Luego de una debatida sesión, entre las distintas fuerzas de izquierda, independientes y la derecha, la Convención Constitucional aprobó un pronunciamiento político en favor de las personas encarceladas en el marco del estallido social y también en el contexto del conflicto Estado-mapuche. La instancia volverá a sesionar el martes.
En una primera votación, ninguna de las dos principales propuestas de declaración había logrado mayoría y en una segunda consulta la mayoría de la izquierda logró alinearse tras el escrito presentado por los sectores socialistas, del PC y Frente Amplio.
La declaración expresa que “la violencia que acompañó los hechos de Octubre fue consecuencia de que los poderes constituidos fueron incapaces de abrirnos una oportunidad para crear una Nueva Constitución y hoy que estamos comenzando el trabajo de la convención deben hacerse cargo de aquello”.
“La Convención Constitucional, sin pretender interferir ni arrogarse las competencias o atribuciones de otros poderes del Estado, tiene la responsabilidad política de pronunciarse frente al país en relación con estas situaciones contingentes que, claramente, contravienen el espíritu que guía su trabajo: asentar un camino de paz y justicia social para todas y todos los habitantes de nuestra comunidad política”, se lee en el documento.
En concreto, la Convención solicita:
- “Máxima celeridad” al Proyecto de Ley de Indulto General en la Comisión de Constitución del Senado.
- Que el Poder Ejecutivo de suma urgencia al Proyecto de Ley de Indulto General y al Proyecto de Ley de Reparación a Víctimas de Derechos Humanos.
- Que el Gobierno retire todas las querellas interpuestas que invocan la Ley de Seguridad del Estado.
- “La inmediata desmilitarización del Wallmapu, así como la anulación de la medida que aumenta el presupuesto para la represión del territorio mapuche”.
- Que el indulto, en el caso de las Regiones del Biobío, La Araucanía, Los Lagos y Los Ríos, “sea aplicable desde el año 2001 para los presos políticos mapuche”.
- Que en el proyecto de indulto se incluya una indicación para la aplicación directa y obligatoria del Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas, “en lo relativo al conocimiento de situaciones calificadas de delitos y que constituyan ejercicio de derechos territoriales, culturales, y políticos y a la aplicación preferente y obligatoria de penas distintas a la privación de libertad”.
- Que el Gobierno concluya el proceso de modificación del Reglamento de Establecimientos Penitenciarios y garantice los derechos de las personas privadas de libertad de origen indígena.
- “La implementación de una política robusta de justicia, que contribuya a la reparación integral de los perjuicios y los daños sufridos, de forma individual y colectiva, para quienes han sido víctimas de persecución, prisión política y vulneración sistemática a los derechos humanos”.
La tercera sesión de trabajo del órgano mandatado a redactar una nueva Constitución Política quedó fijada para las 9:30 del próximo martes 13 de julio, hasta alrededor de las 17:00. La mesa explicó que aún faltan implementos técnicos para habilitar el voto digital en otras salas del ex Congreso Nacional y definir el protocolo sanitario para las futuras sesiones.
Esperan también reunirse los días miércoles y jueves, en el mismo horario.
