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INDH identifica 116 conflictos socioambientales en Chile: hay 10 en Biobío y Ñuble

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Fotografía: Termoeléctricas en Coronel | Agencia UNO
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El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) presentó un mapa de conflictos socioambientales que describe 116 situaciones a lo largo de Chile, donde las poblaciones verían afectados sus derechos humanos debido a actividades productivas. También anunció acciones por la crisis en Quintero.

Se trata de una plataforma digital que identifica disputas entre vecinos, organizaciones, empresas y el Estado, manifestadas públicamente, ante la posible afectación de derechos humanos respecto al acceso y uso de los recursos naturales, así como por los impactos ambientales de las actividades económicas.

En el mapa se despliegan –por ejemplo- 63 conflictos activos, 30 latentes y 23 cerrados, cuyas causas son: lugar de la explotación o exploración,  80 casos; residuos, emisiones e inmisiones: 49 casos; uso y/o contaminación de recursos naturales, 17 casos.

Los principales sectores productivos asociados a los conflictos son: energía (56 casos); minería (45); pesca y acuicultura (7); forestal (5); y agropecuario (4).

Biobío y Ñuble

En las regiones del Biobío y Ñuble, el INDH identificó cinco conflictos activos: un proyecto de acuicultura en Cobquecura; la planta de celulosa Nueva Aldea; el proyecto termoeléctrico El Campesino en Bulnes; la Termoeléctrica Bocamina de Coronel; y la planta de tratamiento de lodos en Cabrero.

También se presentan otros cinco conflictos cerrados, que el organismo dice mantener como antecedente: la Termoeléctrica Santa María de Colbún en Coronel; el Terminal GNL Penco-Lirquén; el proyecto termoeléctrico Pirquenes en Laraquete; la disputa por las aguas de Laguna Laja; y la central hidroeléctrica Angostura.

Pulsa en la imagen para acceder al mapa

Acciones por Quintero

La directora del INDH, Consuelo Contreras, informó que enviarán una misión de observación a la comuna de Quintero, a partir del 11 de septiembre. También anunció la presentación de un recurso de protección, buscando “que el Estado tome las medidas necesarias para proteger el derecho de la población a vivir en un medio ambiente libre de contaminación y otros derechos conexos”.

“Nos constituiremos en Quintero para reunir información a través de reuniones con los diferentes sectores involucrados, con el fin de poner al servicio de la comunidad espacios para la resolución de los conflictos, y nosotros fijar los estándares de derechos humanos para superar la situación”, sostuvo Contreras.

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