Comenzó una nueva etapa en la implementación de la ley de plásticos de un solo uso —también conocida como PUSU—, normativa que busca reducir la cantidad de residuos que se generan en el país y avanzar hacia un modelo de consumo más sostenible.
¿De qué trata?
En esta fase entraron en vigencia nuevas exigencias para los establecimientos de expendio de alimentos. Para el consumo dentro del local, se prohíbe la entrega de productos de un solo uso, salvo aquellos de madera, papel o cartón que sean biodegradables.
Para el consumo fuera del establecimiento, solo pueden entregarse productos desechables elaborados con materiales valorizables distintos del plástico o de plástico certificado. Asimismo, los productos de un solo uso —distintos de los envases de comida preparada— deben entregarse únicamente si el cliente los solicita.
La normativa también establece la obligación de informar a los consumidores sobre cómo valorizar adecuadamente estos residuos y sensibilizarlos respecto del impacto ecológico que generan.
Rol de municipios
En este contexto, el Ministerio del Medio Ambiente envió a todas las municipalidades del país el Oficio Ordinario N° 01149/2026, con el objetivo de informar sobre la entrada en vigencia de nuevas obligaciones establecidas en la Ley N° 21.368 —modificada por las Ley N° 21.691 y Ley N° 21.794— y apoyar su implementación a nivel local.
El documento reconoce el “relevante rol” municipal en la gestión ambiental y fiscalización territorial, estableciendo cuatro dimensiones principales de acción.
En primer lugar, las municipalidades deberán fiscalizar a restaurantes, cafés, locales de comida rápida, food trucks, supermercados y comercios de bebidas, verificando que no se entreguen productos prohibidos, que se cumpla la regla de entrega solo a solicitud del cliente, que se respeten las excepciones de materiales biodegradables, que se informe correctamente sobre valorización de residuos y que se controle la oferta y recepción de botellas retornables.
En segundo lugar, se refuerza el rol educativo y de sensibilización comunitaria mediante campañas comunales de educación ambiental, apoyo a la economía circular y difusión de las nuevas obligaciones legales.
En tercer término, el oficio establece un rol de articulación con el Ministerio del Medio Ambiente, incluyendo la realización de un webinar dirigido a equipos municipales, capacitación de inspectores, eventuales ajustes de ordenanzas locales y coordinación con la Oficina de Economía Circular.
Finalmente, se establece un rol clave en la transición normativa, considerando que el reglamento (Decreto Supremo N° 30) entra en vigencia el 7 de julio de 2026, mientras que varias obligaciones ya están vigentes desde febrero de 2026. Esto implica aplicar criterios transitorios y fiscalizar incluso cuando algunos mecanismos formales aún no sean plenamente exigibles.
“Los municipios cumplen un rol muy importante en la implementación de esta normativa, tanto en la orientación a los establecimientos y ciudadanos, como en la fiscalización a nivel local. Por eso, queremos compartir esta información de manera clara y oportuna”, señaló la ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas.
Adicionalmente, durante el mes de marzo, se realizan una serie de webinars dirigidos a equipos municipales donde se revisarán los principales aspectos de la Ley PUSU y se resolverán dudas.
La ley también promueve el reciclaje y el uso del material reciclado a través de obligaciones relacionadas con las botellas plásticas desechables. Con estas medidas, el país continúa avanzando hacia la reducción de residuos, el fomento de la reutilización y una transición hacia modelos de consumo más sostenibles.