Actores plantean que mejorar impactos en los bolsillos ciudadanos debe considerar la sostenibilidad de un modelo que ha permitido generar infraestructura, inversión y empleo.
Tras el avance, en el Congreso, del proyecto de Ley denominado “No más TAG”, el Gobierno, CPC Biobío y la Asociación de Municipalidades de la Región del Biobío analizaron los posibles efectos en la Región ante una eventual aprobación de la propuesta.
Hasta ahora, la iniciativa impulsada por el diputado Jaime Mulet de la Federación Regionalista Verde Social (FRVS) fue aprobada, en lo general, por 59 votos a favor (cerca de un 40%), 38 en contra y 9 abstenciones en la Cámara de Diputadas y Diputados.
Se plantea, en síntesis, eliminar uno de los procesos de cobro de multas por circular sin el dispositivo o con el aparato, pero deshabilitado, el cual posibilita el cobro en los portales de peajes en autopistas concesionadas.
Lo que viene para el proyecto de ley es una discusión, pero esta vez en particular, en la Comisión de Obras Públicas y Transportes de la Cámara Baja.
En la Región, el sistema de cobro con TAG más reciente corresponde al proceso que se acaba de iniciar, hace aproximadamente una semana, al transitar por el Puente Industrial lo que ha provocado la crítica, por ejemplo, de los alcaldes de Hualpén y San Pedro de la Paz, por tratarse de un cobro que comienza en circunstancias que es una obra que aún no estaría concluida.
El alcalde de Hualqui y presidente de la Asociación de Municipalidades de la Región del Biobío (Amrbb), Ricardo Fuentes, sostuvo que, para el Biobío, la posible aprobación de la ley No Más TAG, “significaría un alivio directo al bolsillo de miles de familias que cada día se desplazan entre las comunas por sus trabajos, estudiar o atender trámites. Sin embargo, de concretarse, implica un desafío no menor: asegurar que el Estado y las concesionarias mantengan la inversión en mantención y seguridad vial, sin trasladar nuevos costos ocultos a las regiones y en consecuencia a las municipalidades, sobre todo considerando que no todas cuentan con un mismo presupuesto”.
Para el presidente de la AMRBB, “lo importante es que cualquier cambio al sistema de cobros considere la realidad del Biobío, donde muchos no tienen alternativas de transporte y dependen de estas rutas. El fin del TAG no puede significar el término de la conectividad ni de la equidad territorial”, concluyó.
Gremio
Álvaro Ananías, presidente de CPC Biobío, gremio que agrupa a las empresas de la Región, afirmó que la reciente aprobación en general del proyecto que elimina las sanciones por circular sin TAG, “constituye una señal preocupante para el sistema de concesiones del país, en especial con un modelo que ha sido uno de los pilares más exitosos de nuestra política de infraestructura, permitiendo al país y a la Región con autopistas y obras de conectividad de nivel internacional gracias a la colaboración entre el Estado y el sector privado”.
El líder gremial apuntó también a que “debilitar los mecanismos de cumplimiento de los contratos no solo afecta la recaudación y la viabilidad de las concesiones actuales, sino que erosiona la confianza que sustenta la relación público‑privada. Desde CPC Biobío insistimos que la inversión privada requiere certezas, reglas claras y estabilidad normativa para comprometer recursos en proyectos de largo plazo. Cuando esas condiciones se ven alteradas, se genera incertidumbre que impacta directamente en la disposición de los inversionistas a participar en nuevas obras”.
Álvaro Ananías agregó que “el desarrollo de nuestra Región depende de una infraestructura moderna para potenciar su rol productivo, logístico e industrial, por lo que advertimos que medidas de este tipo podrían poner en riesgo la continuidad de proyectos estratégicos que son esenciales para nuestra competitividad y bienestar”.
Desde el Gobierno
Para el seremi de Obras Públicas, Hugo Cautivo, “el modelo de concesiones ha pasado a constituirse en un pilar fundamental para generar más y mejor infraestructura para la región del Biobío”.
Requerido acerca de qué efectos proyecta para Biobío ante una eventual aprobación del proyecto de ley “No más TAG”, indicó que “actualmente tenemos desafíos en la modernización del sistema y, efectivamente, todo lo que signifique generar mejores servicios hacia los usuarios, un trato justo también en los modelos de cobro, son parte de las preocupaciones de cómo podemos seguir modernizando y madurando el sistema. La mejor herramienta para poder generar consenso en materia de lo que significan estos desafíos es, precisamente, el diálogo permanente, escuchar aquello que es problemático en materia de lo que puedan ser mejoras en el sistema y entender, eso sí, que hay que hacerlo de una manera sostenible”.
“Esas son parte de las preocupaciones con que nosotros nos hemos acercado y permanentemente seguiremos trabajando con los distintos actores, tanto a nivel local como con las comunidades que se ven involucradas desde el punto de vista de los profundos impactos positivos que tiene la infraestructura hacia ellas”, agregó.
Hugo Cautivo resaltó además que “hoy día las distintas iniciativas, tanto en explotación, operación y construcción junto a las planificadas a futuro, totalizan una cartera cercana a los 4 mil millones de dólares involucrada, con todo lo que eso significa en materia de impacto para la economía local y la generación de empleo”.