El reciente pronunciamiento de la Contraloría General de la República (CGR) sobre el Fondo de Financiamiento de la Educación Superior (FES) abrió el debate político y académico sobre la reforma del sistema de créditos universitarios.
El órgano fiscalizador objetó la fórmula empleada por el Ejecutivo para calcular el impacto fiscal del FES, advirtiendo que los recursos del fondo no pueden contabilizarse como activos financieros del Estado, debido a la incertidumbre respecto a su eventual recuperación futura por parte de los beneficiarios.
La observación, en apariencia técnica, tiene implicancias de fondo: según la Contraloría, los recursos deben registrarse como activos contingentes, es decir, como ingresos cuya materialización depende de eventos inciertos. Esta interpretación difiere de la metodología aplicada por el Ministerio de Educación y el Ministerio de Hacienda, que habían considerado el fondo como un activo estatal, con efectos directos en las proyecciones presupuestarias y en la sostenibilidad del nuevo modelo.
FES: un modelo con justicia social, pero con desafíos contables
El FES es la propuesta del Gobierno para reemplazar al cuestionado Crédito con Aval del Estado (CAE), vigente desde 2006, y otros mecanismos más de crédito estudiantil. A diferencia del sistema anterior, el nuevo modelo elimina la participación de bancos privados, establece un crédito administrado directamente por el Estado y vincula el pago a la capacidad de ingreso de los egresados.
Quienes perciban sueldos inferiores al millón de pesos mensual no deberán pagar, y quienes superen ese umbral lo harán destinando hasta un 8 % de su renta por un número de años equivalente a la duración de su carrera.
Transcurrido ese plazo, la deuda se extinguirá, incluso si el monto total no ha sido cubierto. La medida busca evitar el endeudamiento perpetuo que caracteriza al CAE. Sin embargo, el optimismo del Ejecutivo ha chocado con las advertencias técnicas de la CGR.
La diferencia radica en cómo contabilizar los recursos del fondo: si se los reconoce como activos financieros, el Estado proyecta ingresos futuros con cierta certeza; si se los clasifica como activos contingentes, esos ingresos se vuelven inciertos y no pueden respaldar presupuestos a largo plazo.
Para Reinier Hollander Sanhueza, director del Departamento de Administración y Auditoría de la Universidad del Bío-Bío (UBB), el diagnóstico de la Contraloría tiene fundamento. “El FES constituye un cambio estructural en el financiamiento de la educación superior chilena, pero implica un desafío importante para los registros patrimoniales del Estado”, explicó.
Hollander detalló que, al no generar un derecho cierto de cobro al momento del desembolso, el fondo “no califica como activo financiero a la luz de las normas contables del sector público”, lo que tiene un impacto directo en las arcas fiscales. En esa línea, advirtió que la revelación contable de estos activos debe ser “rigurosa y transparente”, pues de lo contrario podría comprometer la sostenibilidad del sistema.
El académico añadió que “la equidad no puede situarse en el extremo contrario de la sostenibilidad”, y que el éxito del FES dependerá de su transparencia, capacidad de recuperación y estabilidad fiscal. “El instrumento es valioso en términos de justicia social, pero requiere un modelo de gestión que garantice su viabilidad a largo plazo”, concluyó.
Archivo Diario Concepción.
Voces políticas del Biobío
En la Región del Biobío, las diputadas y diputados han coincidido en la necesidad de revisar la fórmula del Ejecutivo, aunque desde miradas diversas sobre la conveniencia y el alcance del nuevo sistema.
Para la diputada Joanna Pérez (Demócratas), la objeción de la Contraloría es “grave y compleja”, pues pone en entredicho la seriedad con que el Gobierno ha abordado una de sus promesas emblemáticas: el fin del CAE.
“El Ejecutivo no puede permitirse tropiezos de esta magnitud. Este revés alimenta la desconfianza sobre sus cifras y proyecciones”, señaló la parlamentaria, quien además emplazó al Ministerio de Educación a aclarar la situación “no solo en el presupuesto de 2026, sino en todos los proyectos de ley que impliquen gasto público”.
Desde la UDI, la diputada Flor Weisse coincidió en valorar el pronunciamiento de la Contraloría por reforzar la responsabilidad fiscal. “Todos queremos eliminar el CAE y aliviar a las familias, pero las promesas deben tener respaldo financiero”, dijo.
En su opinión, clasificar los recursos del FES como activos contingentes “refleja la falta de certeza sobre su recuperación futura”, lo que podría afectar la transparencia de las cuentas públicas. Weisse insistió en que el Ejecutivo debe “corregir la metodología y aclarar el impacto real del fondo”, subrayando que “las políticas en educación deben ser sostenibles y responsables”.
El diputado Roberto Arroyo (Partido Social Cristiano) fue aún más crítico: “El informe de la Contraloría viene a confirmar lo que advertimos desde el principio: este es un mal proyecto”, afirmó. Según él, la falta de certeza en la retribución de los créditos “demuestra que el Gobierno actuó por capricho político más que por planificación”, al tratar de cumplir una promesa de campaña sin garantizar su sustentabilidad.
En contraste, la diputada María Candelaria Acevedo (Partido Comunista) valoró la iniciativa y defendió su espíritu. “El FES es necesario y goza de un consenso transversal respecto a su urgencia”, indicó. No obstante, reconoció que el proyecto debe perfeccionarse y que “las observaciones de la Contraloría y de los expertos deben ser tomadas en cuenta para evitar riesgos fiscales”.
Desde una mirada más técnica, la diputada Karen Medina sostuvo que “es crucial abordar las observaciones de la Contraloría y garantizar la transparencia en la evaluación del impacto fiscal”. A su juicio, el Ejecutivo debe “revisar y perfeccionar el proyecto para brindar certidumbre sobre la gestión de los recursos y asegurar un manejo responsable y eficiente en beneficio de la educación superior”.
El diputado Félix González, por su parte, contextualizó el dictamen desde una perspectiva más estructural. A su juicio, las observaciones de la Contraloría “tienen que ver con asuntos contables”, y no con un rechazo a la política pública. “No hay un cuestionamiento de fondo”, explicó.
González destacó que el FES pone fin al pago de intereses a los bancos, lo que considera “un paso adelante respecto al desastre financiero y social del CAE”. “Aunque no se puede determinar con precisión cuánto dinero se reintegrará, los pagos irán al Estado y no a la banca privada. Eso ya es un avance”, sostuvo.
Finalmente, la diputada Clara Sagardía (Independiente- Convergencia Social) hizo un llamado a equilibrar las observaciones técnicas con la mirada social. “Más allá del informe de la Contraloría, hay que recordar que el Estado lleva más de una década subsidiando a los bancos mediante el CAE. Este cambio apunta a que sea el propio Estado quien asuma directamente la administración de las deudas educativas”, subrayó.