Con una serie de proyectos impulsados por el Ministerio de Obras Públicas (MOP), en coordinación con Transportes y Telecomunicaciones (MTT), el Gran Concepción se prepara para una transformación estructural de su sistema de transporte público. Se trata de los corredores de transporte público, o también llamados electrocorredores, proyectados para la Ruta 160 —entre San Pedro de la Paz y Coronel—, la Ruta 150 y la Autopista Concepción–Talcahuano (Tramo II), las primeras obras de este tipo desarrolladas fuera de Santiago.
Enmarcadas en la red de “electrocorredores” para el Gran Concepción, las iniciativas buscan modernizar la infraestructura metropolitana, otorgando prioridad al transporte público, mejorando la seguridad vial y preparando los principales ejes de conexión para la futura operación de buses eléctricos y de bajas emisiones. En el Biobío, se integran orientado a fortalecer la conectividad norte–sur y consolidar una red intercomunal de transporte más eficiente y sustentable.
En detalle, el corredor de la Ruta 160 contempla una intervención de 14,6 km, con pistas exclusivas, paraderos de alta capacidad, cruces seguros y obras de drenaje y pavimentación reforzada. El proyecto beneficiará directamente a los servicios que conectan San Pedro, Lomas Coloradas, Boca Sur, Michaihue y Coronel, zonas que hoy concentran los mayores tiempos de desplazamiento del área metropolitana.
Por su parte, el corredor de la Ruta 150 contempla una intervención cercana a los 8 kilómetros, con mejoras en la conectividad entre Penco, Cosmito y el acceso norte de Concepción, incluyendo pistas exclusivas para transporte público, cruces peatonales y paraderos de alta capacidad.
Y aunque convive dentro del mismo proyecto con el corredor de la Ruta 150, el diseño en la Autopista Concepción–Talcahuano (Tramo II) considera otros 8 kilómetros de obras, abarcando sectores estratégicos como Hualpén, el subcentro de Talcahuano y El Trébol. Este eje incorporará andenes segregados, ciclovías, semaforización coordinada, pasos peatonales elevados y obras de paisajismo urbano.
Todas las obras se desarrollarán bajo el modelo de concesión a 30 años, con una inversión global cercana a US$ 250 millones. En el caso de la Ruta 160, la licitación ya cerró la recepción de ofertas técnicas y avanzará hacia la apertura económica durante el primer semestre de 2026.
En paralelo, el correspondiente a la Ruta 150 y la Autopista Concepción–Talcahuano (Tramo II) continúa en evaluación de antecedentes, con adjudicación estimada para ese mismo año. Una vez adjudicadas, las concesionarias dispondrán de 10 meses para elaborar la ingeniería de detalle, por lo que el inicio de obras se proyecta para 2027, con un plazo de ejecución de cuatro años.
Objetivos para la movilidad
En otro ámbito, si bien los lineamientos ya están clarificados a través de las bases y cronogramas del MOP, desde la cartera de Transportes recalcaron que los corredores son fruto del trabajo conjunto con Sectra. El ministerio explicó que las iniciativas consideran “la planificación de la ciudad y los potenciales impactos viales”, junto con variables de integración de servicios y de modos activos, como caminata y bicicleta, que apuntan a una movilidad más sustentable.
“Un bus, en horario punta, moviliza alrededor de 40 pasajeros, mientras que un vehículo particular lo hace solo con una persona. Por eficiencia e integración, potenciar este tipo de proyectos colabora con una movilidad más eficiente”, señaló Patricio Fierro, seremi de Transportes del Biobío.
Consultado por la coordinación con los gremios, la misma autoridad sostuvo que los operadores y conductores también se verán beneficiados con la implementación de vías segregadas, especialmente en el tramo entre Daniel Belmar y el by-pass de Coronel, donde se eliminarán cruces ferroviarios y se reforzará la continuidad operacional. “Confiamos plenamente en que los gremios apoyarán este tipo de inversiones”, afirmó.
Respecto al concepto de “electrocorredores”, si bien este se utiliza en el branding oficial del MOP, desde la Seremi de Transportes del Biobío aclararon que la denominación más acertada sería “corredores de transporte público”, ya que las vías permitirán la circulación tanto de buses eléctricos como diésel, tal como contempla la licitación en marcha para el Lota-Coronel.
En palabras del seremi Patricio Fierro, se trata de una infraestructura preparada para la futura incorporación de flotas eléctricas, pero no exclusiva para ellas, recalcando que el trabajo del ministerio está concentrado en dicha implementación, “a la par con los procesos administrativos que trae consigo el proyecto de corredores”.
Análisis de beneficios
Desde una mirada especializada, el académico Alejandro Tudela, doctor en Ingeniería y profesor de la Universidad de Concepción, experto en planificación de movilidad urbana, destacó que la implementación de corredores segregados constituye una herramienta clave dentro de la política pública de fomento al transporte colectivo. Explicó que estas infraestructuras “permiten separar los vehículos livianos de los buses, lo que eleva la velocidad media de ambos tipos de transporte y mejora la eficiencia del sistema en su conjunto”.
Según Tudela, aunque el flujo de buses es menor en comparación con el de automóviles, el impacto social es mayor, pues beneficia a un número más amplio de pasajeros. “El corredor permite mejorar la experiencia de viaje de los usuarios de buses, mantener su demanda y eventualmente aumentarla”, precisó, subrayando que estas ventajas deben ir acompañadas de un mejor estándar de flota, de modo que las mejoras en velocidad se traduzcan también en mayor calidad y confort del servicio.
Desde la perspectiva urbana, el académico advirtió que el diseño de los corredores debe ir acompañado de una planificación peatonal y de accesibilidad. Indicó que, en muchos casos, los problemas no están en la vía exclusiva, sino en los accesos y cruces hacia los paraderos, donde faltan demarcaciones, semáforos coordinados e infraestructura inclusiva. “No basta con el corredor; hay que asegurar que las personas puedan llegar de forma segura y cómoda al bus”, enfatizó.
Sobre el impacto de este tipo de proyectos, propuso realizar mediciones antes y después de la implementación, registrando tiempos de viaje, velocidades y esperas promedio, además de recopilar percepciones de los usuarios. “La calidad del servicio y la experiencia de viaje también deben medirse; no todo se resume en minutos o kilómetros”, indicó.
“Normalmente, lo que se hace es un plan de gestión de tránsito durante la construcción”, explicó Tudela, al referirse a las medidas necesarias para evitar impactos mientras avanzan las obras. Detalló —a modo de síntesis— que dicho plan debe incluir vías alternativas, pavimentos reforzados, coordinación de semáforos y señalización de virajes, de modo que el flujo vehicular se mantenga ordenado y seguro.
Recepción de los transportistas
Aunque los proyectos aún están en fases burocráticas, la Asociación Provincial de Dueños de Taxibuses de Concepción observa su avance con atención. Su presidente, Alejandro Riquelme, cree que estas obras —en especial las que se proyectan sobre la Autopista Concepción–Talcahuano y la Ruta 160— pueden significar una mejora real en la circulación diaria.
“Estos proyectos van a permitir mayor fluidez del transporte público, tanto para los conductores como para los usuarios”, señaló, destacando que la infraestructura podría aliviar la congestión en los principales accesos al área metropolitana.
Junto con esa expectativa, el dirigente llamó a coordinar con anticipación los desvíos y rutas provisorias cuando corresponda, de modo que los tiempos de viaje no se vean alterados al empezar las obras. Acerca de lo último, identificó al eje Concepción–Talcahuano como el punto más sensible: “Ahí no hay caletera ni calles alternativas por donde puedan circular los buses; por Colón tampoco está terminado el corredor”, explicó.
El dirigente insistió en que el inicio de las faenas requerirá una planificación temprana. A su juicio, el tránsito por la autopista podría volverse complejo “si no se definen alternativas desde el primer día”. Por eso, planteó la necesidad de establecer “acuerdos claros con las autoridades” que aseguren la continuidad del servicio y eviten impactos en los usuarios.
Hasta ahora, explicó, el gremio solo maneja información general proporcionada por su asesor técnico, sin lineamientos oficiales sobre los desvíos o el cronograma. Riquelme ubicó como tramo más delicado el comprendido entre Puente Perales y El Trébol, donde propone habilitar una vía paralela asfaltada, tipo caletera, que permita mantener la operación mientras duren las obras.