Más de 1 año lleva en el Senado -y 2 años en total en el Congreso Nacional- el proyecto de ley que busca regula la prevención de incendios forestales y rurales ingresado por el Ministerio de Agricultura, en conjunto con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, en octubre de 2023.
En esa línea, hace meses que desde el Gobierno, parlamentarios y municipalidades habían manifestado la urgencia de que se despachara la iniciativa para enfrentar la actual temporada de siniestros 2025-2026.
Y es que, actualmente, el país no cuenta con una normativa que establezca medidas estructurales y focalizadas de prevención de siniestros rurales-urbanos como los del verano de 2023 y la tragedia en Viña del Mar de 2024.
En marzo de 2025, luego de pasar por la Cámara de Diputadas y Diputados y por la Comisión de Agricultura del Senado, la iniciativa llegó hasta la Comisión de Hacienda de la Cámara Alta, presidida por la senadora Ximena Rincón, instancia donde aún se encuentra hasta el día de hoy por más de 10 meses, por lo cual no ha podido ser discutido por la Sala de la Cámara Alta.
Vale recordar que el proyecto busca, en materia de incendios, fortalecer la estrategia de prevención, poniendo énfasis en la coordinación entre municipios, comunidades, propietarios y empresas forestales. Sumado a aquello, establece sanciones más estrictas para quemas ilegales o negligentes.
De acuerdo a lo presentado en la iniciativa legislativa, se reconoce a la prevención como una prioridad y que la respuesta a la emergencia no puede seguir siendo solo reacción. En esa línea, se proponen medidas concretas como cortafuegos, participación de las comunidades organizadas, nuevos planes de manejo, coordinación con Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) y el sector privado. Además, suma la colaboración de pequeños propietarios de terrenos.
En ese contexto, el exministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, quien era titular de la cartera al momento de ingresar el proyecto y su tramitación hasta la Comisión de Hacienda de la Cámara Alta, indicó que el proyecto, de haber sido despachado y entrado en vigencia, “claramente pudo haber ayudado. Está claro que hay incendios con vientos de 100 km/h y con coronas de calor que hacen muy difícil contenerlos”.
Valenzuela, en el mismo marco, precisó que aún tras los incendios forestales de 2017 y de 2023 la elaboración de cortafuegos es voluntaria y que, si bien parte de industria forestal cumple, “hay muchos propietarios que tienen bosques, terrenos abandonados y que no tienen manejo silvícola. Esto encima de Penco, encima de Tomé, encima de Coronel, encima de San Pedro de la Paz, encima de sectores como el Recodo, entre otros puntos. Es una situación que se repite”.
Sobre la elaboración de la propuesta de ley de incendios, el exministro puntualizó que “creamos el concepto del interfaz urbano-rural, no sólo en las ciudades, sino también en las localidades pequeñas, que debían estar con plan de manejo, aparte con un sistema estratégico de planificación y segundo, con los cortafuegos obligatorios y el plan de manejo que la Conaf determinara”.
Respecto de la tramitación de la norma en el Senado, tras pasar por la Comisión de Agricultura y ahora en la Comisión de Hacienda, Valenzuela manifestó que “no hubo caso que avanzara durante el 2025, a pesar de que el Gobierno ponía suma urgencia, porque el Senado arrancó argumentando que el Gobierno tenía muchísimas responsabilidades”
Asimismo, sobre la necesidad de contar con la ley, el exministro indicó que “tiene un artículo de que hace obligatorio, de manera inmediata, los planes de mitigación, en las zonas de amortización, de impacto de los fondos forestales”.