Especial relevancia tiene este año el esperado aguinaldo de Navidad, en días en que la crisis económica sigue afectando a las familias chilenas y las autoridades discuten qué ayudas entregar.
Cada año el beneficio es entregado por ley a los funcionarios públicos y pensionados, mientras que los trabajadores de empresas privadas, si bien no existe obligación para ello, en su mayoría reciben un monto en dinero o, al menos, una caja de alimentos para los festejos.
Aguinaldo para pensionados
Este año el Instituto de Previsión Social (IPS) fijó un aguinaldo de $23.081 para las personas que estén pensionadas al 30 de noviembre de 2020, en alguna de las siguientes categorías:
- Pensionados del Instituto de Previsión Social (IPS) que tengan una Pensión Básica Solidaria de Vejez o de Invalidez.
- Pensionados del Instituto de Seguridad Laboral (ISL).
- Pensionados de las ex Cajas de Previsión y ex Servicio de Seguro Social (INP, actualmente IPS).
- Pensionados de Caja de Previsión de Dipreca y Capredena.
- Pensionados de las Mutualidades de Empleadores de la Ley Nº 16.744.
- Pensionados de reparación: Ley Nº 19.123 (Rettig) y Ley Nº 19.992 (Valech).
- Pensionados de AFP o compañías de seguro con garantía estatal o Aporte Previsional Solidario (de Vejez o de Invalidez).
- Beneficiarios de la indemnización compensatoria especial para la industria del carbón (Ley Nº 19.129, artículo 11).
- Beneficiarios del Subsidio por Discapacidad Mental.
Aguinaldo para trabajadores del Estado
El aguinaldo para los funcionarios públicos se fija en la Ley de Presupuesto de cada año. Si bien aún no hay un monto definido, se puede considerar que generalmente aumenta en cerca de 1.000 pesos cada año.
En 2019 el beneficio fue de $57.873 para los empleados con una remuneración de hasta 773.271 pesos; y de $30.613 para quienes ganen por sobre ese sueldo y hasta $2.560.669.
Aguinaldo para trabajadores del sector privado
Si bien la ley no obliga a que las empresas entreguen este beneficio, la Dirección del Trabajo indica que el aguinaldo pasa a convertirse en “derecho adquirido” cuando un empleador lo paga de forma periódica, sin que necesariamente esté plasmado en el contrato de trabajo. Por ello, los trabajadores podrían reclamarlo.