La iniciativa ingresada el 14 de abril propone cambios al Código del Trabajo, incluyendo período de prueba, mayor flexibilidad contractual y nuevas condiciones para despidos por productividad.
Un proyecto de ley ingresado el 14 de abril a la Cámara de Diputadas y Diputados busca modificar el Código del Trabajo para introducir mayor flexibilidad en la relación laboral, tanto en la contratación como en la desvinculación.
La iniciativa plantea que las normas laborales deben interpretarse equilibrando “la protección de los derechos laborales, del fomento del empleo formal, su protección, y la facilitación de la contratación”, incorporando cambios en materias como contratos, períodos de prueba y causales de despido.
Entre sus principales medidas, el proyecto propone permitir un período de prueba remunerado, señalando que este podrá extenderse por 15 días y que, de no concretarse el contrato, “se aplicará lo dispuesto (…) sin necesidad de finiquito y solo con la constancia de haberse pagado los días trabajados”.
Asimismo, se busca flexibilizar la formalización de contratos, permitiendo que el empleador los “ponga a disposición física o electrónicamente”, además de habilitar la centralización digital de documentación laboral.
En materia de despidos, la moción incorpora la falta de productividad como causal asociada a necesidades de la empresa, indicando que esta puede ser “individual o colectiva” y que deberá basarse en evaluaciones de desempeño objetivas. En estos casos, se establece el pago de indemnizaciones con un recargo de al menos un 30%.
El proyecto también contempla la posibilidad de que el empleador solicite exámenes de drogas antes de la contratación, siempre que esté regulado en el reglamento interno, y propone mayor flexibilidad en la definición de funciones dentro del contrato.
Evaluación de desempeño
En cuanto al proceso de evaluación de desempeño, el proyecto establece que este debe ser objetivo, previo y formalizado, constituyendo un requisito indispensable para justificar un despido por falta de productividad.
En concreto, la iniciativa señala que dicha evaluación debe estar contenida en el Reglamento Interno de Orden, Seguridad y Salud, con criterios claros, conocidos y comprensibles para el trabajador, evitando así decisiones arbitrarias. Además, en caso de impugnación, esta solo podrá fundarse en eventuales vicios o defectos del procedimiento de evaluación, lo que refuerza la centralidad de un proceso estructurado y verificable como base de la desvinculación, según argumenta la moción.
Según sus fundamentos, la iniciativa busca reducir trabas a la contratación y evitar conflictos judiciales, promoviendo “relaciones laborales estables y duraderas” mediante mecanismos más flexibles.
Desde el pasado 15 de abril, la moción se encuentra en su primer trámite constitucional y pasará pronto a la Comisión de Trabajo y Seguridad Social para ser discutido en detalle.
Revisa en profundidad la iniciativa en el siguiente enlace.