Con la llegada del verano y el incremento del turismo en el litoral y en zonas fluviales, el acceso a playas costeras, ríos y lagunas vuelve a instalarse como un punto crítico en el Biobío. En ese contexto, la región concentró cerca del 16 % de todas las denuncias del país por impedimentos ilegítimos de acceso a bienes nacionales de uso público entre 2023 y 2025, según registros del Ministerio de Bienes Nacionales a los que tuvo acceso Diario Concepción, posicionándose entre las más conflictivas a nivel nacional (1.792) con 265 casos acumulados. Le siguen Coquimbo (210 denuncias), La Araucanía (206), Los Lagos (184), Valparaíso (171) y Maule (168). En contraste, una región colindante como Ñuble registra 80 denuncias, menos de un tercio del volumen del Biobío.
Estas prácticas reiteradas afectan la relación entre privados, visitantes y el Estado, pese a que el Decreto Supremo N° 475 de 1994 establece la obligación de los propietarios colindantes de habilitar accesos gratuitos a playas y riberas cuando no existen vías públicas.
Tendencia en aumento
Centrándose en la región, su evolución anual confirma que el fenómeno no solo persiste, sino que se intensifica. En 2023, el Biobío registró 76 denuncias por impedimentos de acceso; en 2024, la cifra aumentó a 112, lo que implicó 36 casos adicionales en un solo año. En 2025, con datos disponibles hasta noviembre, ya se contabilizan 77 ingresos, un volumen equivalente al total de 2023, pero concentrado en un período aún incompleto, lo que da cuenta de un piso de conflictividad más alto en la región.
Más que un rebote puntual, los datos sugieren un cambio estructural. El peak de 2024 no fue seguido por una caída abrupta, sino por una persistencia elevada en 2025, reforzando la idea de un conflicto que se estabiliza en el tiempo y que responde tanto a un mayor uso recreativo del territorio como a prácticas reiteradas de restricción del acceso.
Tal comportamiento adquiere mayor relevancia al compararlo con el escenario nacional. Entre enero y noviembre de 2024, el Biobío explicó el 13,5 % de las denuncias del país; en el mismo lapso de 2025, su participación subió al 15,5 %, es decir, dos puntos porcentuales adicionales. Aunque el volumen total de denuncias disminuye a nivel nacional, la región incrementa su peso relativo y se consolida entre las más afectadas.
En 2024, el conflicto tuvo además un fuerte anclaje territorial en el Gran Concepción. De las 112 denuncias regionales, 70 se originaron en comunas del área metropolitana, lo que equivale a casi dos tercios del total. La presión urbana sobre playas, riberas y lagunas cercanas, sumada a una alta afluencia estival, ayuda a explicar esa concentración.
Sin embargo, en 2025, dicho patrón comenzó a modificarse. El Gran Concepción concentró 33 de las 77 denuncias, reduciendo su participación al 42,9 %. La variación no da cuenta de una baja del conflicto, sino de su desplazamiento hacia comunas fuera del núcleo metropolitano, especialmente en sectores fluviales e interiores, donde los accesos suelen ser menos visibles y más complejos de fiscalizar.
Zonas de interés
El desglose comunal del área metropolitana del Gran Concepción refuerza esa lectura de concentración y persistencia. Tomé encabeza el período 2024–2025 con más de 50 denuncias, equivalentes a casi una de cada cuatro registradas en la región en esos dos años. Solo en 2024, la comuna acumuló más de veinte ingresos, con reiteraciones en el borde costero y en sectores de alta afluencia estival como Pingueral y Dichato, donde se repiten casos por cobros y controles informales de acceso.
Un segundo eje relevante lo conforman San Pedro de la Paz y Hualpén, ambas con presencia reiterada en el registro de denuncias entre 2024 y 2025, con casos distribuidos en varios meses del año y no solo en el peak estival, lo que da cuenta de una conflictividad sostenida. En San Pedro de la Paz, una parte crucial de los ingresos se vincula a la Laguna Grande y a tramos específicos del río Biobío; en Hualpén, en tanto, los registros se asocian principalmente a accesos del Santuario de la Naturaleza Península de Hualpén.
En comunas como Coronel y Arauco, las denuncias se distribuyen entre el borde costero y riberas interiores, configurando un patrón mixto que representa una fracción significativa del total regional. En Alto Biobío y Cañete, en cambio, los casos se concentran mayoritariamente en ríos y lagunas, con accesos que atraviesan predios privados de uso productivo, evidenciando un conflicto más asociado a territorios rurales y fluviales.
El tipo de cuerpo de agua involucrado también da cuenta de un giro considerable. En 2024, el mar concentró el 44 % de las denuncias del Biobío, seguido por los ríos con un 35 %. En 2025, la relación se invierte: los ríos suben al 39 %, mientras el mar baja al 35 %, desplazando el conflicto desde el borde costero hacia riberas interiores.
Catastro por tipo y período
Más allá de dónde se concentra el conflicto, los datos muestran que también ha cambiado la forma en que se restringe el acceso. Ya no se trata solo de portones cerrados o cercos visibles, sino de mecanismos más difusos que operan sobre la experiencia del visitante y que dificultan la fiscalización directa, marcando un punto de inflexión en la forma que adopta el problema en los últimos años.
En términos concretos, el cobro por ingreso se consolida como el principal motivo de denuncia en la región. En 2024 explicó el 48 % de los casos, mientras que en 2025 esa proporción aumentó al 54,5 %, superando la mitad de los ingresos registrados. A su vez, los cierres físicos pierden peso relativo, dando paso a barreras económicas, controles informales y restricciones ejercidas por terceros.
La dimensión temporal refuerza esa lectura. El índice estival —que considera enero y febrero sobre el total enero–noviembre— alcanzó el 65 % en 2024 y escaló al 80,5 % en 2025. En la práctica, cuatro de cada cinco denuncias del año se concentran en solo dos meses, cuando la presión recreativa y turística sobre los accesos alcanza su punto máximo.
El contraste más crítico aparece al revisar la gestión de estos casos. En 2024, el 66 % de las denuncias del Biobío estaba finalizado a noviembre y en 36,8 % de ellas se fijó formalmente un acceso. En 2025, en cambio, la tasa de cierre cae al 18 %, sin accesos fijados y con más del 80 % de los expedientes aún en evaluación, profundizando la brecha entre norma, denuncia y resolución efectiva.