La discusión legislativa en torno al desarrollo del hidrógeno verde en Chile dio un paso decisivo esta semana, luego de que la Cámara de Diputados aprobara la Ley de Fomento a la Industria del Hidrógeno Verde, iniciativa para posicionar al país como un actor en la transición energética global.
El proyecto, ahora en manos del Senado, no solo propone incentivos tributarios inéditos, sino que también plantea un cambio profundo en la estructura productiva nacional, con especial proyección para regiones industriales como el Biobío.
La iniciativa legislativa incorpora un paquete tributario transitorio valorado en US$2.800 millones, destinado a incentivar la demanda de hidrógeno verde (H2V) y de combustibles limpios derivados como amoníaco y metanol.
Este beneficio será distribuido a través de licitaciones anuales, permitiendo que los productores adjudicados ofrezcan precios más competitivos a las empresas que opten por adquirir H2V. De esta forma, el Estado busca compensar los altos costos iniciales de producción que todavía enfrenta esta tecnología.
A ello se suma la creación de un marco tributario especial para los productores que se instalen en Magallanes y la Antártica Chilena, una zona que concentra algunos de los mejores factores naturales del mundo para la generación renovable, como vientos de clase mundial, amplias extensiones y baja conflictividad territorial.
Un proyecto con visión de largo plazo
Para el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, la aprobación en la Cámara representa un avance estructural. El secretario de Estado destacó que esta política de fomento no solo responde a una necesidad tecnológica, sino que también refleja un inusual consenso político.
En sus palabras, la continuidad en esta estrategia ha sido fundamental: “Con esta aprobación damos un paso más hacia el objetivo de que Chile sea líder mundial en la industria de hidrógeno verde, trayendo más empleo, más innovación y más inversión. Es muy importante que la Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde haya sido impulsada por el gobierno del presidente Piñera y continuada por el Presidente Boric, porque los grandes esfuerzos productivos requieren continuidad y visión de Estado”, afirmó.
El proyecto busca fortalecer de manera explícita la Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde, cuyo horizonte apunta a convertir a Chile en un país productor y exportador de combustibles limpios.
Para ello, la demanda local es un elemento esencial: sin consumidores tempranos, los proyectos, de inversiones que superan miles de millones de dólares, no pueden escalar ni volverse competitivos. El mecanismo propuesto permitiría justamente reducir el precio efectivo que enfrentan estos primeros compradores mediante créditos tributarios aplicados contra el impuesto de primera categoría.
Biobío: una región con ventajas
La Región del Biobío, con su tradición manufacturera, energética e industrial, aparece como un terreno fértil para la expansión del hidrógeno verde y la transición hacia combustibles no fósiles. Así lo planteó el seremi de Economía, Fomento y Turismo, Javier Sepúlveda, quien valoró el paso del proyecto hacia el Senado.
A juicio de la autoridad regional, se trata de una oportunidad histórica: “Es una muy buena noticia que avance el proyecto de ley de fomento a la industria del hidrógeno verde porque es un nuevo sector productivo que tiene grandes oportunidades para el desarrollo productivo en la Región del Biobío”, señaló.
Sepúlveda subrayó que el Biobío cuenta con capacidades instaladas que permitirían una participación activa en esta industria: una larga tradición energética, puertos de escala internacional, infraestructura industrial y capital humano especializado.
El seremi enfatizó que el hidrógeno verde permitiría obtener combustibles derivados con aplicaciones en sectores estratégicos para la economía regional, como el ámbito portuario, la aviación, la petroquímica y la manufactura, donde la demanda energética es elevada y la necesidad de reconversión resulta urgente.
A ello se suman los beneficios ambientales, ya que el uso de combustibles limpios permitiría avanzar hacia actividades más sostenibles, sensibles a su entorno y capaces de reducir la dependencia de insumos fósiles. También resaltó que la llegada de esta industria abriría un espacio para nuevos servicios especializados y para la modernización de oficios tradicionales, generando así un tejido productivo más sofisticado y dinámico.
Mirada desde la consultoría
Arturo de la Sotta, CEO de P2X Consulting y consultor en hidrógeno verde y energías renovables, valoró el avance legislativo y destacó que la medida aborda el principal obstáculo que ha frenado el despegue del sector: la ausencia de compradores que aseguren contratos de largo plazo.
A su juicio, el crédito tributario transitorio de hasta US $2.800 millones permitirá reducir la diferencia de precio entre el hidrógeno verde y los combustibles fósiles, haciendo viable la inversión en los primeros proyectos a escala industrial. Explicó que el instrumento, adjudicado de manera competitiva entre 2025 y 2030, funcionará como un “empujón de precio” que mejora la rentabilidad esperada y disminuye el riesgo percibido por bancos y fondos de infraestructura, condiciones necesarias para alcanzar la decisión final de inversión.
El avance de la ley abre expectativas especialmente en regiones con una base industrial consolidada. Aunque Magallanes concentra las mejores condiciones para la producción a gran escala y la exportación, De la Sotta advirtió que una política centrada únicamente en esa zona dejaría fuera a territorios capaces de utilizar el hidrógeno de forma inmediata.
En el Biobío, sostuvo, existe un potencial evidente: procesos industriales de celulosa, alimentos, químicos, logística portuaria y el ecosistema metalmecánico podrían beneficiarse de una transición hacia combustibles limpios. El uso local del hidrógeno permitiría agregar valor, generar empleo calificado y avanzar en la sustitución de combustibles fósiles importados, fortaleciendo la competitividad del sector manufacturero regional.
El consultor enfatizó que el Senado tiene la oportunidad de mejorar el proyecto, especialmente en aspectos que podrían marcar la diferencia para regiones industriales. Señaló que es fundamental asegurar reglas simples y accesibles, de manera que empresas medianas también puedan postular sin requerir complejos equipos legales o financieros.
Advirtió, además, que la transparencia en los procesos de licitación será clave para evitar discrecionalidad y garantizar que los recursos públicos se destinen a proyectos que entreguen el mayor impacto posible. La coherencia regulatoria, en permisos, transmisión, normas de seguridad, certificación y habilitación portuaria, será igualmente determinante para que los incentivos no queden solo en el papel.
“Si hacemos bien la tarea, estos US $2.800 millones no serán un gasto, sino una inversión en aprendizaje, escala y empleos de calidad que posicionan a regiones industriales como Concepción y el Biobío en la nueva arquitectura energética global”, afirmó De la Sotta.