La Capitanía de Puerto de la Armada ha logrado intervenir la acción delictiva y dejando a los imputados a disposición de la Fiscalía y tribunales.
Los robos sistemáticos de jurel y los asaltos a embarcaciones industriales e infraestructura asociada, y en menor medida a artesanales, están generando un impacto económico creciente en la Región del Biobío, afectando directamente a empresas productoras, tripulaciones, transportistas y, de manera indirecta, a la cadena comercial que opera en ferias libres sin trazabilidad sanitaria.
El fenómeno, lejos de restringirse a hechos aislados, es descrito por el sector como un delito organizado, articulado y cada día más violento, que amenaza la sostenibilidad de la principal pesquería del país y altera la economía local de zonas como Coronel, Lota y Talcahuano.
Desde Pescadores Industriales del Biobío explican que este tipo de ilícitos dejó de ser un problema marginal y pasó a convertirse en un sistema delictual con operadores permanentes, logística propia y estructuras que funcionan con jerarquías internas.
Según detallan, actualmente existen 18 personas en prisión preventiva, tres de ellas detenidas solo en la última semana, todas vinculadas a la sustracción de jurel desde barcos, zonas de descarga y camiones. Aunque el Código Penal no contempla una figura específica de “robo de pescado”, los imputados están siendo investigados por delitos como robo con intimidación, robo con fuerza, hurto y asociación ilícita.
El abogado del gremio, Francisco García, enfatizó que lo que ocurre “no es la acción de oportunistas”, sino la operación de “grupos organizados que actúan de manera permanente, con recursos y una cadena logística que permite incluso hablar de una posible asociación ilícita”.
Para él, el desafío principal es que las instituciones investiguen el hilo conductor detrás de estos hechos, considerando que los robos requieren coordinación para desembarcar, transportar y comercializar la materia prima sustraída, generalmente en ferias libres sin control sanitario ni cadena de frío, lo que además provoca riesgos para la salud pública.
Visión desde la Armada de Chile
Según explicó el capitán de corbeta -Litoral- y capitán de puerto de Coronel, Osvaldo Cuadra, el delito se ejecuta principalmente en dos escenarios: en altamar, donde embarcaciones son interceptadas; y en los pontones de la Bahía de Coronel, donde los pesqueros recalan tras faenas realizadas tanto en el norte como en el sur del país.
“Hemos trabajado en conjunto con las empresas pesqueras, Fiscalía, la autoridad marítima y Sernapesca para disminuir este delito. Sin embargo, este es un fenómeno de larga data en el Biobío”, señaló.
Las bandas delictuales, conformadas por grupos de entre 15 y 20 personas, ingresan a los pesqueros para sustraer toneladas de recursos marinos. La pérdida directa de materia prima afecta la estabilidad financiera de empresas y plantas de proceso, pero también desordena la trazabilidad, genera mercados informales y presiona a la baja los precios en momentos donde la industria enfrenta márgenes estrechos.
Robos con violencia y operativos policiales
La Fiscalía ha catalogado estos hechos como robos con violencia, dado que los tripulantes deben resguardarse mientras los delincuentes abordan el barco, abren sellos de bodegas y sustraen la pesca, muchas veces portando armas blancas.
“Es una turba que ingresa a los pesqueros. Los tripulantes y el capitán deben encerrarse en el puente de mando. Es como si en tierra ingresaran 15 personas a un domicilio y sacaran todas las especies”, detalló Cuadra.
En respuesta, la autoridad marítima reporta más de 25 detenidos, durante este año, además de camiones y embarcaciones incautadas. Se han logrado medidas cautelares como prisión preventiva para algunos imputados, particularmente en casos donde se acreditó violencia durante el abordaje.
Coronel: el epicentro del problema económico
Los registros del gremio industrial muestran un aumento explosivo en el robo de jurel en los últimos años. Según su análisis, Coronel concentra el 80% de los eventos, afectando a 8 de cada 10 recaladas que se realizan en la comuna.
Para las empresas, esto implica costos asociados a interrupciones operacionales, daños a la infraestructura de los barcos, pérdidas de materia prima y gastos adicionales en seguridad privada y logística. La violencia también ha escalado, a tal punto que en la industria se advierte que la modalidad utilizada en algunos casos “roza conductas de piratería”.
Parte de este fenómeno es protagonizado por grupos conocidos como “gatos”, término utilizado hace décadas para referirse a quienes roban recursos en el borde costero. En la actualidad, según el gremio industrial, estas bandas actúan “prácticamente todos los días” durante la temporada de captura, generando un impacto directo en la economía regional, alterando el orden público y afectando la sustentabilidad de la pesquería del jurel, una de las principales del país en volumen de desembarque y exportación.
Por ello, Pescadores Industriales del Biobío proponen que se replique un modelo similar al aplicado en el caso del robo de salmón, donde un esfuerzo coordinado público-privado permitió robustecer la persecución penal, reforzar la fiscalización territorial, desarticular redes criminales y cerrar espacios operativos utilizados por estas bandas.
Visiones desde la pesca artesanal
La problemática también alcanzó a la pesca artesanal, aunque con matices. Para Sara Garrido, presidenta de la Asociación Gremial de Mujeres de la Pesca Artesanal del Biobío, los robos afectan principalmente a las organizaciones que administran áreas de manejo, donde los recursos bentónicos son blanco permanente de extracción ilegal.
Según explica, estas áreas son consideradas modelos de conservación, pero su éxito depende del cuidado territorial. Garrido enfatizó que “las organizaciones titulares no tienen herramientas suficientes para proteger sus áreas, lo que las hace vulnerables”. Y llamó a fortalecer los programas de INDESPA y otros ministerios que apoyan el manejo sostenible de los recursos.
En contraste, César Jorquera Monsalve, presidente de la Asociación Gremial de Pescadores Artesanales de San Vicente, señaló que en su caleta no existen reportes de robos de jurel o ataques similares.
“Es una situación que afecta mucho más a la industria que al sector artesanal”, comentó, marcando una diferencia relevante sobre el impacto territorial del fenómeno.
Desde Caleta Lenga, su dirigente Rodrigo Merino Chamorro comentó que los delitos recientes no están asociados al jurel, sino al robo de motores fuera de borda, un perjuicio que también afecta la economía artesanal.
Indicó que hace un tiempo se registró un robo en Caleta Chome, y que una semana después intentaron sustraer un motor en Lenga, pero fueron disuadidos por un guardia.