En 2019 se promulgó en Chile la Ley 21.156, conocida como Ley DEA, que obliga a ciertos recintos públicos y privados a contar con desfibriladores externos automáticos (DEA). Esta normativa busca aumentar las tasas de supervivencia ante paros cardíacos súbitos, facilitando una respuesta rápida y oportuna. A seis años de su entrada en vigencia, surgen interrogantes sobre su implementación real. ¿Se está cumpliendo?