La Corte de Apelaciones de Valparaíso sentenció al Senado por incumplir la Ley Antidiscrimianción o Ley Zamudio hacia una trabajadora ciega, quien habría sido vulnerada psicológicamente por parte de su equipo de trabajo al interior de la entidad. Se determinó el pago de 10 UTM, restituir en el puesto a la demandante y costear el pago a las costas del juicio.
Natalia Ravanales, telefonista del senado -que padece desde los 6 meses de edad cataratas congénitas bilaterales, con presencia de nistagmus- demandó a la entidad debido a los diferentes episodios de maltratos de los que fue víctima, donde además se le obligó a trabajar desde su casa.
Los Tribunales juzgaron a su favor debido a que “es la única de todas las operadoras que está obligada a trabajar exclusivamente desde su casa (…) siendo objeto de discriminación”. Asimismo, cuestiona que sin existir alguna investigación se le sancionara. Como destaca CNN.
En la sentencia, se manifiesta que todos las autoridades involucradas no lo hicieron como particulares, si no como representantes del Senado. Entre los cuales se encuentran: el jefe de personal del Senado, Carlos Becerra; la directora de Administración, Ximena Amigo; el jefe de Administración, Luis Carrillo, y el presidente de la Asociación de Funcionarios, Fernando Soffia.
Episodios de discriminación
Según Ravanales, los abusos comenzaron cuando ingresó a trabajar en 2014 por un cupo de discapacidad: “La recepción de mis pares fue hostil, básicamente porque me señalaron que estaban preparadas para recibir a una persona completamente ciega”.
Tras diferentes eventos incómodos, se le designó una tutora, quien se dedicó a entorpecer sus labores, dificultando la adecuación de una estación de trabajo para personas con visión limitada.
Asimismo, sus colegas cuestionaron la veracidad de su ceguera, debido a que no usaba bastón o se maquillaba. Además, se borraron datos de su computador, se presentaron números invertidos en su libreta de contactos y existieron trucos intencionales para el mal funcionamiento del software, entre otras malas prácticas.
Posterior a estos hechos, cuatro compañeras enviaron una carta a sus superiores, donde se tildaba a Natalia de conflictiva, donde se determinó que el ambiente laboral era negativo ante que arribará la telefonista. Por esto la afectada solicitó un traslado de departamento.
En una reunión que fue grabada por la denunciante, se le comunicó que debía trabajar desde casa mientras durara el sumario. Natalia se opuso debido a que el programa no se puede usar a distancia y quedaría de nuevo bajo la tutela de quienes la acosaban. Luego estampó la denuncia en tribunales.