La Comisión de Seguridad Pública del Senado aprobó la idea de legislar un proyecto que busca incorporar una nueva circunstancia agravante en el Código Penal para los delitos cometidos contra personal de Gendarmería de Chile (Genchi), así como de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública y las Fuerzas Armadas. La iniciativa, impulsada mediante una moción parlamentaria, pasó por su primer trámite.
En detalle, establece que, cuando un delito sea cometido contra funcionarios de orden, en razón de su cargo o con ocasión del ejercicio de sus funciones, ello pueda ser considerado por el tribunal para aumentar la pena correspondiente. Ahora bien, el avance aprobado por la comisión no implica aún un cambio legal concreto, ya que, en términos formales, el respaldo corresponde a la “idea de legislar”, etapa en la que el Congreso valida el debate de fondo mientras la moción plantea modificar el Código Penal mediante un artículo único, incorporando un nuevo numeral al catálogo de circunstancias agravantes generales.
Siguiendo en aquello, el proyecto no crea nuevos tipos penales ni define delitos específicos asociados a estas instituciones, tampoco fija rangos de sanción autónomos. Su aplicación se circunscribe a delitos ya existentes, quedando su efecto sujeto tanto a la redacción final que se apruebe durante la tramitación como a la interpretación judicial al momento de ponderar la agravante en casos concretos.
Coyuntura
En paralelo, vale la pena recordar que esta discusión legislativa se da en una semana especialmente sensible para Gendarmería, una de las instituciones incluidas en el alcance del proyecto, luego del despliegue de la denominada “Operación Apocalipsis”, investigación de alcance nacional encabezada por el Ministerio Público y la PDI que derivó en la detención y formalización de decenas de funcionarios por su presunta vinculación con redes de corrupción al interior de recintos penitenciarios.
En ese contexto, el Ejecutivo anunció el envío de una reforma constitucional destinada a modificar la dependencia de Gendarmería, traspasándola al Ministerio de Seguridad Pública y separando sus funciones de seguridad penitenciaria de las tareas de reinserción social. El anuncio se inscribe en una discusión más amplia sobre el diseño institucional de las entidades de seguridad y el fortalecimiento de las capacidades del Estado frente al crimen organizado.
Retornando a lo inmediato, la comisión fijó un plazo hasta el 13 de enero para la presentación de indicaciones, etapa en la que se espera que el proyecto sea ajustado y precisado. Solo tras esa discusión en particular la iniciativa podrá avanzar a sala, donde se definirá si continúa su tramitación hacia la Cámara de Diputadas y Diputados y cuál será finalmente su alcance normativo.
Claves del debate
Los lineamientos del proyecto abrieron un espacio de reacción entre parlamentarios del Biobío, quienes abordaron la iniciativa desde su alcance legislativo general y desde el momento en que atraviesan las instituciones encargadas del orden y seguridad del Estado.
Acerca de la iniciativa, el senador por el Biobío, Gastón Saavedra (PS), sostuvo que, más allá de las investigaciones en curso ligadas a redes de corrupción, los funcionarios del sistema penitenciario enfrentan diariamente un escenario de alta complejidad. “Ellos están dentro de los penales, con un riesgo latente permanente”, señaló, apuntando a que tal escenario explica la pertinencia de discutir herramientas orientadas a la protección penal frente a eventuales agresiones en el ejercicio de sus funciones.
En esa línea, el legislador recalcó que los casos de corrupción detectados deben ser sancionados en los tribunales, pero advirtió que ello no puede derivar en una deslegitimación general de la institución. “Por 40 personas de una planta de aproximadamente 25 mil funcionarios no se puede hacer una crítica generalizada”, afirmó, respaldando además la idea de avanzar en cambios estructurales que fortalezcan el rol del organismo dentro de la estrategia de seguridad pública, junto con el endurecimiento de sanciones frente a atentados contra la vida de los funcionarios.
Desde otra vereda política, y con un énfasis en el alcance de la idea, el senador por el Biobío, Sebastián Keitel (Evopoli), afirmó que el proyecto viene a complementar el marco penal vigente, considerando que “ya existen tipos penales específicos que protegen a personal de Gendarmería, policías y Fuerzas Armadas frente a determinados delitos”.
“Las agravantes penales cumplen un rol disuasivo importante, pero no reemplazan las reformas estructurales que el sistema penitenciario necesita con urgencia”, aseveró. A su juicio, proteger el ejercicio de la función de Gendarmería también requiere “mejorar condiciones laborales, fortalecer la dotación, modernizar infraestructura y dotar de mayor tecnología a las cárceles”, enmarcando el proyecto como parte de una política de seguridad más amplia.