La catástrofe por siniestros forestales en las regiones de Biobío, Ñuble y La Araucanía reactivó un debate parlamentario que por más de 1 año se encontraba estancado. Y es que la presión de la emergencia empujó el avance del proyecto de Ley de Incendios, que este martes fue aprobado sin votos en contra por el Senado y ahora avanza a su tercer y último trámite legislativo en la Cámara de Diputadas y Diputados.
No obstante, a pesar de haber sido aprobada por la Sala del Senado, la normativa no pudo ser puesta en Tabla en la Cámara Baja y deberá esperar hasta marzo de este año para continuar su tramitación. Esto considerando que la última sesión de la Cámara, antes del receso legislativo, se realizó este 28 de enero, donde no se discutió la iniciativa, y la próxima está programada para el 2 de marzo de este año.
En palabras simples, la idea legislativa, ingresada por el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Vivienda y Urbanismo en octubre de 2023, busca fortalecer la prevención y mitigación de incendios forestales y rurales en todo el territorio nacional, a partir de un marco regulatorio orientado a anticipar los siniestros y reducir su impacto sobre personas, bienes, infraestructura y el medio ambiente.
De acuerdo a lo presentado, se reconoce a la prevención como una prioridad y que la respuesta a la emergencia no puede seguir siendo solo reacción. En esa línea, se proponen medidas concretas como cortafuegos, participación de las comunidades organizadas, nuevos planes de manejo, coordinación con Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) y el sector privado. Además, suma la colaboración de pequeños propietarios de terrenos.
Cabe señalar que el proyecto lleva más de 2 años en total en el Congreso Nacional. Esto debido a que en marzo de 2025, luego de pasar por la Cámara de Diputadas y Diputados y por la Comisión de Agricultura del Senado, la iniciativa llegó hasta la Comisión de Hacienda de la Cámara Alta, instancia donde estuvo por más de 10 meses.
Tramitación
En ese contexto, el diputado local Félix González (PEV), explicó que, si bien se aprobó en la Cámara Alta, la iniciativa de ley de incendios “no fue comunicada y no pudimos pedir que se pusiera en tabla en la Cámara porque técnicamente aún no llega, por lo que va a tener que ser tramitada en marzo”.
Sobre la larga tramitación del proyecto en el Senado, el parlamentario complementó que “han estado muchos de ellos defendiendo intereses de las forestales y por eso es que el proyecto se entrampó en su momento (…) No hay nada nuevo desde los incendios de Santa Juana (2023) o antes para poder enfrentar la propagación de los incendios forestales”.
En tanto, la diputada María Candelaria Acevedo (PC), ante el receso, hizo un llamado al presidente de la Cámara Baja, al diputado José Miguel Castro (RN), para convocar una sesión especial “para que legislemos sobre esta iniciativa y se avance a la brevedad”.
En la misma línea, Acevedo complementó que “no podemos seguir esperando que se quemen más hectáreas, ni mucho menos que se sigan perdiendo vidas por no contar con una legislación actualizada en materia de prevención y combate de incendios forestales”.
Por su parte, la también diputada local, Marlene Pérez (Ind-UDI), destacó la aprobación de la Ley de Incendios para avanzar a su tercer trámite y señaló que “el Senado se tomó un tiempo que no teníamos. Insistí en reiteradas ocasiones y oficié para que se le diera celeridad, de modo que esta ley estuviera vigente antes de este verano, precisamente para evitar las tragedias que hoy nuevamente estamos combatiendo”.
Asimismo, la parlamentaria se comprometió a que en la Cámara Baja, cuando se discuta, “le daremos celeridad, porque es indignante que, por diferencias políticas, se entrampen proyectos tan urgentes”.
De acuerdo con el diputado Roberto Arroyo (PSC), en torno al proyecto existe un amplio respaldo, “porque Chile no puede seguir enfrentando estas tragedias con herramientas insuficientes. Hay urgencia, sobre todo después de lo vivido en Santa Juana, Valparaíso y los recientes de Penco-Lirquén y Tomé , creo que hay voluntad para despacharla pronto”.
Sin embargo, Arroyo puntualizó que el tercer trámite de la iniciativa “no será fácil, porque en esta última discusión aparecen nudos importantes: la responsabilidad real en la prevención, sanciones efectivas para evitar impunidad, y sobre todo que el Estado tenga recursos y capacidad operativa. La real capacidad de introducir tecnología en materia preventiva de incendios , entre otros”.
Alcances
Uno de los ejes centrales del proyecto consiste en establecer obligaciones claras para los propietarios de terrenos en zonas de riesgo. Entre ellas se encuentra la construcción y mantenimiento de cortafuegos, el manejo y limpieza de la vegetación y la implementación de medidas de protección alrededor de áreas habitadas o infraestructuras críticas. Estas medidas tienen por finalidad disminuir la velocidad e intensidad de los incendios y, de ese modo, limitar su propagación.
Posturas
Desde Futuro Madera, red de gremios que agrupa a Pymemad, Corma, Acoforag, Aprobosque, AchBiom y Cifag, mantienen un análisis crítico del proyecto que se aproxima a su último trámite en el Congreso.
“Como Red de Gremios, consideramos que la normativa despachada es una ley reactiva, diseñada bajo la presión de la contingencia y no bajo una visión de Estado de largo plazo. Si bien el país requiere un marco regulatorio moderno, el texto aprobado presenta un error de diagnóstico fundamental: se desgasta en regular la planificación urbana y el uso del suelo, pero ignora el origen y las causas reales de los incendios, dejando de lado los factores humanos y criminales que gatillan las emergencias en el mundo rural”, señalaron desde Futuro Madera.
Paralelamente, Pablo Urrutia, alcalde de Quilaco y presidente de la Asociación de Municipios Cordilleranos (Amcordi), calificó el avance legislativo como una cuestión de vida o muerte para las zonas rurales. “Para comunas como la nuestra, este no es solo un avance legal, es una herramienta de supervivencia”, afirmó.
En el mismo sentido, Urrutia hizo hincapié en el nuevo rol de los municipios, donde “lo más relevante es que cambia el paradigma, dejamos de mirar solo la emergencia para poner el foco en la planificación territorial. Con esta ley tendremos facultades reales para exigir perímetros de exclusión y zonas de interfaz protegidas, obligando a que la planificación urbana y rural considere la seguridad de las familias como prioridad absoluta”.