En diciembre pasado, Diario Concepción dio a conocer el caso de un matrimonio penquista guardadora de un niño de hoy dos años, a quienes cuidan desde que tenía cuatro meses.
En esa fecha, el tribunal de Familia de Concepción declaró al pequeño B. como susceptible de ser adoptado, ya que, cuando cumplió dos años, se decidió que era imposible que volviera con su familia biológica.
Desesperados por perder al que a estas alturas ya sentían como su hijo, y a quienes él reconoce como padres, Flavio Ruiz Román y Vilma Araos Fuchslocher, solicitaron al tribunal de Familia de Concepción, a través de su abogado Christian Echayz, que ellos fueron evaluados como padres adoptivos, pero su solicitud fue rechazada.
“Teníamos confianza en que los tribunales iban a velar por el bien superior del niño. Nuestros representados manifestaron su voluntad de adoptarlo, ya que lo habían tenido a su cuidado por casi dos años. Él reconoce a sus guardadores como sus padres: con ellos aprendió a caminar, a hablar, lo que implica el crecimiento de un niño”, dijo el profesional.
Sin embargo, el tribunal no dio lugar a la solicitud del matrimonio y ofició a Sename para que se les remitieran tres carpetas de posibles adoptantes. En apenas un mes y medio, escogieron a un matrimonio como los posibles padres adoptivos de B. y, en los próximos días, se podría ordenar el retiro del niño para entregarlo a la nueva familia.
Acciones legales
Ante el revés judicial, se apeló a la Corte penquista, donde esperan fecha para que sea revisada. Sin embargo, el 11 de febrero pasado, el tribunal de alzada no acogió la orden de no innovar, que solicitaba que el niño se quedara en el que ha sido su hogar desde los cuatro meses.
“Lo que pedimos es que el niño se quede donde está hasta que se resuelva el fondo del recurso, porque ¿qué pasa si se decide entregarlo a la familia adoptiva y luego la Corte decide que se debe anular el proceso o retrotraerlo a un estado anterior a la entrega, y hubiera que devolverlo a los guardadores?”, pregunta el abogado.
La lucha de José Luis
Christian Echayz recordó que, en 2016, en Ancud, el carabinero José Luis Paredes y su esposa Jocelyn Bahamondes lograron su sueño perseguido por tres años: adoptar a la pequeña Monserrat, de quien fueron sus guardadores desde los 10 meses.
El caso produjo una gran polémica y conmoción, cuando Paredes huyó con la niña ante la posibilidad de que fuera entregada a otra familia para su adopción. Tras una larga batalla judicial, el matrimonio logró adoptar a la pequeña.
Estudiando ese caso y otros, el abogado Echayz se percató de que en la legislación vigente no existe ningún artículo que prohiba adoptar a las familias de acogida y que sólo lo impiden los criterios y procedimientos fijados por el Sename.
Más aún, en el artículo 19 de la ley de adopción se asegura que “se podrá confiar el cuidado personal del menor a quienes hayan manifestado su voluntad de adoptarlo”,argumento que utilizaron en la acción legal para poder quedarse con el pequeño al que consideran su hijo.
Apego es clave
Carolina Amado, presidenta de la Agrupación Lazos de Familia, que reúne a padres adoptivos de la zona, afirmó que “lamentablemente, este tipo de sucesos dejar entrever que nuestra legislación permanece ajena a este tipo eventos, como a muchos más vinculados a la infancia, ya que a pesar que el discurso se centra en el bien superior de los niños, a la hora de enfrentar situaciones de esta naturaleza, el menor nuevamente es mermado en su condición de vivir en familia, de manera estable y plena”.
Agregó que “es válido que el Sename, tras el sin fin de problemáticas experimentadas en sus hogares o residencias, opte por la instancia de familia de acogida; no obstante, resulta imperativo que los plazos sean rigurosamente acatados, por los vínculos que se van estableciendo en el núcleo de la familia, con el pasar del tiempo. “Lamentamos que la felicidad y estabilidad de un niño, que desde edad muy temprana ha sido vulnerado en sus derechos, nuevamente, experimente desarraigos producto de la inoperancia de nuestro sistema”.
La respuesta de Sename
Consultado el Servicio Nacional de Menores (Sename), aseguraron que no pueden referirse al caso en particular, por tratarse de una adopción. Sin embargo, su director regional (s), Felipe Huerta, aseguró que “el Servicio Nacional de Menores es una institución que colabora y acata lo que dictaminen los tribunales. Estamos mandatados a eso en el contexto proteccional y también en justicia juvenil. Nos abocamos a enmarcar nuestro trabajo en la normativa que nos rige en la actualidad. Existe una iniciativa legislativa para modernizar la ley de adopciones, que esperamos recoja nuevas opciones que hoy no existen legalmente. Estamos a favor de modernizar una ley tan importante y que busca restablecer un derecho que los niños y niñas han perdido, que es a vivir en una familia de los cuide con amor y respeto”.
Pese a que se pidió un pronunciamiento a la Corte penquista, se aseguró que no lo harán hasta que se revise el caso.