La Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputadas y Diputados abrió el análisis del proyecto de ley que busca otorgar rango legal al Plan Nacional de Búsqueda de Verdad y Justicia, iniciativa destinada a esclarecer el destino de las personas víctimas de desaparición forzada entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990.
Hasta ahora el plan operaba bajo un decreto del Ejecutivo, pero la propuesta apunta a convertirlo en una obligación permanente del Estado, asegurando su continuidad sin importar quién gobierne a partir de marzo de 2026 o en años posteriores.
El avance legislativo ha despertado reacciones diversas entre parlamentarios del Biobío, quienes observan en el proyecto tanto una oportunidad histórica como un nuevo foco de disputas políticas en un escenario que ya anticipa realineamientos de cara a las próximas presidenciales.
Mientras algunos ven en la iniciativa un paso imprescindible para cerrar heridas abiertas por más de medio siglo, otros advierten que el plan, al menos en su estado actual, no ha ofrecido resultados suficientes y corre el riesgo de transformarse en un instrumento político más que en una herramienta técnica de reparación.
¿Qué propone el proyecto?
El proyecto propone institucionalizar los mecanismos de búsqueda e investigación, fortalecer la coordinación con el Poder Judicial, el Servicio Médico Legal, fiscalías, policías y archivos públicos y privados, además de garantizar una participación efectiva de los familiares de detenidos desaparecidos.
La idea, según explican sus impulsores, es evitar que los avances dependan de la voluntad del gobierno de turno y que las políticas de verdad y justicia cuenten con respaldo legal, presupuesto asegurado y responsabilidades claramente definidas dentro del Estado.
En sectores ligados a organizaciones de derechos humanos se ha recalcado que la medida intenta saldar una deuda histórica con las familias que aún desconocen el paradero de sus seres queridos, así como establecer un compromiso estatal firme con la memoria y la no repetición.
Voces del Biobío
Una de las voces más críticas provino de la diputada independiente UDI, Marlene Pérez, quien desde la región sostuvo que lo central no es solo la existencia del plan, sino su efectividad real.
Aseguró que, según su evaluación, “lo que hemos visto hasta ahora es que el Plan Nacional de Búsqueda no ha entregado avances concretos ni respuestas reales a las familias. La incertidumbre sigue siendo enorme, los resultados son prácticamente inexistentes y, sin embargo, los recursos invertidos son muy altos”.
Para ella, el problema no radica en la necesidad de buscar verdad y justicia, sino en que la iniciativa, a su juicio, se está utilizando “con un fuerte componente ideológico, cuando el país necesita con urgencia avanzar, unirse y concentrarse en las prioridades reales que afectan a millones de chilenos”.
Pérez insistió en que el próximo liderazgo político debe ser capaz de distinguir “lo urgente de lo importante”, y remarcó que hoy el país enfrenta desafíos que requieren atención inmediata: la inseguridad, la falta de oportunidades y una crisis económica y social que sigue afectando a amplios sectores.
Subrayó que tener sensibilidad frente al dolor de las familias no implica respaldar un plan que, según ella, no está cumpliendo con el rigor necesario. “Justamente porque ese dolor es real, merecen un plan serio, técnico y efectivo, no uno que profundice divisiones ni se transforme en una bandera política”, afirmó.
Una postura distinta presentó el diputado electo del Partido de la Gente (PDG), Patricio Briones, quien destacó la importancia de contar con certezas para las familias afectadas y para el país en general.
A su juicio, la ciudadanía valora la posibilidad de esclarecer los hechos que provocaron la desaparición de miles de personas durante la dictadura. “Es importante, para gran parte de la ciudadanía, especialmente quienes se vieron vinculados a este tipo de situaciones en el pasado, tener certezas respecto a dichos eventos y las causas de sus decesos”, afirmó.
Briones agregó que el esclarecimiento de la verdad también sirve para “desmitificar” y determinar con precisión si todos los casos registrados corresponden a víctimas reales, incluyendo aquellos episodios que han sido cuestionados con el paso del tiempo.
Para él, el país necesita cerrar heridas que siguen afectando las confianzas internas y que cada cierto tiempo reabren tensiones en el debate público. Incluso planteó la idea de que Chile debiera, en algún momento, buscar un mecanismo que funcione como una “Ley de Punto Final sana”, que permita mirar hacia adelante sin desconocer el dolor persistente. En su opinión, cualquier definición en esta materia debe considerar la opinión ciudadana de forma vinculante.
Una postura con matices similares expresó la diputada UDI por el Distrito 21, Flor Weisse, quien destacó que si bien los temas de derechos humanos tienen un valor incuestionable, el país enfrenta necesidades inmediatas que no pueden postergarse.
“Sin duda, los temas de derechos humanos son de relevancia para nuestro país y merecen reconocimiento. Sin embargo, hoy Chile enfrenta múltiples necesidades urgentes en áreas como la seguridad ciudadana, la salud, la educación y la economía, que impactan directamente en la vida cotidiana de millones de personas”, señaló.
“En este momento es más apropiado enfocar los esfuerzos en otras materias que demandan atención prioritaria y que tienen un efecto directo y tangible en el bienestar de la población”, puntualizó.
Desde otra vereda política, la diputada comunista María Candelaria Acevedo valoró de manera categórica que la tramitación del plan se haya iniciado y consideró que el Estado mantiene una deuda ineludible en materia de derechos humanos.
Recordó que los esfuerzos realizados en las décadas posteriores al retorno a la democracia han sido significativos, pero insuficientes. “Existe una deuda de parte del Estado chileno, y los esfuerzos previos, aunque valorables, muchas veces se hicieron en el marco de ‘la medida de lo posible’, como dijo el expresidente Patricio Aylwin, dejando muchas cosas por resolver”, expresó.
Acevedo también advirtió que el actual escenario político, marcado según ella por el resurgimiento de discursos negacionistas y por candidatos presidenciales que, a su juicio, han reivindicado acciones de la dictadura, hace indispensable avanzar hacia una política de Estado permanente que blinde la búsqueda de la verdad ante cualquier cambio de gobierno.