Ferepa y Conapach coinciden en pedir claridad sobre la aplicación regional.
La Región del Biobío, reconocida históricamente como el principal polo pesquero del país, será una de las zonas más favorecidas con la entrada en vigor de la Ley de Fraccionamiento Pesquero, una normativa que redefine la forma en que se distribuyen las cuotas y se gestionan los recursos marítimos.
El anuncio, encabezado por el biministro de Economía, Álvaro García, y el subsecretario de Pesca y Acuicultura, Julio Salas, fue recibido con optimismo por los actores del sector artesanal en la región, aunque también con llamados a precisar cómo se implementarán las nuevas disposiciones.
De acuerdo con las autoridades, las siete medidas administrativas que comienzan a regir beneficiarán a más de 22 mil pescadores y pescadoras artesanales y a cerca de 6.600 embarcaciones a lo largo del país. La iniciativa busca promover una pesca sustentable, equitativa y orientada al consumo humano, fortaleciendo la economía local y las pequeñas y medianas empresas que procesan productos del mar.
Una región clave en el nuevo escenario pesquero
El seremi de Economía, Fomento y Turismo del Biobío, Javier Sepúlveda, destacó que la nueva ley representa un cambio estructural que favorecerá directamente al territorio.
“La Región del Biobío es la capital pesquera de Chile. Aquí se concentran los mayores niveles de desembarque y la mayor cantidad de embarcaciones del país. Por eso, esta ley nos beneficia de manera directa y significativa”, señaló.
Sepúlveda explicó que la Ley de Fraccionamiento es el resultado de un largo proceso de diálogo con comunidades costeras iniciado a fines de 2022, en el cual participaron autoridades regionales, sindicatos y federaciones del sector artesanal.
“Fue un compromiso que asumió el Presidente Gabriel Boric con nuestros pescadores y que hoy estamos cumpliendo. Esta ley busca corregir las distorsiones heredadas de la antigua ‘Ley Longueira’, una norma que fue altamente cuestionada por favorecer a grandes grupos económicos en desmedro de los pescadores artesanales”, puntualizó.
Subpesca: flotas multiespecie y diversificación productiva
Desde la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (Subpesca), destacaron que el conjunto de medidas administrativas asociadas a la ley tiene como eje central impulsar una pesca artesanal “multiespecie”, que permita a las flotas rotar entre distintas faenas durante el año.
“Estas medidas fomentan la sustentabilidad y la diversificación productiva, otorgando mayor seguridad económica a los pescadores y sus familias”, señalaron desde la entidad.
Asimismo, la Subpesca subrayó que el nuevo esquema permitirá mantener la continuidad del abastecimiento para el consumo humano, especialmente en las pymes procesadoras de productos del mar, y fortalecerá la oferta de pescados y mariscos frescos en los mercados locales y nacionales.
“El objetivo es que los consumidores puedan acceder a productos del mar a precios razonables, mientras se impulsa el desarrollo económico de las comunidades costeras”, añadieron.
Ferepa Biobío: “Se recoge lo que planteamos por años”
Desde la Federación Regional de Pescadores Artesanales del Biobío (Ferepa Biobío) valoraron que el nuevo marco normativo incorpore propuestas históricas del sector artesanal de la zona.
El presidente de la federación, Cristian Arancibia, sostuvo que muchas de las medidas fueron parte de las demandas planteadas desde la región en los últimos años, señalando que “Esta ley recoge lo que por años hemos pedido: una pesca sostenible, el reconocimiento de la pesca ancestral y artesanal, el desarrollo local y el fortalecimiento de los mercados de cercanía, de la caleta a tu mesa”, expresó.
Arancibia recalcó que el fraccionamiento corrige distribuciones injustas, como la de la merluza común, y abre nuevas oportunidades en recursos como el jurel, la jibia, la reineta y la merluza del sur, fortaleciendo la economía local y la soberanía alimentaria.
Entre las medidas más destacadas mencionó la ampliación de la pesca artesanal de jurel y jibia para consumo humano, la habilitación de flotas multiespecie que diversifiquen la actividad según las características de cada territorio y la apertura de nuevas pesquerías, como merluza de cola, sardina española y crustáceos de pequeña escala.
“Estamos avanzando hacia una pesca más equitativa y sustentable, con valor local. Este es el camino correcto; ahora resta ver cómo se implementarán estas disposiciones en cada región”, concluyó el dirigente.
Las medidas en detalle
El documento oficial del Ministerio de Economía detalla siete medidas administrativas que buscan materializar el principio de “Pesca para los que Pescan”. Entre ellas se destacan: Pesca artesanal de jurel para consumo humano que permitirá la extracción del recurso en todo el país a embarcaciones menores de 12 metros, beneficiando a casi 20 mil pescadores.
Más y mejor pesca de jibia, donde se autoriza la pesquería con potera para embarcaciones menores que trabajen sin cerco ni arrastre, favoreciendo a más de 4 mil pescadores y la diversificación productiva que habilita flotas “multiespecie” que podrán rotar en distintas faenas durante el año, aportando estabilidad económica a más de 22 mil personas.
Se habilitó la captura de merluza de cola en el sur austral, específicamente en las regiones de Los Lagos, Aysén y Magallanes. Además, se incorporó la sardina española en la zona norte, con el objetivo de fortalecer la actividad pesquera entre Arica y Coquimbo.
En cuanto a los crustáceos en pequeña escala, se permitirá la captura de langostinos y camarones en el tramo comprendido entre Atacama y Biobío. Finalmente, se asignaron cuotas de sardina y anchoveta para carnada a embarcaciones menores de nueve metros que elaboran carnada artesanal.
Estas disposiciones se enmarcan en una primera etapa de implementación, mientras que un segundo grupo de medidas, que incrementará las cuotas de flotas pelágicas y demersales, entrará en vigencia el 1 de enero de 2026.
CONAPACH: avances valorados, pero con cautela
La Confederación Nacional de Pescadores Artesanales de Chile (CONAPACH) también se refirió al anuncio, destacando que las nuevas disposiciones responden a demandas planteadas por el sector desde hace varios años.
El tesorero de la organización, Miguel Ávalos, reconoció que la noticia fue bien recibida, aunque hizo un llamado a detallar la aplicación de las medidas por regiones y pesquerías.
Ávalos señaló que si bien las organizaciones coincidieron con el gobierno en priorizar la Ley de Fraccionamiento antes de reformar la ley de pesca en su conjunto, hoy existe cierta inquietud respecto de los alcances específicos de cada disposición.
“Necesitamos claridad sobre cuántas embarcaciones se verán efectivamente beneficiadas y cómo se aplicarán los criterios por macrozona. No se trata de obstaculizar el proceso, sino de informar con precisión a nuestras comunidades”, enfatizó.