A casi un año de su anuncio en la Cuenta Pública Presidencial de 2024, la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana; junto a la ministra de Salud, Ximena Aguilera; el ministro del Interior, Álvaro Elizalde; y el titular de Justicia y DD.HH., Jaime Gajardo, anunció el ingreso del proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) con plazos al Congreso.
Según indicaron las autoridades en la presentación de la iniciativa, el proyecto contempla regular el aborto con plazos y establece la posibilidad de interrumpir el embarazo de forma voluntaria hasta las 14 semanas de gestación, además de establecer mecanismos en el sistema de salud para ello.
De esta manera, se busca garantizar el acceso a la prestación en el plazo más breve posible junto al acceso a la información. Asimismo la iniciativa se remite a las normas del Código Sanitario para efectos de la presentación del consentimiento.
La propuesta, según explicaron desde el Gobierno, mantiene las normas de objeción de conciencia establecidas en la ley chilena, tanto personal como institucional; y busca garantizar el acceso a la prestación en el plazo más breve posible, así como el acceso a la información.
Tras el anuncio del Ejecutivo se conocieron las reacciones por parte de las y los parlamentarios, quienes, finalmente, deberán debatir y votar el proyecto en el Congreso. Es así como entre los congresistas locales sugirieron diferentes opciones, aunque la mayoría apunta a la prioridad de la ley.
Bajo ese contexto, la diputada del Distrito 20, María Candelaria Acevedo (PC) aseguró que está totalmente de acuerdo con la presentación y discusión del proyecto, argumentando que “es de total justicia para las mujeres el poder de decisión sobre sus cuerpos, y con esto quiero remarcar que nadie estará obligada a practicar la interrupción de un embarazo, pero sí tendrán la posibilidad de hacerlo de forma segura”.
De la misma forma, Acevedo complementó que “es una señal positiva para la ciudadanía que el gobierno avance en los compromisos asumidos en su campaña”.
No obstante, precisó que “me habría gustado que este proyecto se presentara con antelación, para tener el tiempo suficiente para su discusión dentro del Congreso”.
Paralelamente, y a diferencia de Acevedo, Marlene Pérez, diputada del Distrito 20 (Ind-UDI) criticó que el Gobierno diera a conocer una iniciativa sobre el aborto, acusando que solo lo hace por razones ideológicas.
“Es muy lamentable que el Gobierno, por razones netamente ideológicas, siga insistiendo con un proyecto de aborto libre que está muy lejos de ser una prioridad entre los chilenos. La discusión en torno a este tema ya se zanjó hace varios años y en nuestro país existe una ley de aborto en tres causales, que puede que a muchos no les guste, pero es una herramienta que está a disposición de las mujeres que así lo requieran”, señaló la diputada Pérez.
Al mismo tiempo, la congresista de oposición aseguró que el proyecto no es viable en la Cámara Baja, ya que “no es prioridad en medio de las otras crisis que estamos viviendo, como en materia de seguridad o economía, o el escándalo de corrupción por el uso irregular de licencias médicas en el sector público, con este proyecto sólo intentan distraer y tensionar la labor legislativa”.
Joanna Pérez (Demócratas), diputada del Distrito 21, también planteó sus dudas en torno al proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) con plazos, y manifestó que “creo que ni el propio oficialismo tiene claro cuál es la postura sobre el proyecto del aborto libre porque no se conoce el texto ni el detalle. Antes el actual oficialismo hablaba de la despenalización y mandaron un proyecto que en ningún caso se hacía cargo ni entregaba ningún tipo de prestación”.
Una arista que abordó la parlamentaria de Demócratas es que afirmó que actualmente en el Congreso no están los votos para aprobar una iniciativa de ley de tales características. “Hoy no existen los votos para poder abordar esto y menos de nueve meses que le queda a este gobierno. Así que creo que solamente le hablan a su sector, a nicho, pero ya les queda poco tiempo, poco relato, poca posibilidad de instalar cualquier tema”, dijo Pérez.
Desde el Partido Demócrata Cristiano, el diputado del Distrito 20, Eric Aedo (DC), sostuvo que si existe una intención del Gobierno en que la propuesta de IVE con plazos se transforme en ley, el Ejecutivo debería ser “el encargado de ponerle las urgencias legislativas que más le acomoden”.
Sobre su postura, Aedo aseveró que “quienes no estamos de acuerdo con ese proyecto, tenemos todo el derecho y la libertad a expresar que no vamos a apoyar un proyecto de aborto libre ni de 14 semanas. Eso es, al menos, lo que la bancada de la Democracia Cristiana piensa y es lo que va a sostener en el tiempo. Y esto no es novedad, se lo hemos dicho al gobierno hace ya un año, cuando lo anunció el presidente de la República, el año 2024, justamente en junio”.
Bajo el mismo contexto, el parlamentario DC comentó que “existe toda la libertad para expresar los proyectos de ley, para discutirlos, pero también toda la libertad para decirle al gobierno que vamos a rechazar este proyecto y que no cuenta con nuestros votos, y además yo creo que no tiene una mayoría hoy día en la Cámara de Diputados y Diputadas”.
Quien también manifestó su rechazo al proyecto es el diputado Roberto Arroyo (PSC), representante del Distrito 20,argumentando que su rechazo existe en que “el gobierno esté priorizando esta iniciativa en lugar de enfocarse en solucionar problemas más urgentes y relevantes para los chilenos, como la falta de acceso a la salud, la educación precaria o la infancia vulnerada. Es evidente que hay otras prioridades que deberían ser atendidas antes de legalizar el aborto, que priva a un ser humano de la posibilidad de vivir”.
Aborto en Chile
De acuerdo a lo expuesto por el Gobierno existen estimaciones que hablan desde 40 mil a 170 mil abortos clandestinos anuales en nuestro país.
Un estudio de la Corporación Miles descubrió que entre 2012 y 2022 se abrieron 444 investigaciones por el delito de aborto, aún cuando el 10% de los casos correspondía a abortos espontáneos acreditados. La criminalización y clandestinidad del aborto acarrea grandes desigualdades al depender de los recursos para acceder al mercado clandestino, con procedimientos que no son seguros y de altísimo costo.
Según los datos del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, desde la implementación de la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo bajo tres causales, hace siete años, el 85% de las mujeres que han llegado a centros asistenciales y tenían el derecho a acogerse a alguna de las causas contempladas en la norma, decidió interrumpir su embarazo.