagunas de la zona.
Entre los lugares, donde propietarios de terrenos han puesto obstáculos para que la comunidad ingrese a las orillas de los cuerpos de agua, destacan Pingueral en Dichato y Punta Parra en Tomé.
Pese a que esta acción no esta permitida por ley, el Estado no tiene la facultad para multar o castigar a quienes prohíban el acceso a lugares públicos.
Los dueños de los terrenos, que colindan con las orillas donde llega el nivel más alto de agua, no pueden prohibir el ingreso, pero si pueden cobrar estacionamiento u otros servicios. Así lo consigna Radio Bío Bío.