La formalización del Caso Bruma entró en su fase decisiva este viernes en el Juzgado de Garantía de Coronel, en una tercera jornada marcada por las réplicas a los argumentos expuestos previamente y por la discusión de medidas cautelares. Tras cerca de cuatro horas de audiencia, el tribunal optó por postergar la resolución para el próximo lunes, en un escenario de creciente tensión entre querellantes y defensa.
La sesión se inició con la intervención del Ministerio Público, que profundizó sus argumentos y respondió directamente a los tres informes presentados por la defensa en la jornada anterior. En esa línea, la fiscal regional del Biobío, Marcela Cartagena, cuestionó especialmente el informe en derecho incorporado, señalando que “no encaja”, al estar basado en antecedentes del procedimiento administrativo de la Armada y no en la investigación penal en curso.
Junto con ello, la Fiscalía reiteró la necesidad de decretar medidas cautelares, enfatizando que se trata de una investigación aún abierta y con diligencias pendientes. Bajo ese argumento, sostuvo que existen antecedentes suficientes para sustentar la formalización y avanzar en restricciones a los imputados, particularmente ante eventuales riesgos para el desarrollo de la indagatoria.
Planteamientos de ambas partes
Sobre esa base, los querellantes profundizaron en uno de los puntos más sensibles de la jornada: la eventual coordinación de versiones entre los imputados. El abogado representante de las víctimas, Enrique Hernández, advirtió que “es fundamental que se mantenga esta imposibilidad de comunicaciones para excluir cualquier posibilidad de poder influir unos con otros”, subrayando que la causa podría ampliarse a nuevos involucrados.
En ese contexto, sostuvo que “existe una cronología y el paso del tiempo ha ido cambiando las versiones”, enfatizando que estos cambios —“sean sutiles o muy profundos”— tienen incidencia directa en la investigación y refuerzan la necesidad de medidas cautelares más estrictas.
A este planteamiento se sumó el abogado Rafael Poblete, quien endureció el tono y anunció un nuevo frente judicial. “Luego de la etapa de investigación formalizada vamos a presentar una querella por obstrucción a la investigación”, afirmó, asegurando que cuentan con “pruebas objetivas documentales” que apuntarían a acciones destinadas a entorpecer el proceso.
El querellante fue más allá y anticipó un eventual giro en la gravedad del caso. “Los delitos por los que vamos a ampliar la querella sí tienen pena aflictiva y nosotros vamos a pedir la prisión preventiva”, sostuvo, abriendo la puerta a una recalificación que podría modificar de manera sustantiva el escenario penal.
En la misma línea, insistió en la necesidad de prohibir la comunicación entre los imputados, otros tripulantes y ejecutivos de la empresa. Según explicó, durante la audiencia se expusieron “antecedentes objetivos que dan cuenta de cambios de versiones”, lo que —a su juicio— podría estar vinculado a eventuales coordinaciones. Aunque evitó confirmar un “pacto de silencio”, indicó que “tenemos identificados al menos tres” posibles testigos que podrían aportar nuevos antecedentes.
En tanto, la defensa de los imputados —Roberto Mansilla (capitán del Cobra), Jaime Sandoval (vigía) y Luis Macaya (operador)— centró su exposición en cuestionar la base misma de la formalización, insistiendo en la inexistencia de una conducta penalmente reprochable.
El abogado defensor, Alejandro Sanhueza, sostuvo que “los hechos que formalizó la Fiscalía no son constitutivos de ningún cuasi delito”, afirmando que no se ha precisado “cuál es la inconducta que hicieron erróneamente los tripulantes del Cobra”. A su juicio, esta omisión es “absolutamente insalvable a la luz del derecho penal” e impide justificar medidas cautelares.
Asimismo, cuestionó el estándar planteado por el Ministerio Público. “La Fiscalía ha pedido que el tribunal rebaje el estándar (…) pero eso, a la luz del Código Procesal Penal y de la Constitución, es completamente improcedente”, afirmó, agregando que sin la verificación del tipo penal “no corresponde imponer absolutamente ninguna medida cautelar”.
De la misma forma, descartó responsabilidad de la empresa Blumar, subrayando que la propia formalización reconoce que la nave de alta mar operaba con “todos sus equipos de navegación operativos”, además de personal capacitado, descartando un vínculo entre la operación de la compañía y el resultado del accidente.
“Constituye una ignorancia del derecho pretender traer hechos que no han sido formalizados”, concluyó.
Otras críticas a la defensa
Ya fuera de la sala, la vocera de las familias y presidenta de la Asociación de Bacaladeros del Maule, Claudia Urrutia, elevó el tono de las críticas, apuntando tanto al contenido como al sustento técnico de los argumentos de la defensa.
“El hecho de contar con vigía en forma permanente es para toda nave navegando”, afirmó, cuestionando la forma en que se expuso la normativa durante la audiencia. En esa línea, sostuvo que algunos planteamientos “son única y exclusivamente para confundir al juez”.
Urrutia también puso en duda la suficiencia de los sistemas tecnológicos mencionados por la defensa. “Hay que setear, reconfigurar el radar (…) sin el uso, por sí solo, no funciona”, indicó, enfatizando que su eficacia depende de una operación activa durante la navegación.
Asimismo, volvió a cuestionar la incorporación tardía de los informes presentados en jornadas previas. “Si los tenían, ¿cómo fue que no los presentaron a la Armada?”, planteó, alineándose con los reparos sobre la extemporaneidad de estos antecedentes.
A la espera de una definición
Concluidas las intervenciones, el juez de Garantía de Coronel, Jorge Henríquez, resolvió no dictar de inmediato las medidas cautelares y fijó la lectura de la resolución para el lunes 23 de marzo a las 08:30 horas. En esa instancia, los imputados podrán comparecer de forma telemática, mientras que los intervinientes deberán asistir presencialmente.
En cuanto a las medidas solicitadas, el Ministerio Público pidió arresto domiciliario nocturno para los imputados, mientras que los querellantes —en representación de las familias— plantearon que la medida sea de carácter total, marcando una diferencia sustantiva sobre el nivel de restricción que debiera imponerse.
Así, la causa avanza hacia un punto de definición, donde el tribunal deberá ponderar los antecedentes expuestos durante tres jornadas marcadas por alta complejidad técnica, versiones contrapuestas y un progresivo endurecimiento de las posiciones. A casi un año del accidente ocurrido el 30 de marzo de 2025, el Caso Bruma sigue abierto, con nuevas líneas de conflicto que podrían incidir en el curso de la investigación en sus próximas etapas.