A pasos de convertirse en ley quedó el proyecto que endurece las sanciones contra quienes incumplan cuarentenas u otras medidas sanitarias en el marco de la pandemia. La iniciativa fue despachada del Congreso, sin embargo, senadores intentarían frenarla por medio del Tribunal Constitucional.
El proyecto modifica el artículo 318 del Código Penal para sancionar a quien ponga en peligro la salud pública por infracción de las normas decretadas por la autoridad sanitaria en tiempos de catástrofe, epidemia o contagio, como son las cuarentenas o cordones sanitarios.
Las penas de presidio van desde los 61 días a los 5 años de cárcel, y multas de entre seis a 250 UTM (12,5 millones de pesos).
En el texto se incluye como circunstancia agravante del delito, cometerlo mediante la convocatoria a espectáculos, celebraciones o festividades prohibidas por la autoridad sanitaria.
Las penas más altas apuntan a quienes, en tiempo de pandemia, epidemia o contagio, genere, a sabiendas, riesgo de propagación de agentes patológicos con infracción de una orden de la autoridad sanitaria. Esta persona arriesgará entre 541 días a 5 años de cárcel y multas de hasta 250 UTM.
También se sancionará a los empleadores que ordenen a sus trabajadores concurrir al lugar de trabajo cuando este sea distinto a su domicilio o residencia, y el empleado se encuentre en cuarentena o aislamiento sanitario obligatorio.
Este proyecto sugiere, eso sí, aplicar preferentemente penas diferentes a la cárcel, como la prestación de servicios en beneficio de la comunidad.