La formalización se extendió hacia una nueva jornada tras la presentación de tres nuevos informes, cuya extemporaneidad fue cuestionada por el Ministerio Público.
La segunda jornada de formalización en el Caso Bruma, desarrollada este jueves en el Juzgado de Garantía de Coronel, estuvo marcada por un conflicto procesal tras la exposición de la defensa. El Ministerio Público, encabezado por la fiscal regional, Marcela Cartagena, acusó no haber tenido acceso previo a antecedentes clave presentados por los abogados de los imputados, los que fueron utilizados como piezas centrales para cuestionar la tesis persecutora en una audiencia de alta complejidad técnica.
En concreto, la Fiscalía objetó tres antecedentes: un informe en derecho elaborado por el académico Héctor Hernández, una pericia técnica de la Universidad Austral —sobre estructura, dinámica del impacto y variables físicas— y un tercer documento relativo a sistemas electrónicos y radar. Según Cartagena, no eran antecedentes accesorios, sino piezas clave con los que la defensa buscó desvirtuar la imputación por homicidio culposo reiterado.
Frente a este escenario, la persecutora solicitó al tribunal acceso íntegro a los documentos y tiempo suficiente para analizarlos, advirtiendo que su revisión podría tomar varias horas. En esa línea, apeló al principio de igualdad de armas, subrayando que la Fiscalía sí había entregado oportunamente sus antecedentes y que “no es posible replicar de manera responsable sin conocer en detalle las pericias”, planteó durante la instancia.
El tribunal optó por una solución intermedia y resolvió suspender la audiencia hasta el día siguiente, este viernes, instruyendo a los intervinientes ajustar sus exposiciones a tiempos acotados. Con ello, se proyecta que en la próxima jornada se desarrolle la réplica del Ministerio Público y se avance hacia el cierre del debate, incluyendo la discusión de medidas cautelares para los imputados.
Cuestionamientos a la defensa
Los querellantes reaccionaron con dureza a la incorporación de estos informes. El abogado representante de las familias, Rafael Poblete, calificó la maniobra como extemporánea, asegurando además que “todas estas alegaciones fueron desestimadas por la Armada” y que “no acompañaron ninguno de esos peritajes y lo vienen ahora a presentar”. A su juicio, se trata de antecedentes que debieron ser introducidos en etapas previas del proceso.
Poblete incluso ironizó sobre la estrategia de la defensa, señalando que “más que (sacar) un conejo de un sombrero, es un canguro”, en alusión a la sorpresiva aparición de los documentos. Además, sostuvo que los recursos presentados por los imputados para impugnar sanciones administrativas “van a ser declarados inadmisibles”, clasificándolos como “un derecho a pataleo”, sin sustento jurídico.
En la misma línea, el abogado Enrique Hernández —también querellante— explicó que la audiencia debió suspenderse precisamente por la falta de conocimiento previo de estos antecedentes. “Se ha dado una situación muy particular donde la defensa ha citado documentos que no conocemos”, indicó, agregando que deberán analizarlos con rapidez junto a sus peritos para poder emitir una opinión técnica fundada en la reanudación de la audiencia.
Hernández detalló que se trata de “un informe en derecho, un informe pericial de la Universidad Austral y otro sobre radares”, precisando que “no están incorporados físicamente en la carpeta investigativa”. Por ello, señaló que el tiempo otorgado por el tribunal es acotado, aunque necesario para enfrentar adecuadamente una causa que, según dijo, tiene un alto nivel de especialización técnica.
Fuera de la sala, las familias de las víctimas también reaccionaron ante los argumentos de la defensa. Soledad Sepúlveda, viuda del capitán de la Bruma y madre de uno de los fallecidos, afirmó que “ellos no quieren llegar a la formalización, que sean formalizados” y que, como familia, deberán defenderse ante lo que consideran una estrategia para desviar responsabilidades. “Confiamos en que nuestros abogados van a hacer bien su trabajo”, sostuvo.
En ese contexto, cuestionó que se intente responsabilizar a los propios pescadores fallecidos. “Le están echando la culpa a los siete tripulantes que no tienen cómo defenderse”, afirmó, agregando que “la Bruma no faltó a la normativa y la misma Marina lo ha dicho”. Asimismo, descartó irregularidades en la nave, señalando que “no tenía ninguna modificación”.
La discusión sobre las condiciones de navegación y la visibilidad de la lancha se ha instalado como uno de los ejes centrales del caso, especialmente tras la exposición de los informes técnicos presentados por la defensa, en paralelo a la disputa jurídica sobre la calificación del delito. Mientras la Fiscalía mantiene la imputación por homicidio culposo, los querellantes insisten en avanzar hacia una figura más gravosa, en contraste con la defensa que busca la absolución total.
Con la última jornada de audiencia, fijada para reanudarse hoy, el foco estará puesto en la respuesta del Ministerio Público a los tres informes presentados por la defensa y en la definición de medidas cautelares. En ese escenario, el tribunal deberá ponderar tanto los antecedentes técnicos como las posiciones contrapuestas de las partes, en una causa que continúa abierta y lejos de una resolución definitiva.
Antecedentes en disputa
La causa se remonta a la madrugada del 30 de marzo de 2025, cuando el buque pesquero “Cobra” colisionó con la lancha artesanal “Bruma” frente a la isla Santa María en Coronel, provocando su hundimiento y la muerte de siete pescadores. Desde entonces, la investigación ha reunido peritajes forenses, reconstrucciones de trayectoria y evidencia material que, según la Fiscalía, acreditan una omisión negligente de funciones por parte de la tripulación del buque industrial.
En esa línea, el Ministerio Público sostiene que el capitán, el piloto y el vigía del buque de alta mar no adoptaron las medidas necesarias para evitar el impacto ni prestaron auxilio tras la colisión. Esta hipótesis ha sido reforzada por pericias y registros que ubican a la nave en la zona del choque, además de antecedentes que apuntan a la percepción de un impacto durante la navegación, cuestión que sigue siendo objeto de controversia en la audiencia.
Por el contrario, la defensa ha insistido en que lo ocurrido corresponde a un accidente inevitable. El abogado en representación de los tripulantes del PAM Cobra y la empresa Blumar, Alejandro Espinoza, afirmó que “los hechos formalizados no son constitutivos de infracción alguna” y que “no configuran los delitos imputados”, agregando que “ninguna medida que se pudiera tomar desde la cabina aseguraba evitar el accidente”, en atención a las condiciones en que se encontraba la lancha Bruma.
En esa misma línea, sostuvo que la embarcación menor “estaba en un lugar de alto riesgo, de alto tráfico, sin informar su posición”, y que además “no daba ninguna señal de alerta detectable”. A partir de los informes técnicos, añadió que “no garantizaban la detección de la lancha Bruma”, argumentando que su tamaño y materialidad dificultaban su visibilidad tanto para radares como para vigías.
Asimismo, el defensor cuestionó parte de la evidencia presentada por el ente persecutor. “La Fiscalía puede hacer cualquier video, pero tiene que mostrarle al tribunal algún antecedente serio”. En esa línea, afirmó que “hay una posibilidad alta que no corresponda a la luz del tope de Bruma”, poniendo en duda uno de los registros clave exhibidos durante la formalización.